Entre 2017 y 2018, la Policía Federal utilizó 14.7 millones de pesos más de lo que tenía autorizado para gastar en la compra de vehículos oficiales. El caso –detectado en el primer corte de la Cuenta Pública entregado por la Auditoría Superior de la Federación– incluye más de 2.8 millones de pesos pendientes de aclaración, 21 vehículos adquiridos que hasta enero no habían sido liquidados, así como acciones al margen de la Ley e irregularidades que ameritan investigación y sanciones administrativas.
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Alfonso Durazo Montaño abrió la Caja de Pandora. El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana acusó ayer que, dentro de la Policía Federal, se cuecen irregularidades que serán investigadas. Sólo entre 2017 y 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló compras “no autorizadas” por más de 14.7 millones de pesos, así como deficiencias en sus mecanismos de control para garantizar el adecuado manejo de recursos públicos.
Las declaraciones de Durazo –quien acusó que en 2015 hubo pagos en demasía y adeudos no justificados en las finanzas de la Policía Federal– golpearon a los elementos policiales que protestan en contra de las condiciones de adscripción a la Guardia Nacional. Inclusive, uno de sus líderes indicó la «intención del Secretario de Seguridad Pública de desprestigiar nuestra honorabilidad”.
Pero la primera entrega de la Cuenta Pública de 2018 corrobora que, al interior de la Policía Federal, también hay funcionarios que actúan fuera del marco normativo, con posible perjuicio al erario público.
En 2017 y 2018, la Policía Federal utilizó 118 millones 641 mil 800 pesos del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves (FIPIMESPA) de la Secretaría de Gobernación (Segob). Se trató de una inversión para la adquisición de vehículos oficiales por medio de tres contratos gubernamentales (SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2017, SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C070/2017 y SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C047/2018).
Los hallazgos de la ASF no son menores. En esos dos años no sólo encontró irregularidades monetarias. También encontró deficiencias estructurales que dan cabida a hechos de corrupción y falta de rendición de cuentas.
En la compra de vehículos “se determinó que no se efectuó una investigación de mercado […] que permitiera obtener el precio prevaleciente en el mercado […] y que sirviera de referencia para la aceptación de los precios ofertados por los proveedores”, se lee en la auditoría 2018-0-04100-19-0014-2019.
Asimismo, la Policía Federal aprobó el ejercicio de más de 118.6 millones de pesos sin justificar algunas compras, o sin especificar qué unidades administrativas recibirían los vehículos. Y en ciertos casos, tampoco hubo desglose de montos para la correcta fiscalización de recursos, o inventarios que probaran la necesidad de compra, o la existencia de todas las unidades adquiridas o en activo. Esto en el marco del uso de los fondos del FIPIMESPA, cuyos resultados de auditoría entre 2010 y 2017 revelan «deficiencias en el manejo de los recursos en las cuentas bancarias que se utilizan para los recursos del fideicomiso; pagos de honorarios en demasía; falta de oportunidad en los registros contables de los vehículos recibidos en donación derivados de adquisiciones con cargo en el patrimonio del FIPIMESPA, así como deficiencias en la planeación de la adquisición de vehículos”, de acuerdo con la ASF.
LA COMPRA IRREGULAR
El 20 febrero de 2017, la Policía federal aprobó la compra de 51 vehículos (nueve camiones, 30 camionetas pick up y 12 cuatrimotos) con un presupuesto de 83 millones 446 mil 900 pesos. Empero, ocho días después acordó comprar 40 vehículos (nueve camiones, 21 camionetas pick up y 10 cuatrimotos). Es decir, 11 unidades menos, aunque con el presupuesto original (83.4 mdp).
Siete meses más tarde, la dependencia formalizó un contrato (SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2017) y adquirió 30 vehículos (9 camiones y 21 camionetas) cotizados en 68 millones 692 mil pesos, de modo que hubo un remanente de 14 millones 754 mil 900 pesos que debieron de ser reintegrados al FIPIMESPA. Sin embargo, el 8 de diciembre de ese mismo año, el Director General de Operaciones Estratégicas y Unidades Especiales de la División de Gendarmería llevó al cabo la compra (contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C070/2017) de 21 vehículos adicionales (9 camionetas y 12 cuatrimotos) sin que el Comité del fideicomiso lo aprobara, entre los que hubo 11 unidades que excedieron el primer acuerdo para comprar un máximo de 40.
