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Alejandro Calvillo

09/07/2019 - 12:04 am

Tatiana y su Transitorio contra la 4T

Como parte de la estrategia promovida por las corporaciones, algunos legisladores de Morena asistieron a la sesión y se negaron a firmar la lista de asistencia para que no se lograra el quorum y, por lo tanto, no se pudiera votar la iniciativa que sus compañeros de partido y otros partidos ya habían aprobado en la mesa directiva de la Comisión de Salud. Los cabilderos de FEMSA, de ConMéxico, ANPRAC, Canacintra, entre otros, lograron que la iniciativa no fuera votada y se pasara hasta la siguiente sesión de la Comisión.

el Transitorio Va Más Allá Del Neoliberalismo De Peña Nieto Que No Se Atrevió a Implementar Un órgano Que Fuera Por Encima Del Marco Jurídico Establecido Para Las Regulaciones Y Las Normas Foto Especial

El jueves 27 de junio, Tatiana Clouthier promovió un transitorio en la Comisión de Salud dirigido a bloquear la aprobación de una reforma que establecería un etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, grasas y sodio. El objetivo era bloquear el tipo de etiquetado que recomienda a México la OPS/OMS, FAO, UNICEF y los propios organismos nacionales como el Instituto Nacional de Salud Pública y un grupo de más de una treintena de expertos creado exprofeso para analizar y proponer un etiquetado frontal que ayude a combatir las epidemias de obesidad y diabetes entre los mexicanos.

Para reventar este etiquetado, las grandes corporaciones refresqueras y de productos ultraprocesados establecieron una estrategia, con la complicidad de un grupo de legisladores, consistente en: primero, buscar que no hubiera quorum en la sesión de la Comisión de Salud para que no pudiera aprobarse la iniciativa que establecía el etiquetado de advertencia. Si se diera el quorum y la iniciativa fuera aprobada, como ya había sido aprobada en la mesa directiva de la Comisión de Salud, presionar para que al mismo tiempo se aprobara el transitorio que la Diputada Tatiana Clouthier había ya circulado entre los miembros aliados de la comisión.

La iniciativa para establecer el etiquetado de advertencia reformando la Ley General de Salud llegó a la sesión de la Comisión de Salud con el apoyo de la mayoría de diputados de Morena y de otros partidos. La iniciativa es el resultado de un dictamen elaborado a partir de 7 iniciativas presentadas por un número similar de legisladores que coincidían en establecer un etiquetado de advertencia.

Sin embargo, las grandes corporaciones de alimentos y bebidas no están dispuestas a que en México se establezca un etiquetado de advertencia como el que ya está en Chile y Perú y viene en Uruguay, no quieren invertir en reformular sus productos para hacerlos más saludables como ya lo hacen en esos países.

Como parte de la estrategia promovida por las corporaciones, algunos legisladores de Morena asistieron a la sesión y se negaron a firmar la lista de asistencia para que no se lograra el quorum y, por lo tanto, no se pudiera votar la iniciativa que sus compañeros de partido y otros partidos ya habían aprobado en la mesa directiva de la Comisión de Salud. Los cabilderos de FEMSA, de ConMéxico, ANPRAC, Canacintra, entre otros, lograron que la iniciativa no fuera votada y se pasara hasta la siguiente sesión de la Comisión.

Estas empresas llevan semanas cabildeando en la Cámara, agasajan a los legisladores con buenas comidas, mientras les informan que el etiquetado de advertencia generará una crisis económica en el país, que decenas de miles de trabajadores perderán su empleo, es decir, la cantaleta de siempre, de la industria del tabaco, de las refresqueras y chatarreras. Nada de esto ha pasado en Chile que tiene este etiquetado desde 2016. Lo que la industria ha tenido que hacer en Chile y tendrá que hacer en Perú y en Uruguay. es invertir una parte de sus multimillonarias ganancias para reformular sus productos, para hacerlos un poco más saludables o, por lo menos, no tan malos para la salud.

