«No te preocupes, Rosario», le dijo el ex Presidente Enrique Peña Nieto a Robles Berlanga, la ex titular de Sedesol (2012-2015) y de Sedatu (2015-2018) en abril de 2013. Desde ese año a 2016, la Auditoría Superior presentó 32 denuncias antes la entonces PGR contra ambas dependencias, universidades públicas y sistemas de comunicación. Hasta 2019 la Fiscalía reestructuró la investigación por posible daño al erario por 5 mil 875 millones de pesos, bajo la hipótesis de delincuencia organizada para llamar a quien debiera ser citado.
Con información de Daniela Barragán
Ciudad de México, 31 julio (SinEmbargo).– En ocho días, Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acudirá a audiencia ante un Juez federal para imputarla y en su caso vincularla a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que busca un amparo contra cualquier orden de aprehensión.
Desde 2013 a 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había presentado 32 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra ambas dependencias, universidades públicas y sistemas públicos de comunicación relacionados por posibles daños al erario público, de acuerdo con el informe del órgano fiscalizador sobre el estado de solventación de observaciones al corte de marzo de 2019.
«Tengo la información de que la Fiscalía retomó esta investigación y se amplió, sin limitaciones», aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de este martes, en contraste con las declaraciones de septiembre del año pasado como Presidente electo, cuando insinuó que la ex Secretaria de Estado era «un chivo expiatorio».
Para Muna Dora Buchahin Abulhosn, ex Auditora que detectó los malos manejos en la administración de Robles tanto en la Sedesol como en la Sedatu, el inicio de las investigaciones es positivo y da esperanza de conocer plenamente los hechos que lastimaron al erario público y la vida digna de mexicanos, sobre todo los que están en pobreza. Sin embargo, dijo en entrevista con SinEmbargo, se tendrá que avanzar en la investigación porque hay varios delitos vinculados en este tema, entonces podrían robustecerse a partir de las indagaciones de la Fiscalía General de la República.
«Será muy interesante ver cuáles serían porque para cometer este delito [el desvío de recursos en Sedesol y Sedatu] hubo falsificación de documentos; uso indebido de atribuciones; colusión; asociación delictuosa para poder generar en esta maquinación organizada los resultados esperados para ellos, que era el desvío de recursos y el peculado que es la consecuencia de todas las acciones también se deben de comprobar», comentó Buchahin.
La ex Auditora comentó que aunque no se tienen pruebas de la participación contundente de la participación de Rosario Robles, sí están las de muchos por conocimiento directo durante la revisión de la ASF y por los testimonios de aquellos que estuvieron vinculados en la fiscalización.
«Fue una participación intencional, en donde se utilizaron las instituciones para tejer una red aprovechando una posición de poder, donde se organizaron para poder obtener un beneficio o una prebenda indebida y poder desviar el recurso a otros fines. Obviamente tuvieron que crearse empresas fachada; notarios; un grupo fabricando o construyendo estas empresas que sí aparecen legalmente pero no existen de facto y para sustentar práctica irregular que simula una prestación de servicios en bienes y se pretende simular que hay entregarles o servicios que se obtienen legítimos y legales, que amparan operaciones inexistentes», sostuvo Buchahin Abulhosn.
Muna Dora Buchahin agregó que más allá de un tema de firma o no firma, se trata de una suma de acciones u omisiones, y que con toda la evidencia recabada e inferencias lógicas, las autoridades elaborarán un razonamiento y se estructurará toda una red.
«La FGR realizará una investigación en campo, con los testimonios de las personas que participaron y toda la información que permita corroborar que todo fue fabricado, que los servicios no se entregaron. Que son empresas con unos esquemas asignados, con proveedores elegidos para esto, quién era el enlace para decirles cómo iban a trabajar, a quién le iban a depositar, cuánto, las facturaciones, todos estos proveedores ficticios que compartían mismos domicilios y demás. Toda una cadena […] seguirán la ruta del dinero y entonces todas las personas que participaron van a tener que rendir cuentas», afirmó.
