Los trabajos de rescate inician en Pasta de Conchos; era cosa de voluntad política, dicen familias

La entrega del expediente de Pasta de Conchos a un grupo ingenieros extranjeros y nacionales, expertos en minas de carbón y rescates mineros, es para las familias de los mineros atrapados desde hace 13 años en la Mina 8 de Grupo México, el inicio de las labores del rescate.

Es una muestra clara, dicen, que lo que se requería para recuperar los restos de sus familiares era “voluntad política” del Gobierno federal, la cual no tuvieron los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojos y Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El expediente técnico sobre la explosión de Pasta de Conchos fue entregado este viernes a un equipo multidisciplinario de expertos nacionales e internacionales que estudiarán el documento para proponer los métodos y las formas más viables para el rescate de los 63 mineros que llevan más de 13 años en el socavón.

Para las familias, esto es el inicio formal de las labores para recuperar los restos de sus seres queridos y una muestra que lo que se requería era voluntad política de Gobierno federal, explicó Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

“Trece años y cuatro meses es muchísimo tiempo. Esto que está sucediendo muestra que lo único que se necesitaba era voluntad política […] La recuperación de los restos físicamente empezaría en 2020, pero “el rescate” en realidad ya comenzó, porque si no se tiene primero la voluntad política del Gobierno, ni los ingenieros que apoyen en la parte técnica, no tenemos nada”, dijo a SinEmbargo la activista que ha acompañado a las familias en su lucha por rescatar los cuerpos, desde que Grupo México decidió parar el rescate en abril de 2007.

El pasado 25 de junio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que será en 2020 cuando empezarán los trabajos para encontrar y rescatar los restos sepultados en la Mina 8 de Pasta de Conchos tras la explosión el 19 de febrero de 2006.

La dependencia federal explicó que las autoridades mexicanas entregarían un informe a un Comité Técnico de expertos extranjeros y nacionales, quienes habrán de elaborar una “propuesta de metodología que aborde la mejor manera de rescatar los mineros, es decir, cómo recomienda el grupo técnico que se lleven a cabo los trabajos en la mina”.

El grupo multidisciplinario estará conformado –según se estima– por 18 expertos de minas de carbón y especialistas en rescate minero, entre ellos, seis ingenieros mexicanos, tres ingenieros australianos, seis alemanes, y al menos dos estadounidenses.

El informe en mención, que consta de  600 páginas, fue entregado este viernes en una reunión celebrada a las 11 de la mañana en la Ciudad de México.

La Organización Familias Pasta de Conchos explicó que la recuperación también implica la planeación de los métodos y las rutas a seguir, es por ese motivo que ellos lo consideran como el arranque de las labores de rescate. “Es como ir construyendo la escalera para poder llegar”, ejemplificó la representante de OFPC.

La defensora enfatizó que no está en tela de duda la viabilidad del rescate . Aclaró que el análisis del grupo multidisciplinario no es para deliberar si se hace o no la recuperación, sino para determinar “cómo lo van a realizar”.

“No se trata de decir si se puede o no, se está invitando a los ingenieros para que digan cómo hacerlo”, apuntó.

La reunión para la entrega del expediente no fue una acción aislada; forma parte del programa y cronograma realizado cuando se instaló la mesa de trabajo para la recuperación y justicia en Pasta de Conchos el pasado 10 de mayo, detalló la activista.

Dicha mesa está conformada por personal directivo de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Economía; representantes de las víctimas de Pasta de Conchos; la Organización Familia Pasta de Conchos; el Servicio Geológico Mexicano; la Universidad Nacional Autónoma de México; y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

LA RUTA DEL RESCATE

“Lo primero es que los ingenieros nos digan cómo lo pueden hacer (el rescate)”, comentó la defensora.

El equipo tendrá poco más de un mes para realizar su estudio y entregar sus resultados. Una vez que se tengan las propuestas, el Estado mexicano decidirá cuál de ellas es la más viable. Posteriormente, se tendrá que designar a una empresa o consultoría para que delinee un proyecto sobre los recursos, materiales, permisos e inversión que se necesitan para materializar el rescate con base a la propuesta electa.

«Se le pagará a una empresa para que haga el proyecto porque obviamente hay que sacar toda la corrida financiera, la cuestión de ingeniería, todos los permisos. Por ejemplo, en el caso de manifiesto de impacto medioambiental, no es el mismo si haces mina subterránea o mina a cielo abierto, dependiente de cuál sea la opción que se decida, es cómo se van a tramitar los permisos, todo eso, -más la inversión, constituye la construcción del proyecto”, expuso Auerbach.

Toda vez que se tenga el proyecto sobre los procesos e inversión, se deberá de lanzar una licitación para elegir a quien se encargará de hacer la recuperación física de los restos.

Cristina Auerbach prevé que la convocatoria para licitación esté lista a principios de diciembre de 2019 y el fallo podría estar listo para finales de enero 2020.

La activista advirtió que habrá condiciones muy estrictas en la convocatoria de la licitación, porque las familias de Pasta de Conchos, “de ninguna manera se va a tolerar por parte de las familiares que Grupo México, alguna de sus filiares o compadres quieran concursar en la licitación”, dijo.