Estas mismas corporaciones son las que se pronunciaron contra la regulación de alimentos y bebidas al interior de las escuelas, contra una efectiva regulación a la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia, contra las medidas fiscales, contra todas las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para combatir la obesidad. Políticas que lograron ser cooptadas por la industria durante las administraciones anteriores.

El Transitorio que promueve la Diputada Tatiana Clouthier está ahí para que, en caso de aprobarse la iniciativa en la siguiente sesión de la Comisión, sea también aprobado y a través de él retrasar el establecimiento de un nuevo etiquetado, garantizando que el diseño de este etiquetado quede bajo el control de la industria, tal como ocurrió en el Gobierno de Peña Nieto: continuar con las políticas contra la obesidad capturadas por la propia industria que ha generado esta epidemia. ¿Hay alguna diferencia?.

El Transitorio promovido por la Diputada Clouthier representa una amenaza a la democracia que va mucho más allá del caso del etiquetado, pretendiendo entregar a un órgano proempresarial el poder para controlar los procesos regulatorios y normativos. La iniciativa es similar a la seguida por la política de Donald Trump sirviendo a las grandes corporaciones y desmontando los órganos regulatorios. Este tipo de políticas permite a las corporaciones mantener sus prácticas de transferir a la población los costos en salud y el medio ambiente y mantener sus ganancias privadas. Es justamente ésta la esencia del neoliberalismo que empujaron en conjunto Reagan y Thatcher, y contra la que se ha pronunciado el Presidente. El planteamiento central del neoliberalismo es la desregulación.

La 4T planteó como dos de sus objetivos centrales: 1. “separar el poder político del económico” y, 2. enfocar su política en considerar “primero a los pobres”.

El transitorio de Tatiana Clouthier plantea que sea el recientemente creado Consejo Nacional para el Fomento de a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico, promovido por Alfonso Romo, junte a las secretarias de salud y economía para establecer un grupo disciplinario para proponer “los lineamientos para la elaboración de las disposiciones normativas correspondientes para el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas, consumibles en el territorio nacional”.

El transitorio va más allá del neoliberalismo de Peña Nieto que no se atrevió a implementar un órgano que fuera por encima del marco jurídico establecido para las regulaciones y las normas. Este Consejo Nacional, se pretende, al menos a través de este transitorio, que sea un megaórgano que esté por encima de los marcos regulatorios dominado por las grandes corporaciones.

El doctor José Roldan Xopa, uno de los mayores expertos en el país en derecho y administración pública, ha alertado sobre los peligros de este transitorio y esta política de interferencia de la industria. Destaca que este transitorio convierte un asunto de salud pública en un tema de inversión; involucra a una instancia de consulta, el Consejo recientemente creado, en un proceso de toma de decisiones; incrementa el riesgo de captura de decisiones públicas por otro tipo de intereses, y crea un proceso paralelo a la ley ya existente de mejora regulatoria.

México sufre una de las mayores epidemias de obesidad y diabetes en el mundo debido al muy alto consumo de bebidas azucaradas y productos con muy ato contenido de azúcares, grasas y sal. Está comprobado que el etiquetado frontal de advertencia, del tipo que se ha establecido en Chile y Perú, y que viene próximamente en Uruguay, es la política más efectiva en reducir el consumo de estos productos y llevar a la industria a reformular sus productos.

Este etiquetado es el que entiende mejor los sectores más pobres, con menor acceso a la educación, los más vulnerables a las enfermedades creadas por el alto consumo de estos productos. Si el Gobierno tiene por premisa “primero los pobres”, el etiquetado que advierte de forma simple si un producto tiene exceso de azúcar, grasas y sal, no tiene otra alternativa más que establecerlo. Lo otro es seguir el contubernio con la industria que llevaría al Gobierno de AMLO a incrementar las muertes por diabetes de las 500 mil del sexenio de Calderón, de las 600 mil de Peña Nieto, a posiblemente 700 mil.

La evidencia científica está ahí, las políticas que deben implementarse son ya conocidas, sólo hay que proteger el poder político del económico, poner en primer lugar la salud pública, dejar atrás la corrupción de funcionarios y legisladores, que sirven a los intereses privados para afianzar sus carreras políticas.

Alejandro Calvillo
Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.
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