LA MAQUINACIÓN DEL DELITO
En su informe de 100 días de gestión en mayo, el Fiscal Alejandro Getz Manero expuso que se cuantificó un posible daño patrimonial por más de 5 mil 875 millones de pesos y fue necesario «reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado, encubierto en su momento por diversas instancias como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más».
Robles Berlanga dirigió Sedesol de diciembre de 2012 a agosto de 2015, año en que la ASF presentó nueve denuncias ante la PGR contra esa dependencia encargada de la entrega de programas sociales a población vulnerable.
El Fiscal Gertz cuestionó «por qué no se hizo un análisis completo e integral de la participación de todas las instituciones que tenían que haber dado respuesta de un delito evidentemente maquinado» después de los dictámenes públicos de la ASF, por lo que llamarían «a quien deba ser citado».
En 2013 y 2014, la Auditoría también presentó dos denuncias contra la Sedesol (Radio y Televisión de Hidalgo); dos contra Sedesol (Universidad Autónoma del Estado de México); y siete contra Sedesol (Universidad Autónoma del Estado de Morelos).
«Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes le ocupa y preocupa la política, y las elecciones. Pero nosotros, este Gobierno, tiene un objetivo claro que es acabar con el hambre”, aseguró el ex Presidente Enrique Peña Nieto en abril de 2013 durante un evento de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Zinacantán, Chiapas, luego de señalamientos de la oposición panista por el presunto desvío de fondos de programas sociales en la entidad sureña con fines electorales.
Para 2015, la ASF interpuso una denuncia penal justo contra Sedesol (Universidad Autónoma de Chiapas) y otra contra Sedesol (Universidad Politécnica de Chiapas); además de una contra Sedesol (Universidad Autónoma de Zacatecas); contra Sedesol (Universidad Intercultural del Estado de México); contra Sedesol (Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl); y otra contra Sedesol (Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Universidad Politécnica de Texcoco, y Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl).
Después de la Sedesol, de agosto de 2015 a noviembre de 2018 Rosario Robles tituló a la Sedatu. El informe de la ASF muestra que presentó dos denuncia ante la PGR contra SEDATU (Sistema Quintanarroense de Comunicación Social) en 2015 y 2016; y una contra SEDATU (Televisora de Hermosillo); contra SEDATU (Universidad Politécnica de Chiapas); contra SEDATU (Universidad Politécnica de Francisco I. Madero); y contra SEDATU (Universidad Politécnica de Quintana Roo) en 2016.
LAS INSISTENTES OBSERVACIONES DE LA ASF
En conferencia de prensa de septiembre de 2018, Robles Berlanga pidió que se le investigara «hasta por debajo de las piedras» y argumentó que las auditorías estaban solventadas con entregables, además de que las contrataciones y convenios tanto de Sedesol como de Sedatu fueron legales «bajo el amparo» del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
No obstante, la Auditoría Superior observó una y otra vez en sus informes que los contratos se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
Al pagar a terceros por los servicios, dictaminó la ASF, se generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares.
A mediados de octubre de 2018, la ex Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, absolvió de las investigaciones sobre los presuntos daños al erario público a la ex titular de la Sedatu Rosario Robles Berlanga, al argumentar que «una titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo con miles de servidores públicos que trabajan para ella».
Días después, el 31 de octubre de 2018, la ASF presentó otras siete denuncias ante la entonces PGR contra la Sedesol y Sedatu, universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales por el presunto desvío de mil 900 millones de pesos dadas a conocer por el Auditor David Colmenares en la última entrega de la Cuenta Pública 2017.
«La Fiscalía tiene abiertas investigaciones en este caso; y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera hay la instrucción precisa a Santiago Nieto de que se integre toda la información», dijo López Obrador en la conferencia matutina.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto detalló ayer a la prensa que «estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso de la Estafa Maestra» entorno a una posible red de funcionarios públicos y empresas.
«SORPRENDIDA Y ENOJADA»
A decir de su abogado Julio Hernández Barros, ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Rosario Robles Berlanga se mostró «sorprendida y enojada» por la violación a su debido proceso al no serle notificada la razón que se le acusa ni habérsele permitido comparecer sobre alguna carpeta de investigación.