Aunque la Policía Federal recibió los 21 vehículos adicionales, «sin embargo, estos últimos no han sido pagados, ya que el proceso de la adquisición se efectuó sin contar con la autorización del citado comité”. Esto inutilizó más de 14.7 millones de pesos comprometidos que, al 19 de enero de 2019, no habían sido reintegrados al fideicomiso o utilizados para el pago del adeudo contraído fuera del marco legal.
En consecuencia, la ASF solicitó la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Policía Federa inicie la investigación y el procedimiento administrativo por las «irregularidades de los servidores públicos» que, en su gestión, formalizaron la compra de 51 vehículos en lugar de los 40 acordados, con un excedente de 11 unidades. La ASF también halló (2018) irregularidades administrativas en el proceso de compra (contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C047/2018) de 16 vehículos blindados, 7 motocicletas y equipamiento para nueve unidades policiales, por un monto total de 49 millones 949 mil 800 pesos. En ese sentido, determinó que al no haberse utilizado un remanente de 50 mil 200 pesos adicionales a lo erogado, la Policía Federal incumplió con los protocolos previstos en la materia, por lo que deberá reintegrar el monto este año.
Como conclusión de los trabajos de fiscalización, la Auditoría determino que aunque la Policía Federal proporcionó «la póliza contable» del registro de los bienes por 115 millones 774 mil 400 pesos por la compra de vehículos y equipo terrestre, «sin embargo, no se proporcionó el registro de 2 millones 867 mil 400 pesos que fueron pagados en el mes enero de 2019”.
LA POLICÍA Y DURAZO
Las irregularidades encontradas por la ASF en 2019, se suman a las denunciadas por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño. Según el funcionario público, en febrero de 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) reportó supuestas irregularidades en la adquisición de un sistema de inteligencia en 2015, cuyo sobre costo fue hasta cuatro veces superior al del valor real del producto en el mercado. Asimismo, Durazo refirió que fue a través de la partida número 33701 de “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, que la Policía Federal erogó 2 mil 458 millones de pesos, que además de ser excesivos, generaron un adeudo de 1 mil 300 millones de pesos.
“Estimaciones diversas hablan de un sobreprecio de este producto que dividiría entre cuatro el valor real de este producto en el mercado”. Por ello, Durazo aseveró que habrán investigaciones par lindar o deslindar responsabilidades, ya que además del sobre costo, el contrato de la compra fue celebrado de manera plurianual, sin que pudiera ser localizada la justificación y autorización del mismo, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las acusaciones del Secretario de Seguridad Pública en contra de la Policía Federal se dieron en momentos en que la dependencia es cuestionada por sus resultados, en una coyuntura en que México vive sus peores momentos en materia de violencia y criminalidad.
La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Segob, creado «para salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas; preservar la libertad, el orden y la paz pública; y aplicar una política de seguridad en materia de prevención y combate de delitos con la conducción y el mando del Ministerio Público”. De acuerdo con los datos más recientes de la ASF, sólo el 19.5 por ciento de las 11 mil 268 denuncias recibidas en 2017 por la Policía Federal «fueron clasificadas como positivas, ya que la ejecución de acciones policiales derivó en la posible comisión de un hecho delictivo y por tanto debían presentarse ante la autoridad ministerial correspondiente”, se lee en el informe (2017-5-04L00-07-0023-2018) del 25 de enero de 2019.
Esto implicó que la mayor parte de las denuncias atendidas por la dependencia fueran desechadas (46.8 por ciento) «al no detectarse algún hecho delictivo que perseguir”; o que se mantuvieran en proceso de investigación (33.7 por ciento) por la necesidad de «precisar algunos datos de la denuncia”.
El nivel de acciones policiales que fueron ligadas a un delito está ligado a los procedimientos efectuados, entre los que se incluye el registro del Informe Policial Homologado (IPH) de las detenciones en flagrancia. En ese sentido, la ASF determinó (2017) que menos de la mitad (45.9 por ciento) de los expedientes «cumplió con el llenado en su totalidad de los IPH”, mientras que el 54.1 por ciento de los casos «no contó con al menos uno de los requisitos señalados en el Protocolo Nacional de Actuación”.
Por lo anterior, la Auditoría determino que las deficiencias operativas de la Policía Federal ocasionaron que «entre 49.1 y 59.1 por ciento del total de expedientes de las detenciones en flagrancia podría no ser validado, debido a que no cuenta con al menos uno de los requisitos señalados en el Protocolo Nacional de Actuación”.
