El miércoles fue en Guadalajara, en Plaza Galerías un restaurante de hamburguesas; la semana pasada en Ciudad de México en Plaza Artz, un centro comercial que en las mañaneras calificaría perfectamente como “fifi”. Dos enfrentamientos a tiros en medio de gente inocente que, más allá de los sucesos, de por sí espeluznantes, muestran que el problema de la violencia es mucho más que un tema de policías y ladrones y que está profundamente enraizado en un sistema podrido y corrupto.

Todos los cadáveres hablan, dice Beto Zaragoza. En ambos casos son los muertos quienes nos han permitido asomarnos y enterarnos de la corrupción del Gobierno mexicano. En el caso de Plaza Artz resultó que la víctima era un israelí, Benjamín Sutchi, que venía de purgar una condena en ese país por asesinato. A México llegó como asesor de seguridad y tuvo visa de trabajo. El muerto en Plaza Galerías en Guadalajara, Martín Arzola Ortega, apodado el 53 y señalado como líder de una de las células violentas del Cártel Nueva Generación, tenía dos pasos por la penal, el primero por robo a transporte de valores; el segundo por asesinato. Por este último fue sentenciado a 24 años de prisión en 2015, y tres años después estaba en la calle ejerciendo como líder de una célula criminal.

El otro asunto que llama la atención es la cantidad de armas que hay ya en nuestras calles. En los dos casos hubo más de un grupo armado. El enfrentamiento en Guadalajara, al parecer fortuito, de dos bandas enemigas, terminó de complicarse por la presencia de escoltas armadas de la esposa del Gobernador de Nayarit que también dispararon. De acuerdo con las estimaciones más recientes (Small Arms Survey, 2018) en México hay cerca de 17 millones de armas de fuego en manos de civiles. Nada que ver, es cierto, con las cerca de 400 millones que hay en Estados Unidos, con una diferencia: las de nuestro país son ilegales, están en las calles gracias a la corrupción de las aduanas y no están registradas.

Que los criminales se comporten como criminales no sorprende a nadie. Que alguien le dé visa de trabajo en seguridad a un asesino; que un juez libere a un sentenciado a 24 años de prisión por homicidio; que el sistema de aduanas permita la entrada de armas todos los días es doblemente criminal. Podemos verlo de dos formas. Una es que el crimen organizado tiene cooptado al Estado mexicano; la otra es que el crimen existirá mientras el Estado lo proteja. Esto es, la solución al problema de la violencia no es cuestión de policías y ladrones, pasa fundamentalmente por recuperar el Estado de derecho. La Guardia Nacional, las nuevas policías, la compra de armamento para las fuerzas armadas sirven, cuando funcionan, para enfrentar y en el mejor de los casos contener el crimen, para ganar batallas puntuales: la guerra hay que librarla y ganarla en la recuperación del Estado.

Diego Petersen Farah

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