Infiltrada por el crimen organizado, con elevados niveles de corrupción que la volvieron inoperante, la Policía Federal se resiste a desaparecer en el Gobierno de la Cuarta Transformación: miles de efectivos de esa corporación realizan paros y protestas y sin argumentos sólidos se niegan a adherirse a la Guardia Nacional, cuyas operaciones ya iniciaron en 151 regiones del país.

Este embrollo se suma a otros conflictos que brotaron aparentemente por acciones injustas: el despido de trabajadores de Notimex y Canal 11, por ejemplo, donde la situación laboral es ríspida a pesar de que los directivos de esas empresas oficiales están cumpliendo con las liquidaciones de ley, según han dicho sus respectivos directivos.

La protesta de los policías federales, sin embargo, ya alcanzó niveles de confrontación política. Al señalamiento del Presidente López Obrador de que detrás de la protesta “hay mano negra” Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, le puso nombre y apellido: dijo que el instigador de esta revuelta de policías es el ex Presidente Felipe Calderón y, por otra parte, también fue señalado Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación y actual Senador del PRI como otro de los que, soterradamente, empujaron el conflicto.

Tan pronto como su nombre apareció en este enredo Felipe Calderón salió a desmentir que esté detrás del conflicto policiaco, pero si Alfonso Durazo lo señaló como principal agitador del problema es que debe tener pruebas o evidencias de ello.

El levantamiento de agentes federales, en el fondo, no tiene razón de ser. En este caso le asiste la razón al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo: no se está despidiendo a nadie injustamente, por el contrario, en esta transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional se están respetando las prestaciones de ley, incluso se les otorgó un seguro privado, que es independiente del ISSSTE, además, a los agentes se les está enviando a zonas del país donde radican sus familias, en la mayoría de los casos, y se evita en lo posible que estén recorriendo la República, como ocurría en otros sexenios, sin tener objetivos claros en el combate a la delincuencia.

El movimiento de los agentes federales está motivado por un rechazo a la Guardia Nacional, pero sin argumentos. La posición del Gobierno federal es más que elástica por lo que ya se dijo y porque su incorporación al nuevo cuerpo de seguridad es voluntario y no obligatorio; el policía que no quiera estar será remitido a otras áreas de seguridad, pues la Policía Federal dejará de existir en un lapso de 18 meses, según expuso la mañana del jueves 4 el Presidente López Obrador durante su conferencia mañanera.

“Hay mano negra”, dijo el Presidente en un video difundido el miércoles 3, poco después de que los agentes federales realizaron un paro de diez horas con bloqueos en las vialidades de la Ciudad de México y en algunas casetas de las autopistas de Hidalgo, Querétaro y Morelos, generando un verdadero caos vial, irritación social y cuantiosas pérdidas económicas. Los paros y protestas continuaron el jueves 4, sin que autoridad alguna pudiera, hasta ese momento, llegar a un acuerdo con los manifestantes.

La Policía Federal fue el último experimento que realizó Genaro García Luna, entonces poderoso Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. García Luna fue el artífice de los modelos policiacos con los que operaron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y en todos fracasaron porque no terminaron con la corrupción policiaca.

Corrupción sin límite

 La historia de la Policía Federal remite a casos de corrupción emblemáticos, infiltración del crimen organizado y acciones criminales que desde el sexenio de Vicente Fox a la fecha continúan a lo largo y ancho del país.

Cabe destacar, por ejemplo, que en el Gobierno de Vicente Fox –se recordará por la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán a tan sólo un mes de haber iniciado su gobierno– cientos de policías federales adscritos al estado de Guerrero formaban parte del escuadrón de la muerte que servía a los intereses del cártel de Sinaloa y, en particular a la célula de los hermanos Beltrán Leyva, cuando eran amos y señores en esa entidad del Pacífico mexicano.

De las filas de la Policía Judicial Federal –antecedente inmediato de la actual Policía Federal –emergieron figuras como Adrián Carrera Fuentes, director de esa corporación en el Gobierno de Carlos Salinas, quien terminó al servicio de Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos».

Al arrancar el Gobierno de Vicente Fox se enquistó en el poder un personaje siniestro que por años operó en los sótanos del Cisen bajo las órdenes de Jorge Tello Peón, el mismo que estaba a cargo de la seguridad del país cuando «El Chapo» Guzmán se fugó del penal de Puente Grande: Genaro García Luna, el experto en seguridad que dio forma a dos proyectos policiales en un par de sexenios –Fox y Calderón– y que terminaron convertidos en un verdadero fiasco.