Su defensa adelantó que se presentará al Reclusorio Sur a la audiencia del 8 de agosto por la mañana con la protección de un amparo contra una posible orden de aprehensión en su contra, y procederá legalmente por la filtración del citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) a los medios de comunicación.
«Actuaré con absoluto respeto a la Ley y a las autoridades judiciales», escribió Robles tras hacerse público el citatorio. «Siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo, con la debida salvaguarda de mis derechos».
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, comete el delito de ejercicio indebido de servicio público el servidor público que tenga conocimiento por su cargo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio de alguna dependencia de la administración pública federal y lo omita; o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia.
«Es muy distinto hablar de una comparecencia preliminar para recabar datos que ya para imputar algún delito en particular. En este escenario está en posibilidades de que se le puedan generar otras imputaciones de carácter penal mucho más graves [como delincuencia organizada, según la hipótesis de la FGR]», planteó Maximiliano Guzmán García, especialista en derecho y Gobierno y asuntos públicos, pero dada la violación al debido proceso «podría incluso invalidarse» por impugnación.
«Hay materia de investigación, por las posibles afectaciones al patrimonio público, pero llama la atención con qué tipo de casos se ha iniciado el combate a la corrupción que son figuras muy relacionadas al Gobierno anterior, en particular Peña Nieto que fue una figura muy cercana», agregó el académico de la UNAM. «Puede tratarse de una impartición de justicia de carácter selectiva».
LOS OTROS INVOLUCRADOS
Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles, dijo que se trata de un»linchamiento» orquestado por la Fiscalía General para que sean los medios y la opinión pública «los que la juzguen» en lugar de los jueces.
«Rosario Robles no firmó ningún solo contrato ni ningún convenio con ninguna universidad, ni autorizó nunca la celebración de estos contratos. Si se llevaron a cabo, legales y con entregables, fue por la propia naturaleza del ejercicio de cada uno de los servidores públicos para el movimiento de las propias Secretarías», explicó en entrevista radiofónica con MVS.
«La propia Secretaría de la Función Pública ha hecho un escrutinio exhaustivo de sus finanzas, cuentas y gastos y no encontró ninguna discrepancia, es decir, las ganancias de ella como servidora pública corresponden exactamente a sus gastos de manera que no hay cuentas ocultas», agregó.
En octubre, la ahora ex titular de la SFP, Arely Gómez, explicó en comparecencia que Robles Berlanga no figuraba en las indagaciones, pero se «inhabilitó y sancionó económicamente» a Gustavo Rodríguez González, vocero de la Sedatu, por un posible daño patrimonial durante su gestión como director de Comunicación Social en Sedesol.
«Si alguien en Sedesol o en Sedatu hizo un mal uso de los recursos públicos, y si hay pruebas de ello, que se proceda conforme a la Ley”, declaró Robles Berlanga en su conferencia de prensa de septiembre de 2018.
Desde octubre del 2015, la entonces Procuraduría General de la República abrió un total de 23 investigaciones individuales e independientes contra servidores públicos de Sedesol y Sedatu involucrados, de acuerdo con el Fiscal Alejandro Gertz.
La ASF, durante la gestión de Robles en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González –cercano a la ex Secretaria–, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas, reportó la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser suspendido durante 630 días en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
Los otros tres funcionarios que Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las irregularidades planteadas por la ASF fueron Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en Sedesol y luego Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en Sedatu hasta enero de 2018 cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio, coordinador de asesores en Sedesol y luego subsecretario de Ordenamiento Territorial; y su ex abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, entonces cabeza de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
«Le interesa a la administración actual por tratarse de un caso de corrupción muy sonado. Si bien Rosario Robles era la cabeza de la Secretaría, es una cadena de responsabilidades en la que esta averiguación tiene que derivar porque la estrategia que se siguió involucra a muchas autoridades locales y educativas», concluyó el académico Maximiliano Guzmán.
