Rubén Martín
16/06/2019 - 12:04 am
Repúblicas Odebrecht
El sexenio de Peña Nieto quedó marcado por estos hechos: por encabezar un gobierno que era parte de la violencia organizada que desató una oleada de asesinatos y desapariciones contra la sociedad mexicana; y la corrupción como marca de agua de toda su gestión.
Poco antes de que el país se le incendiara por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y el reportaje de la Casa Blanca, que develó prácticas indebidas de su Gobierno, con su locuacidad habitual el ex Presidente Enrique Peña Nieto declaró que la corrupción en México era un asunto “cultural” y que era una práctica generalizada. Era el 8 de septiembre de 2014.
El sexenio de Peña Nieto quedó marcado por estos hechos: por encabezar un Gobierno que era parte de la violencia organizada que desató una oleada de asesinatos y desapariciones contra la sociedad mexicana; y la corrupción como marca de agua de toda su gestión.
La multiplicación de tramas corruptas durante el periodo gubernamental anterior nos hace pensar que México es campeón de la corrupción en la región. Lamentablemente las tramas de sobornos, entregas de contratos a modo y saqueos de las arcas públicas son generalizados en América Latina.
El caso emblemático es la investigación Lava Jato, emprendida por la justicia brasileña que permitió descubrir el sofisticado esquema de sobornos que creó la constructora Odebrecht para obtener contratos en una docena de países de América Latina y África. El esquema incluye a México a través de pagos que habría recibido Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos en el Gobierno anterior.
En esencia, el sofisticado esquema ideado por Odebrecht consistía en sistematizar la habitual práctica de dar sobornos a gobernantes o funcionarios de alto nivel para, a cambio, obtener contratos. La sofisticación incluyó la creación de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht que concentraba los recursos y los repartía entre políticos corruptos de distintos países, ya fuera para campañas electorales o para engordar cuentas bancarias de los gobernantes próximos o en turno.
Este párrafo de una nota del diario limeño El Comercio resume perfectamente el fin del sistema Odebrecht: “Este correo hace referencia al permiso de Mameri [ex director de Odebrecht en América Latina y Angola] para la entrega de dinero destinada a las campañas electorales de Humala (US$3 millones) y Fujimori (US$1 millón) en el 2011. El ex presidente de la constructora Marcelo Odebrecht dio la autorización para ese desembolso”. De eso se trató esta trama corrupta, creando en la pasada década una especie de repúblicas Odebrecht en América Latina.
Pero más allá de ese caso emblemático, que ha provocado los juicios contra presidentes y gobiernos de Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y Perú entre otros, existen muchos ejemplos de corrupción revelados por una poderosa red de periodistas de investigación de América Latina.
Así se ha expuesto en el 6º Investigatón organizado por Connectas, una asociación civil que se dedica a apoyar al periodismo de investigación en América Latina. En el encuentro, que se celebró la semana pasada en Lima, se escuchó el vigoroso testimonio del legendario periodista peruano Gustavo Gorriti, quien contó los casos de corrupción que IDL-Reporteros ha destapado en Perú, especialmente las coimas que Odebrecht y otras constructoras pagaron a altos mandos de la clase política peruana para obtener contratos favorables.
Pero a pesar del peso mediático que atrae el caso Odebrecht, lamentablemente existen otras tramas de corrupción que posiblemente la superen, como expusieron los colegas que indagaron el petrofraude ocurrido desde Venezuela y con impactos en una docena de países, entre ellos Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití y República Dominicana.
César Batiz, David González y Carlos Eduardo Huertas, parte del equipo que destapó petrofraude, indicaron que el monto de esta trama podría ascender a 28 mil millones de dólares, lo que lo convertiría en el caso más grande de corrupción en América Latina. En este encuentro se han presentado, además, casos de corrupción en México, Argentina, Bolivia, El Salvador, Ecuador y República Dominicana entre otros.
El impacto de los reportajes que desnudan las prácticas de saqueo de recursos, relación indebida entre poder público e inversionistas privados, indica que la corrupción es generalizada en la región y ocurre tanto en gobiernos de derecha como de izquierda. El robo al erario no tiene color ni ideología.
Más allá de allá de la condena liberal de ver a estas clases corruptas como una desviación de la norma de lo que debería ser un “buen gobierno” desde la perspectiva liberal, conviene situar la generalización de casos de corrupción en América Latina como una especie de adaptación de los Estados y sus clases gobernantes a la nueva fase de acumulación de capital que existe en esta región.
Las clases empresariales buscan formas rápidas y codiciosas de obtener ganancias a sus inversiones, aunque eso implique el despojo de territorios, saqueo de bienes comunes y megaproyectos a veces innecesarios. Estas dinámicas de acumulación de capital, usualmente rebasan los marcos legales. Es ahí donde entran en escena el soborno y el pago de coimas a las clases políticas. La corrupción no es una desviación a las normas de los Estados y de las políticas económicas de América Latina. Es su complemento.
Los grandes negocios extractivos como minería, agricultura industrial, turísticos, desarrollos urbanos y comerciales y los grandes megaproyectos de infraestructuras, difícilmente prosperan sin la corrupción. La corrupción es el aceite que permite el funcionamiento de la maquinaria de los intereses comunes entre clases gobernantes y corporativos privados. Las repúblicas Odebrecht son una pésima noticia para América Latina.
El contrapunto optimista ante el desolador paisaje de corrupción, es un periodismo sano que investiga y desnuda estas rapiñas y a los buitres que las cometen y que al mismo tiempo acompaña a las sociedades latinoamericanas en su reclamo de terminar con este flagelo y que aspiran a tener gobiernos decentes y al servicio del interés común.
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