La industria de bebidas azucaradas frenó una iniciativa para regular etiquetados en México, acusó la Alianza por la Salud Alimentaria. «El cabildeo de FEMSA y Coca Cola logró reventar la sesión. Pidieron a la Comisión de Salud que no hubiera quórum», aseguró Ana Larrañaga, de la coalición ContraPESO.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- La iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados por la legisladora Carmen Medel Palma, para regular etiquetados en bebidas azucaradas y productos ultraprocesados que indiquen de manera clara y entendible si son altos en azúcares, sodio, grasas o calorías, fue frenada en la sesión de la semana pasada por la industria, acusó la Alianza por la Salud Alimentaria.
«El cabildeo de FEMSA y Coca Cola logró reventar la sesión. Pidieron a la Comisión de Salud que no hubiera quórum», aseguró Ana Larrañaga, de la coalición ContraPESO.
«La industria va a seguir tratando de modificar el dictamen (con diferentes iniciativas de partidos políticos) y echar para atrás las recomendaciones internacionales reflejadas», dijo.
La propuesta se basa en lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otras.
Contra «la presión» de la industria alimentaria, las organizaciones civiles de la Alianza exigieron a los legisladores discutir esta iniciativa de interés público, ya que sin estas medidas preventivas, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador morirán por diabetes más de los 600 mil mexicanos registrados en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Larrañaga recordó que el actual etiquetado GDA, «diseñado para que no se entienda», fue una propuesta autoregulatoria de la industria desde 2009 y en 2014 fue aprobada por la Cofepris como norma.
Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, aseguró que esta NOM-051, en la que participó la industria como mayoría, está siendo revisada por la Cofepris y la Secretaría de Salud como corresponde cada cinco años.
Enfatizó que el etiquetado frontal sencillo, claro y de rápida lectura, como parte del derecho a la información y a la salud, ha demostrado ser efectivo en Chile, Perú e Israel. Además, Uruguay, Canadá y Brasil están en proceso de impulsarlo.
«Los gobiernos de izquierda de Michel Bachelet en Chile y de Tabaré Vázquez en Uruguay han impulsado estas políticas», afirmó.
Este martes la Alianza por la Salud Alimentaria lanzó la campaña en espectaculares, camiones, metro, radio y redes sociales «Exijamos etiquetados claros para cuidar la salud de nuestros hijos» difundida en un país donde el consumo de productos ultraprocesados, que causan obesidad, diabetes, hígado graso e hipertensión, se ha duplicado en las últimas tres décadas.
EL AVAL DEL PODER JUDICIAL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el 8 de mayo con 30 votos a favor y dos en contra los lineamientos para el etiquetado frontal de los alimentos y bebidas.
Alejandro Calvillo, director de Poder del Consumidor, aseguró entonces que fue una sentencia basada en “mentiras” por lo que podrían llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El etiquetado actual no es entendible, es un etiquetado diseñado por la industria, no por la Secretaría de Salud, fue introducido por FEMSA-Coca Cola en México”, acusó.
Este día en conferencia de prensa dijo que antes de ir a la CIDH, impulsarán esta iniciativa legislativa y esperarán las revisiones a la NOM-051.
Los ministros argumentaron que el etiquetado es “entendible y útil”, y se basa en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Ambas organizaciones internacionales se deslindaron del proyecto de sentencia encabezado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, señalada por una resolución polémica en torno a la Supervía Poniente; por designaciones de cargos como pagos de favores dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México; y de posible conflicto de interés por ser esposa de José María Riobóo, contratista del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno.
