El pacto Peña-Grupo México bajó de 15 a 5 años la atención médica de víctimas en Río Sonora, acusan

A pesar de que los efectos de los metales pesados se manifiestan a largo plazo, este 6 de agosto expira el periodo de operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS), el único módulo que atiende, con deficiencia, a más de 300 afectados por el derrame de tóxicos de una mina de Grupo México hace cinco años, de acuerdo con un convenio firmado en 2014 entre Buenavista del Cobre y la Cofepris. Además, el Centro de Salud prometido por el Fideicomiso Río Sonora sigue en obra negra.

Ciudad de México, 6 agosto (SinEmbargo).– Martha Patricia, habitante de Baviácora, Sonora, tiene plomo en la sangre, toma seis medicamentos y la atienden tres médicos especialistas luego del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi de Buenavista del Cobre, de Grupo México, la minera más grande del país propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.

Sin embargo, este martes 6 de agosto, cuando se cumplen cinco años del peor desastre ambiental de la industria minera, expira el periodo de operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS), ubicada en el municipio Ures, la única clínica que atiende a los 381 afectados (nueve ya fallecieron), expone un convenio firmado en septiembre de 2014 entre las compañías Buenavista del Cobre y Operadora de Minas, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dirigida entonces por Julio Sánchez y Tepoz.

«El Gobierno federal de Enrique Peña Nieto nos dio un golpe mortal a todos los afectados en la salud. La atención médica ya estaba pactada para 15 años por la autoridad y sin fundamento ni motivos hicieron este convenio de cierre de UVEAS, del cual nosotros no fuimos notificados, para el 6 de agosto de este año. Es nuestro regalo de aniversario», aseguró Martha Patricia, de 61 años, una de las 381 víctimas reconocidas de los 22 mil afectados documentados por la organización PODER en los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures, dedicados a la actividad agropecuaria.

Sus dos nietos, entonces de 7 y 11 años, tuvieron que irse desde noviembre de 2014 a vivir a Estados Unidos para alejarse de la fuente contaminante por el exceso de aluminio en su sangre detectado por un toxicólogo.

«Si cerraran la UVEAS, tendría que pagar mis medicamentos y consultas. Me perjudica muchísimo, porque ahorita estoy recibiendo de ellos la atención sin costo como afectada. Pero con el cierre, todo ese gasto se me vendría en mí», previó sobre lo acordado por las minas del segundo empresario más rico del país.

A raíz de las enfermedades y activismo derivado del derrame de tóxicos, Martha Patricia dejó de trabajar y se mantiene vendiendo galletas y empanadas. Un estudio para monitoreo y detección de algún metal pesado, ejemplificó, cuesta 5 mil pesos.

«Yo no tenía esa problemática de salud ni económica. Moralmente también te perjudica. Yo no puedo ver a mis nietos con la regularidad que yo quisiera, pero no me voy porque no me gusta la vida de allá [Estados Unidos]; a mí me gusta la vida aquí en el pueblo. No la cambiaría yo por nada», dijo.

Luis Miguel Cano, abogado de PODER y representante legal de los Comités de Cuenca Río Sonora, dijo que la clínica UVEAS que trata a las personas por la intoxicación con metales pesados, «tenía sus días contados y el día de mañana, que se cumplen cinco años del derrame, va a cerrar porque así lo pactaron las empresas con el Gobierno de ese entonces a espaldas de la gente».

«Grupo México decidió que en cinco años se iba a olvidar de todo esto. Las empresas que afectan a las comunidades y contaminan nuestro ambiente no pueden ser solo ellas las responsables de decir hasta cuándo van a resarcir los daños y hasta cuándo reparar las violaciones», acusó al término del evento afuera del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se exigió a los ministros fallar a favor de las víctimas del derrame.

Benjamín Cokelet, director de PODER, advirtió que «lo que sucede en los ríos Sonora es un homicidio en cámara lenta, porque los efectos de los metales pesados tardan entre 10 y 30 años en manifestarse. Ya tenemos evidencia de animales que han muerto recientemente por haber tomado agua en sedimentos contaminados por el derrame de hace cinco años, por lo que en varios años más se verán los efectos en los humanos».

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El convenio expone que las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas «se comprometen a mantener en operación y dar mantenimiento constante a la instalación de la UVEAS hasta el día 6 de agosto de 2019, pudiendo darlo por concluido por escrito antes en caso de haberse agotado y cumplido el objeto del presente instrumento».

Si bien podía prorrogarse por acuerdo entre ambas empresas, se debía convocar a una reunión con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha.

«Ya se les pasó la fecha para prorrogar», dijo Martha, por lo que el viernes 2 de agosto interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con folio 2019/70906, por la violación a su derecho a la salud y a la vida.

«Con eso lo están exonerando. La Cofepris y la CNDH tienen que tomar las riendas», pidió. «En Grupo México son criminales, corruptos, depredadores medioambientales y causantes de daños irreversibles. Toda esta criminalidad exacerbada de esa empresa y de ese ecocida asesino [Germán Larrea] no pudiera ser si no hubiera una autoridad omisa, complaciente o cómplice que se lo esté permitiendo».

SinEmbargo solicitó un comentario a la Cofepris, titulada ahora por José Novelo Baeza, pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición.