Con Fox surgió la Agencia Federal de Investigación (AFI), y no fue diferente a la Judicial Federal, de donde salieron sus agentes; más tarde, ya con Calderón, García Luna creó la Policía Federal Preventiva (PFP), otro instrumento que utilizó para brindar protección al crimen organizado, según evidencias documentadas. Y después prohijó a la Policía Federal que por desgracia devino en un cártel tan pernicioso como el propio crimen organizado.

Un dato, revelador por donde se le mire, es la intercepción que sufrió García Luna en una carretera de Morelos en tiempos de Calderón. Agentes federales relataron en una carta dirigida entonces a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que titular de la Secretaría de Seguridad Pública fue bajado de su vehículo por sicarios al servicio de Arturo Beltrán Leyva, quien en esos años radicaba en Tepoztlán, Morelos.

Hasta el refugio del capo fue llevado García Luna –según la misiva– y, frente a «El Barbas», tuvo que aceptar el regaño porque no estaba cumpliendo los acuerdos pactados con el cártel. Beltrán Leyva, según aquella carta, se quejó de que García Luna no estaba respetando los compromisos y que de no hacerlo acarrearía consecuencias. Después del regaño, el funcionario federal fue llevado de nuevo a su vehículo.

Fue evidente que la Policía Federal en manos de García Luna no actuó en contra del cártel de Sinaloa mientras Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», se mantuvo al frente de esa organización. Si fue eficaz en contra de Los Zetas, rivales de Sinaloa, y de otros grupos antagónicos como La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios.

Aquel episodio con Beltrán Leyva no fue el primero que puso en evidencia a García Luna por sus presuntos nexos con el narcotráfico: en el juicio que enfrentó Joaquín Guzmán Loera en Nueva York el exfuncionario federal fue acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa para que les dejaran operar con libertad el tráfico de drogas. Se habla de millones de dólares que, según esos testimonios, eran entregados en maletas a García Luna en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Quizá por ello la Policía Federal fue un instrumento del régimen panista para proteger intereses del crimen, según queda claro ahora. Nunca fue sometida a un saneamiento a fondo y siguió operando con elevados índices de corrupción y nadie duda que por esa razón ahora los agentes federales se resistan a ser parte de la Guardia Nacional, donde saben que los controles son más estrictos porque sus mandos son militares.

García Luna se ha mantenido impune pese a estos antecedentes y no obstante que es el artífice de la desgracia que vive el país en materia de seguridad.

La Policía Federal, en realidad, fue su instrumento en la corrupción. Tan contaminada estaba esa corporación que ni el propio Felipe Calderón echó mano de esa institución cuando le declaró la guerra al narcotráfico –guerra fallida, por cierto –porque tales acciones las realizó el Ejército y la Marina, aunque con pésimos resultados. Los agentes federales, si acaso, fueron utilizados para realizar algunos operativos, instalar retenes, pero lo curioso de todo esto es que iban de un lado para otro sin información para detener a los criminales.

En aquella guerra hubo acciones de risa. Un ejemplo: Cuando los policías solicitaban el apoyo de una aeronave, por ejemplo, durante la implementación de los llamados Operativos Conjuntos, ésta se tardaba horas en arribar al lugar, lo que impedía la captura de algún narcotraficante importante. En pocas palabras, los agentes federales jugaban al policía porque sus acciones eran muy limitadas ¿Por qué? Así convenía al régimen.

Los agentes se acostumbraron a la corrupción, al cobro de viáticos sin trabajar, a los operativos sin resultados, a recibir dinero del narcotráfico, a patrullar el país con acciones “pantalla” porque en su historia reciente no hay capturas relevantes de capos del narcotráfico. Al Chapo Guzmán jamás lo molestaron, por ejemplo. Estaba arreglado con la cúpula del poder.

Para decirlo con todas las letras: la Policía Federal se convirtió en un cártel pagado por el Estado y al servicio del crimen organizado. Por esas razones, en los años noventa, desapareció la Dirección Federal de Seguridad –la policía siniestra del sistema –y por esas mismas razones ahora se disolverá, en 18 meses, la Policía Federal. Quizá por ello es mencionado Felipe Calderón como instigador del conflicto, pues al desaparecer la Policía Federal también desaparece un instrumento político del panismo.

Nada ha cambiado en la Policía Federal. La corrupción sigue en sus filas, según dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y lo ejemplificó con un caso escandaloso:

La mañana del jueves 4, dijo en la conferencia mañanera que se indaga la compra de un equipo de inteligencia –conocido como «Rafael»– en 2 mil 458 millones de pesos cuando, en realidad, su costo es menor. Para Alfonso Durazo existen evidencias de un sobreprecio que tuvo beneficiarios directos y por esa razón el caso ya se investiga.