ERA CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA

La región carbonífera de Coahuila desde hace décadas ha padecido por la extracción siderúrgica con los megaproyectos. Aunado a eso, las familias de los mineros en Pasta de Conchos han sufrido, desde hace trece años, el desdén de tres hombres ocuparon la Presidencia de la República: Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), postulados por el Partido Acción Nacional, y Enrique Peña Nieto (2012-2018), emanado del Partido Revolucionario Institucional. Ninguno llamó a los deudos a Los Pinos. Ninguno incluyó la tragedia en sus discursos y ninguno mostró ánimo de querer dar un poco de alivio a la región carbonífera de Coahuila que sobrevive en duelo.

Los deudos llegaron al décimo tercer aniversario del siniestro con un nuevo Gobierno y una promesa en la bolsa: el Presidente Andrés Manuel López Obrador se  había comprometido con las viudas a que habría justicia y haría todo lo posible para recuperar los restos. El primer paso sería la instalación de una mesa de trabajo para construir una ruta para su recuperación.

Sin embargo, un historial de 12 años de decepciones generó que las familias tomaran nuevas promesas con reserva y cautela. Un día antes del aniversario luctuoso, integrantes de OFPC se reunieron con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y le cuestionaron si existía voluntad política de Gobierno para hacer la recuperación de los restos.

El pasado 29 de abril, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, acudió a Barroterán, Coahuila, para reiterar a las familias que sí existía voluntad política y el 1 de mayo, el mandatario nacional anunció una serie de las acciones encaminadas al rescate.

Las víctimas indirectas de la tragedia empezaron a recobrar confianza y un poco de tranquilidad, pues afirman que la Secretaría del Trabajo ha cumplido hasta el momento con todos los acuerdos, de acuerdo a Cristina Aubercha.

“Han sido muy atentos, siempre nos responden, nos toman las llamadas, ha sido un trabajo con mucha transparencia, y claro, a veces es difícil lograr sincronizar en todo, porque en realidad ellos van llegando y nosotros llevamos trece años, entonces obviamente nuestra impaciencia también se ve moderada al ver que ellos tienen voluntad política”, expresó.

Cuando ocurrió la tragedia, el Gobierno mexicano –entonces encabezado por Vicente Fox- encargó atender la emergencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde entonces, el encargo prosiguió en esa dependencia.

Francisco Javier Salazar Sáenz era el Secretario del Trabajo en febrero de 2006. No pasaron ni siete días cuando anunció el fin del intento de rescate con vida de los trabajadores. Su dependencia dictaminó que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que todos los mineros habían muerto en el primer minuto.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa asume en diciembre de 2006 como Jefe del Ejecutivo, nombró en esa Secretaría a Javier Lozano Alarcón, quien recibió a los deudos de Pasta de Conchos en su despacho y asumió como compromiso un peritaje que permitiera conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si los restos de los mineros podrían ser recuperados. El peritaje se hizo, pero no condujo al rescate, al contrario, se aferró a la teoría que no era posible.

NO EMPRESA, NO SINDICATO

Los deudos de Pasta de Conchos han reiterado que no quieren que ni el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, ni Grupo México, sean parte de la recuperación de los restos de los trabajadores.

“Pidieron un rescate sin la empresa y el sindicato porque ellos han sido responsables de la tragedia en esa mina. El sindicato minero no está en la mesa, no está en el comité y en realidad no tiene nada que hacer aquí”, dijo la defensora.

Previo a la explosión, el sindicato minero había emplazados a huelga a Grupo México cada año por violaciones “graves a la seguridad que ponían en riesgo la vida de los trabajadores. Pero en la historia de esta mina, esas huelgas nunca estallaron. Solo permaneció “la inseguridad”, según expone el informe “Carbón Rojo”.

La prioridad para las familias de los mineros es que sus seres queridos “regresen con ellos”. El rescate de los cuerpos tiene un significado simbólico, pero que es vital para las familias, porque en la cultura de la extracción carbonífera, según ha explicado previamente Auerbach, se tienen la idea que el carbón es de las empresas o del Estado, que la riqueza de la extracción es para los dueños de las empresas y para el Estado, mientras que las familias lo único que tienen las familias es su propio ser querido

“Para ellos es inadmisible, ¡inadmisible! -recalca- que la empresa se quede con los restos […], Entonces, la disputa desde el primer y siempre, son los restos de Pasta de conchos”.

LA CIDH EL PROCESO SIGUE EN LA CIH

El caso de Pasta de Conchos también está en mesa de instancias internacionales. En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de los 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión.

Pasaron ocho años para que el organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de 600 familiares

En julio de 2018, la OFPC entregó un extenso informe a la CIDH. El 29 de abril de 2019, el organismo internacional notificó a los peticionarios que las observaciones fueron remitidas al Estado mexicano para que éste responda.

El Gobierno de México tiene un plazo de 4 meses para responder las observaciones realizadas por OFPC, es decir, hasta el próximo 29 de agosto, según expuso la defensora.

Cristina Auerbach explicó que el caso y el proceso continúa su curso ante la CIDH, porque las familias no firmarán ningún acuerdo amistoso para evitar la sentencia contra el estado mexicano hasta que les empiecen a entregar los restos.

“No porque uno llegue a un “acuerdo” el caso se detiene, y los acuerdos que se hagan deberán de ser firmados ante la CIDH, y eso todavía no sucede. La diferencia en esta ocasión es que las familias y los peticionarios ven una voluntad del estado de adelantar los tiempos, y es lo que está sucediendo”, concluyó la defensora.