LA DEFICIENCIA DE UVEAS

De acuerdo con PODER, la organización que acompaña legalmente a los Comités de la Cuenca del Río Sonora, en el único módulo de la UVEAS en Ures la constante son diagnósticos cuestionables (ninguno atribuido a la contaminación del Río), análisis cuyos resultados tardan meses en conocer o que no pueden leer e interpretar adecuadamente, además de la falta de medicamentos para tratar los padecimientos.

Y el Centro de Salud prometido por el Fideicomiso Río Sonora quedó en obra negra. «Ahí está, es un elefante blanco. Ese hospital hubiera servido mucho para que a esta fecha, en el aniversario cinco del derrame, ya nos hubieran llamado por grupos de los siete municipios para saber cómo estamos. Vivimos en una incertidumbre terrible», dijo Mario, vocero en Ures de los Comités de Cuenca Río Sonora.

A Martha Patricia, que está monitoreando los niveles de plomo en su sangre en el módulo de UVEAS, no le han entregado los resultados de los estudios que le hicieron en mayo pasado. Su último diagnóstico data de noviembre del año pasado.

«Aquí todo lo tratan de disfrazar. Los metales pesados son disruptores endócrinos, entonces me tienen como diagnóstico alta presión arterial y diabetes, por lo cual intentaron desplazarme de ahí [UVEAS] y darme de alta en el seguro social. Pero ahora también tengo insuficiencia cardiaca y plomo que ha ido subiendo. Empezó en nada, luego 3.8 hasta llegar a 5.8 en el estudio previo al de mayo que no nos han entregado», afirmó.

«Mi vida cambió totalmente. La insuficiencia cardiaca te provoca muchos problemas. Hay periodo pesados en que tengo que dormir sentada en un montón de cojines. Y tengo un problema en la circulación con colapso respiratorio que me impide trabajar», compartió Martha Patricia.

EL FIDEICOMISO CERRADO

Para resarcir los daños, Grupo México y el Gobierno federal pasado crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado de 2 mil millones de pesos, del que solo se gastó el 61 por ciento de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017 por decisión unilateral sin considerar a los afectados, planteó la organización PODER.

Mañana 7 de agosto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá uno de los tres amparos sobre el uso y reapertura del Fideicomiso Río Sonora, por lo que este lunes miembros de los Comités de Cuenca Río Sonora exigieron a los ministros fallar a su favor para que Grupo México repare los daños causados.

Respecto al papel de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), «con este sexenio nuevo hay una esperanza de que las autoridades ambientales regulen de una forma efectiva el actuar de la empresa y se encuentre una remediación integral», dijo el director de PODER, Benjamín Cokelet.

El monto del Fideicomiso destinado para atender las afectaciones en salud de las personas fue de 7 millones 805 mil 010 pesos (10 por ciento del total del rubro en salud), frente a los 32 millones 415 mil 798 pesos destinados en comunicación social como spots proyectados en Cinemex, propiedad de Germán Larrea, sobre la supuesta remediación de los daños en los ríos de Sonora.

El 90 por ciento restante del rubro de salud (71 millones 080 mil 280 pesos) se gastó en «Acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS)», ubicada en Ures, cuya operación expira hoy. El Fideicomiso también se comprometió a construir un Centro de Salud que operaría de 2015 hasta 2019. Pero quedó en obra negra.

De acuerdo con los Comités de la Cuenca del Río Sonora y PODER, a la fecha siguen manifestaciones de enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, de la piel y la boca, renales, cardiovasculares, neurológicas y cáncer.

Los metales pesados que traían el derrame son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos por medio de agua contaminada pueden tardar meses o años en aparecer, por lo que PODER pide a las autoridades seguir monitoreando y atendiendo las afectaciones a la salud que irán creciendo con el tiempo.

«En el informe final de la UNAM [publicado desde octubre de 2016] dice que el 70 por ciento de la población infantil de San Felipe de Jesús, Sonora, que es uno de los siete municipios afectados, tiene altísimas probabilidades de estar contaminados con plomo. Pero al día de hoy ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto y a los niños no se les ha hecho ningún estudio, con el agravamen de que la UVEAS cierra violentando los derechos humanos de los niños», alertó Martha Patricia, de Baviácora.

Además de las enfermedades a largo plazo, contra el agua contaminada el Fideicomiso Río Sonora destinó 184 millones 954 mil 438 pesos a la compra e instalación de 10 mil 188 tinacos, para que las familias afectadas pudieran almacenar agua potable. La empresa de tinacos Rotoplas de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco, fue contratada por 5 millones 502 mil pesos, documentó PODER.

Esa agua potable llegaría de las 36 plantas potabilizadoras que se prometieron, pero solo se construyeron nueve. Ante la falta de agua limpia, las familias afectadas de la región siguen comprando alrededor de 10 garrafones de agua a la semana para cocinar, tomar o bañarse. Considerando que su precio promedio es de 25 pesos, durante estos cinco años han desembolsado 51 mil pesos, estima la organización civil.

«El agua de garrafón aquí en Guadalupe de Ures cuesta 15 pesos, y en otras 18 pesos. Se gasta mucho», lamentó Mario, miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora. «Hay muchos que adeudan en oficinas o escuelas y hacen un esfuerzo tremendo para poder comprarla».