¿Le llegó la hora a Grupo México? Mineros en rebeldía, pérdidas en acciones, exigencias de cierres…

Luego de su último desastre ambiental en el Mar de Cortés, Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco ha estado bajo presión de diversos sectores. En la BMV acumuló una pérdida semanal de 14 por ciento en el valor de sus acciones tras el pronunciamiento de la Semarnat; en el Congreso de Sonora se prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General contra el segundo empresario más rico del país; la sección 65 del sindicato tomará su mina Buenavista del Cobre, y entre ciudadanos y organizaciones civiles exigen se le cancelen sus concesiones.

Ciudad de México, 21 julio (SinEmbargo).– El rechazo a Grupo México, propiedad del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea Mota Velasco, despertó con mayor fuerza tras el hallazgo de una tortuga Caguama marina y un lobo marino muertos en una playa de San Carlos cercana al reciente derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en Guaymas, Sonora; a lo que se le sumó el 12 aniversario de la huelga de Cananea y la quinta conmemoración del desastre en los ríos Bacanuchi y Sonora. 

La semana pasada, ciudadanos y activistas exigieron afuera de sus instalaciones centrales en Hermosillo que el Gobierno federal cese las concesiones a su mina estrella, Buenavista del Cobre; también el valor de sus acciones acumuló una caída de 14 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) del 8 al 19 de julio, la cual se pronunció el miércoles cuando el Secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo Manzur, anunció que podría suspender su actividad industrial, ya que lleva 22 accidentes a nivel nacional e internacional en el marco de «una política ambiental relajada» en los últimos 30 años.

«Cuando una compañía está con esta trayectoria, la Semarnat tendría la capacidad legal para la suspensión de la industria. Claro que nos estamos enfrentando contra una enorme compañía, pero quiero que ustedes como ciudadanos lo reflexionen», afirmó Toledo en conferencia de prensa. «Vamos a realizar una revisión muy cuidadosa de estos hechos y la Semarnat hará una declaratoria sobre los 22 casos».

Por su parte, el Diputado Carlos Navarrete Aguirre, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Sonora, está recaudando todas las evidencias para interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Germán Larrea (13 mil millones de dólares, Forbes 2019) por los daños derivados principalmente del derrame de tóxicos en el Mar Cortés y en los ríos de Sonora.

«Teníamos que buscar que se nos haga justicia en Sonora, principalmente en los municipios donde opera Grupo México. Hay muchísimos padecimientos de gente por cáncer, leucemia y problemas renales por los metales pesados y este señor va a tener que resarcir todos los daños que nos ha ocasionado», dijo vía telefónica. «Es el rey de la contaminación».

A nivel federal, senadores del Congreso de la Unión aprobaron un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que deslinde responsabilidades de la empresa por el último desastre en el Mar de Cortés, hogar de la vaquita marina en extinción.

LA «ESCLAVITUD» DE MINEROS

Desde otro frente, la sección 65 del Sindicato Nacional Minero –dirigido por el Senador Napoleón Gómez Urrutia– acordó en asamblea de 660 mineros tomar el próximo 30 de julio la mina Buenavista del Cobre, cuando se cumplen 12 años de la huelga en Cananea.

El movimiento explotó en julio de 2007 «por no respetar las normas de seguridad que no aseguraban la vida de los trabajadores», hasta que en 2010 las fuerzas públicas del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa les arrebataron las instalaciones y la empresa contrató a otros trabajadores, evocó su vocero Antonio Navarrete.

En entrevista expuso que planean recuperar su fuente de trabajo luego de que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto ignoraron sus reclamos y los orillaron a denunciarlos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los agravios recibidos.

«Grupo México sigue gozando de total impunidad y Sonora se ha convertido en un drenaje de deshechos tóxicos por parte de este empresario. Con absoluta libertad se lleva este gran potencial de riqueza que existe en nuestro estado minero. Parece ser que Grupo México manda», acusó. «Sabemos que no es fácil [la toma]. La empresa va a utilizar su fuerza, dinero y tendrán grupos de choque al interior de la mina».

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó en la conferencia matutina del jueves al diálogo y a respetar los procedimientos legales para llegar a acuerdos antes de tomar la mina o «caer en la anarquía».

El vocero de la sección 65 del sindicato minero comentó que no pueden seguir esperando a que se les resuelva «después de 12 largos años», por lo que «debe hacer valer la autoridad y sentar a Grupo México para que responda sobre lo que los trabajadores y los afectados lo están señalando».

«No puede seguir que sigan existiendo esas condiciones de trabajo que nosotros reclamamos desde 2007», argumentó el minero. «Grupo México tiene salarios raquíticos –1,500 pesos a la semana por 12 horas al día, más el tiempo de revisión de cámaras para que no evidencien el ambiente laboral– y no cumple los más mínimos requisitos para que sus trabajadores tengan seguridad social para ser atendidos después de que ingresar a las minas causa silicosis y fibrosis. Es esclavitud».

«Hay falta de mantenimiento a las instalaciones y equipos obsoletos que hacen laborar en ambientes insalubres. Lo único que te otorgan es un respirador, zapatos y un overol, pero no es suficiente para manejar los ácidos y la recolección de polvos cargados de metales pesados que caen sobre la población. Algo criminal por parte de una empresa que genera millones de pesos y no invierte lo más mínimo en su trabajador», expuso. «En estos últimos años han muerto más de 100 trabajadores al interior de la mina».

EQUILIBRIO ENTRE MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA

En el caso de las empresas mineras, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves en la rueda de prensa, «necesitamos que continúe la producción minera, porque significa crear riqueza».

