El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico del país Germán Larrea Mota Velasco, derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que afectó a 22 mil personas. Hoy, respaldados por nueve organizaciones civiles, exigieron a los ministros de la Suprema Corte reabrir el Fideicomiso Río Sonora.
Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- Representantes de los Comités Cuenca Río Sonora, respaldados por nueve organizaciones civiles, exigieron a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallar a favor de los municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi reabriendo el Fideicomiso Río Sonora, el cual fue cerrado en 2017 por decisión unilateral del Gobierno federal sin aún haber remediado los daños del peor desastre ambiental de la industria minera.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico del país Germán Larrea Mota Velasco, derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que afectó a 22 mil personas de los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
«Han sido cinco años de angustia, de incertidumbre sobre el agua, de enfermedades, de nuestros animales muertos», dijo Irene, de Bacanuchi. «No se puede sembrar, los árboles se secan y se produce menos».
Actualmente, hay cinco amparos atraídos por la Suprema Corte Nacional de Justicia (SCJN), de los cuales tres son sobre el Fideicomiso Río Sonora, planteado por 2 mil millones de pesos, pero solo se ejerció el 61 por ciento.
En febrero de 2017, el Gobierno federal decidió cerrarlo a pesar de que a la fecha los habitantes de los municipios aledaños a los ríos contaminados siguen comprando garrafones ante la desconfianza y falta de plantas potabilizadoras; y se siguen atendiendo enfermedades relacionadas con el contacto con metales pesados.
Del Fideicomiso se gastaron 184 millones de pesos para 10,188 tinacos para que los habitantes almacenaran agua potable, pero de las 36 plantas potabilizadoras, solo se construyeron nueve.
El amparo 384/2018 cuestiona la forma en la que operó el Fideicomiso Río Sonora; el amparo 927/2018 cuestiona que el Fideicomiso ignoró el Proyecto de Reactivación Agropecuaria; y el amparo en revisión que resulte de la facultad de atracción 263/2019 cuestiona el cierre del Fideicomiso y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental.
Se prevé que el próximo miércoles 7 de agosto, la Segunda Sala de la SCJN decida sobre el amparo relacionado con la forma en que operó el Fideicomiso, y se defina si este mecanismo de financiación puede ser considerado autoridad responsable para efectos de amparo, dado que, a pesar de ser un mecanismo privado, tuvo por objeto la remediación del daño y fue presidido por un funcionario público.
Sobre el amparo para la reactivación agropecuaria, el pequeño productor de Ures, Óscar Encinas, acusó que la economía local ha decaído «un 70 por ciento» porque no puede vender sus cultivos de calabaza y alfalfa por la incertidumbre de que estén contaminados.
«El crimen de Grupo México destruyó nuestras vidas», dijo Óscar. «No queremos que Grupo México siga empuercando nuestras tierras y buscamos que respeten nuestros derechos humanos».
Luis Miguel Cano, abogado de PODER, organización que ha acompañado a los afectados en los procesos legales, expuso que el dueño de Grupo México, Germán Larrea, «nunca ha ido a dar la cara y pedir una disculpa. Él decidió cuánto dar y hasta cuándo (…) La Segunda Sala de la SCJN tiene la oportunidad de hacer justicia con el Fideicomiso», afirmó.
«No vinimos a la Suprema Corte de Grupo México ni de Germán Larrea, vinimos por justicia ya», pidió.