Lo grave es que el Gobierno federal insista en que todos estos elementos contaminados se incorporen a la Guardia Nacional. Quizá sea mejor que no lo hagan y que los agentes sean adscritos a otras áreas, de otro modo la nueva corporación policiaca corre el riesgo de caer en los mismos vicios del pasado.

En medio de este conflicto policiaco, la inseguridad galopa por todo el territorio, imparable. A esto también se suman los conflictos laborales por los despidos de trabajadores de Notimex, la agencia noticiosa del Gobierno, y del Canal 11, quienes protestan por que aducen que sus despidos son injustos.

No es todo: Al Gobierno de la Cuarta Transformación –que el 2 de julio celebró el triunfo de López Obrador –le llueve a cántaros: sigue el problema del desabasto de medicamentos, continúan los conflictos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco y el impedimento legal –a través de amparos –para echar a andar la obra en Santa Lucía. Y a todo esto se suma la recesión económica, pues el Gobierno federal tiene paradas las obras más importantes por falta de dinero, lo que quiere decir que el presupuesto sigue sin ser dispensado para poner en marcha el país. Lo más grave de todo es que al Gobierno de nada le sirve tener guardado el dinero, pues se da como un hecho que en este año habrá subejercicio porque no les dará tiempo gastarse todo lo que tienen retenido.

Francisco Lozada: Robar a los cañeros

Acusado de actos de corrupción y de tener presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco, Francisco Lozada Bravo, dirigente de la Unión Cañera Gramínea –abastecedora del ingenio San Cristóbal– desapareció la semana pasada y nos comentan que ni siquiera asistió a un foro cañero al que estaba invitado en el puerto de Veracruz, donde se dieron a conocer avances en materia de producción de azúcar y los nuevos horizontes que se exploran con la caña de azúcar.

Según las pesquisas que obran en una carpeta de la Fiscalía General de la República contra una célula del cártel de Jalisco que opera en la Cuenca del Papaloapan, Francisco Lozada ha amasado una fortuna que, según los análisis más elementales, no es posible obtenerla de las ganancias ni del rendimiento de la caña de azúcar, menos del presunto robo de recursos destinados a los caminos, otorgados por la industria azucarera.

En su haber existen ranchos, extensiones de cañaverales de más de cien hectáreas, casas que se valúan hasta en diez millones de pesos, caballos de carrera, Cuarto de Milla, por lo menos, con un costo de más de un millón de pesos, y decenas de vehículos de lujo que adquiere cada vez que un capricho lo atenaza.

Se asegura que una parte de su riqueza –amasada en dos zafras, algo verdaderamente increíble–proviene de la corrupción que ha prohijado en la organización Gramínea, donde no se le audita ni se le exigen cuentas, pues el abono para fertilizar los sembradíos de caña lo vende a los cañeros con sobreprecios, de igual forma existen presuntas negociaciones leoninas con los directivos del ingenio San Cristóbal que afectan al productor de caña pero a él le reditúa ganancias millonarias. En pocas palabras, ha traicionado al gremio cañero y el ejemplo está a la vista de todos: mientras Lozada Bravo se enriquece cada vez más y los productores siguen sumidos en la desgracia.

Sin embargo, el líder cañero, de acuerdo con las indagaciones de la FGR, estaría vinculado a una célula del Cártel de Jalisco que opera en la Cuenca del Papaloapan y que está bajo la protección de las policías municipales. A este grupo estarían ligados otros políticos de la zona, también relacionados con el gremio cañero, que ya son investigados a nivel federal.

El jueves 4 se le buscó vía telefónica al líder cañero para concertar una entrevista y conocer su opinión sobre los señalamientos que pesan en su contra, pero se negó a otorgarla. En breve charla por WhatsApp, dijo:

“Yo me dedico a trabajar y soy enemigo de ese ambiente”, dijo en referencia al crimen organizado, particularmente al Cártel de Jalisco, grupo con el que se le relaciona.

Luego añadió: “Yo sólo trabajo hasta donde me corresponda y que los demás hagan lo pertinente, de mi pueden hablar eso y más…”, y luego cortó la comunicación.

Según algunos productores de caña consultados, Francisco Lozada ya prepara su reelección al frente de la Unión de Cañeros de Gramínea, en Carlos A. Carrillo, Veracruz, lo que parece inminente a menos que la FGR o un cártel rival al de Jalisco se le atraviese en el camino. Lozada Bravo no parece estar dispuesto a dejar su cargo ni a celebrar elecciones democráticas, pues su posición es más que ventajosa: Su fortuna aumenta en cada periodo y nadie le exige cuentas.

Lo que sí es un hecho es que su caso ya es motivo de escándalo en el gremio cañero al que pertenece, pues tampoco dan crédito a un enriquecimiento descomunal en menos de dos años.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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