El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y genera más de 350 mil empleos directos y 1 millón 600 mil indirectos.

Como respuesta, en la tarde más de 400 organizaciones civiles le exigieron en una carta que su gobierno investigue a Grupo México y sancione los efectos de sus actividades.

El viernes, el Primer Mandatario López Obrador reiteró que antes de «tomar una medida drástica» su Gobierno debe tener todos los elementos y escuchar a la empresa para buscar un acuerdo, «porque tenemos que cuidar las fuentes de trabajo. Es un equilibrio que tenemos que procurar entre lo económico y la conservación del medio ambiente».

La Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía ha otorgado de 1994 a la fecha 257 concesiones a su división minera Industrial Minera México (IMMSA), algunas con vigencia hasta 2055, 2060 e incluso 2063. En el caso de las diez concesiones a Buenavista del Cobre, otorgadas de 2011 a 2015, tienen vigencia hasta 2062.

El artículo 42 de la La Ley Minera expone que las causales de cancelación de una concesión son por terminación de su vigencia, que su titular renuncie a ella o la sustituya y por resolución judicial.

El derecho para realizar las obras y trabajos se suspenderá, agrega el artículo 43, cuando pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o causen daño a bienes de interés público. El artículo 55 especifica que se sanciona con la cancelación si se cometen infracciones administrativas.

«Que no digan que [el Presidente López Obrador] no se enteró sobre Cananea. Nosotros como trabajadores sabemos del potencial de riesgo que existe cuando no hay responsabilidad por parte de la empresa para cubrir las medidas de seguridad; es por lo que hemos luchado siempre y por la paz laboral en Cananea», remató el vocero del sindicato minero, Antonio Navarrete.

«Si ha incumplido la ley, debe ser castigado. Hablar de Grupo México es hablar de Pasta de Conchos, del Sombrete, del Río Sonora, hoy Guaymas, y también los desmanes que tienen en otras partes del mundo. Es agresivo contra la vida», dijo.

«IMPUNIDAD» DE GERMÁN LARREA 

Las tragedias ambientales, muertes, violaciones a derechos humanos de Grupo México «no han sido suficientes» para que las autoridades pongan un alto a esta empresa y a esta manera de hacer negocios «mediante el despojo y la desolación», plantea la misiva de cientos de organizaciones, académicos y artistas enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador la tarde del jueves.

Solo en este año, su emporio minero fue causante de un derrame de 20 mil litros de agua con sedimentos reportado el 10 de mayo en el Río San Martín Sombrerete en Zacatecas; la tala de 205 árboles en Silao, Guanajuato, y el reciente derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la inspección del sitio para determinar legalmente las responsabilidades de la empresa, cuyo dueño posee 13 mil 900 millones de dólares, podría concluir con una multa que puede ir de 20 mil pesos a 4 millones 200 mil pesos.

Entre el negro historial de Grupo México destaca cuando el 19 de febrero de 2006 la explosión de gas metano de su mina en San Juan de Sabinas, Coahuila, sepultó a 65 carboneros, cuyos cuerpos aún son reclamados por sus familiares de Pancha de Conchos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le pidió indagar a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pero lo rechazó el ahora Ministro Eduardo Medina Mora.

En la conmemoración de 13 años, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las familias a recuperar los cuerpos. Larrea Mota Velasco le expuso en una carta que contaba con su apoyo, pero que en las labores de intento de rescate de 14 meses se emplearon 1 millón 500 mil horas hombre sin lograrlo.

En 2007, su subsidiaria Southern Copper Corporation anunció extraer cobre de Tía María, una de las zonas agrícolas más importantes de Arequipa, Perú, pero los agricultores rechazaron el proyecto e iniciaron una huelga. Durante ocho años hubo choques violentos, cuatro personas fallecidas y más de 20 heridos de bala.

Luego una ruptura en la presa de jales de la mina de plata de Bolaños, propiedad de Grupo México desde 1993, provocó que se vertieran mercurio, plomo y arsénico en el Río Bolaños en Jalisco en 2010, lo que causó la muerte de peces y afectaciones a la vida de las poblaciones ribereñas.

Otra vez en agosto, de 2014, su mina Buenavista derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, con daño a 22 mil personas y días después uno de sus trenes tiró 240 toneladas de ácido sulfúrico cerca del río Santa Cruz en Nogales.

El 12 de febrero de 2016 cinco trabajadores fallecieron en la mina de carbón Charcas en San Luis Potosí y en octubre dentro de su mina La Caridad se volcó un carro-tanque que derramó 10 mil litros de ácido débil en Nacozari de García, Sonora.

Ante este acumulado de muerte y contaminación, las organizaciones exigieron en la carta pública al Presiente López Obrador llevar a la justicia a los responsables, incluidos a los más altos mandos de la empresa, que se remedien los impactos ambientales y a comunidades de sus desastres, y definir reglas obligatorias para la rendición de cuentas empresarial, para asegurar que las compañías respeten los derechos humanos al realizar sus actividades.

Para los ciudadanos que protestaron el miércoles afuera de las oficinas de Grupo México en la capital de Sonora, sus mineras son sinónimo de muerte y contaminación de sus ríos y mares, por lo que exigieron que la Secretaría de Economía cancele sus concesiones «por su recurrencia de envenenar el suelo sonorense», decía el letrero de un manifestante.

La activista ambiental Rosa María O’leary declaró a EFE que también «a las autoridades deben fincarles responsabilidades por haber sido omisas, irresponsables y corruptas privilegiando a estos baquetones».

Los automovilistas que circulaban por el bulevar Antonio Quiroga tocaron sus bocinas en apoyo a la exigencia de la manifestación: «¡Fuera Grupo México!».