A un mes de que se dicte el fallo de la licitación del Tren Maya, los documentos básicos para su construcción aún no están listos. El proyecto, que es uno de los principales del Plan Nacional de Desarrollo de esta administración, se presume como de fácil ejecución, pero del lado de las comunidades, el Tren es visto como otro megaproyecto “impuesto”.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no cuenta con los documentos de los impactos ambientales que ocasionaría el Tren Maya ni tampoco con los estudios que sustenten que la obra se realizará sobre estructuras ya existentes, tal y como lo asegura el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto, de acuerdo con la solicitud 21377200007919 hecha por SinEmbargo al Fonatur, en la que se pidió copia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el estudio o documento que se haya hecho para sostener que el Tren se construirá sobre vialidades que ya existen y una copia del calendario de construcción en el que se indiquen las posibles fechas de inicio de construcción y de culminación.
El Fonatur tampoco cuenta con los estudios sobre la liberación de los derechos de vía ni con los que permitan dimensionar el crecimiento urbano en las localidades por las que pasará el Tren.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de López Obrador, se contempla al Tren Maya como “el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio”.
Se tiene previsto que el Tren tenga un recorrido de mil 525 kilómetros y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
“La mayor parte de su ruta pasará por derechos de vía ya existentes, como vías férreas, carreteras y tendidos eléctricos, tendrá 15 estaciones y requerirá de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales. El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona –desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies– y propiciar el ordenamiento territorial de la región”.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (solicitud 0000900223119) negó tener alguna información sobre esos documentos y delegó la responsabilidad a Fonatur y su filial denominada Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., “toda vez que el objetivo principal del proyecto es el desarrollo regional en la Península de Yucatán aprovechando el potencial turístico de la región”.
Sin embargo, la SCT agregó en esa misma respuesta que actuará como rectora en materia ferroviaria en coordinación con la Secretaría de Turismo (Sectur) y Fonatur: “Determinará en apego a las disposiciones aplicables, las características y especificaciones técnicas y operativas para la realización del tren con base en la revisión y análisis resultantes de los proyectos, estudios y documentos que proponga Fonatur”.
El Fonatur y Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., explicaron a través de transparencia que “A la fecha de emisión del presente [13 de junio] no hay Manifestación de Impacto Ambiental” ni tampoco los estudios solicitados. Tampoco hay calendario.
A cambio se compartieron los Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya y los Estudios de Preinversión para la construcción de polos de desarrollo a lo largo de la ruta del Tren que Fonatur registró en la Cartera de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La convocatoria para la licitación del Tren, ubicada en el portal Compranet, establece que la fecha de inicio del contrato dice que es del 6 de agosto de este año y contempla que para el próximo 15 de julio habrá una última junta de aclaraciones para luego pasar al acto de fallo, que se dará el 9 de agosto.
Ahí quedó establecido que el precio máximo de referencia para la prestación del Servicio será la cantidad de 418 millones de pesos (sin considerar el correspondiente impuesto al valor agregado).
De acuerdo con el documento, en los criterios de evaluación de las propuestas, que será por puntos y porcentajes, el criterio que se aplicará será de un máximo de 70 puntos a la Propuesta Técnica y un máximo de 30 puntos a la Propuesta Económica.
Aunque eso ya está establecido, los factores ambientales siguen siendo una incógnita. En los estudios compartidos por Fonatur está señalado que actualmente no se tiene el estudio técnico para determinar que se cuenta con la liberación de derechos de vía completos, pero se reconoce que es “de suma importancia para el proyecto, ya que nos permitirá conocer el estatus legal en que se encuentran los predios por los que pasara la vía troncal del Tren Maya”.
Tampoco están listos los estudios que permitan dimensionar, ubicar y direccionar el crecimiento urbano en las localidades por las que pasará el Tren Maya ni los que permitan ubicar nuevas localidades y zonas con atractivos turísticos.
De acuerdo con el PND, se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.
Sin embargo, el pasado jueves, activistas mayas de Yucatán y Quintana Roo aseguraron que el Tren Maya, se suma al cúmulo de megaproyectos “impuestos” del sector inmobiliario, turístico, agroindustrial y energético que han despojado del territorio e identidad a los pueblos originarios de la Península.
Denunciaron que la consulta ciudadana fue “simulada” para instalarlo y al Fonatur de haber ejercido presión sobre los pobladores para que vendan sus tierras y así como de manipularlos en fiestas comunitarias sobre la idea del “tren que nos une”.
También mujeres indígenas y académicas procedentes de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y distintos municipios del estado de Chiapas alertaron sobre los peligros de la construcción del Tren Maya y cuestionaron al Presidente sobre quiénes serán los verdaderos beneficiados de la derrama económica que dejará esta obra y advirtieron sobre el riesgo de construir las rutas del Tren Maya en zonas como Tulum a Bacalar, de Bacalar a Calakmul y de Calakmul a Escárcega.
El pasado 17 de junio, el Gobierno federal modificó un tramo del Tren Maya en el estado de Quintana Roo que, dijeron, ahorrará más de 5 mil millones de pesos gracias a que no se utilizará la carretera Kantunil-Cancún, que es propiedad de la constructora ICA.
De acuerdo con información de medios nacionales, Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, presentó “de manera oficial el cambio de trazo“, además destacó que dicha modificación “no tiene nada que ver la negociación (con ICA), sino con temas técnicos, económicos y de desarrollo social. No por conflictos en la negociación con la empresa”.
Quienes también se manifestaron contra la obra fue el Congreso Nacional Indígena, que catalogó que la obra será la imposición de un “proyecto de muerte” por sus afectaciones al medio ambiente. Criticaron también el “cinismo” con el que la nueva administración promete el progreso y el respeto a los pueblos originarios, pero solo busca “el desarrollo de banqueros y empresarios”.
Señalaron que el Tren no beneficia a los pueblos porque solo transporta la venta de sus tierras, las enfermedades y “la muerte que promete la agroindustria transgénica”.
