Este domingo, los ciudadanos de Puebla y Baja California votan para elegir nuevo Gobernador. Las administraciones salientes les dejan altas deudas (que intentaron ocultar), más violencia y huellas de represión ante la protesta social.
Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– Este domingo están llamados a votar 13.5 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.
Luego del accidente aéreo el 24 de diciembre donde falleció la Gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, en Puebla se elige en elecciones extraordinarias a Gobernador y cinco ayuntamientos; y en Baja California también se vota a Gobernador, así como a 25 diputaciones, y se renueva a cinco ayuntamientos.
Además, Aguascalientes vota para 11 ayuntamientos; Durango para 39 ayuntamientos; Quintana Roo a 25 diputaciones; y Tamaulipas a 36 diputaciones.
¿ADIÓS AL MORENOVALLISMO EN PUEBLA?
El estado de Puebla ha sido gobernado desde 2011 por el grupo político morenovallista. El Senador panista Rafael Moreno Valle, quien también murió en el accidente de diciembre, administró a la entidad de febrero de 2011 a enero de 2017, con miras a la Presidencia de la República. Luego su cercano Antonio Galí Fayad tomó el mando de febrero de 2017 a diciembre de 2018, y Martha Érika Alonso estuvo en el cargo un mes, en medio de cuestionamientos de Morena por presunto fraude electoral.
Sus gestiones serán recordadas por ocultar el monto de endeudamiento a través de Evercore, la represión simbolizada en el intento de «La Ley Bala», y la supuesta complicidad con el huachicol, actividad en la que también participan niños y se ha extendido del Triángulo Rojo al centro de la entidad.
Al término del gobierno de Galí, el entonces Secretario de Finanzas Enrique Robledo Rubio reportó que el estado tenía una deuda de 7 mil 357 millones de pesos, equivalente a un 1 por ciento del PIB.
«Estamos en semáforo verde sobre deuda pública y Puebla es uno de los cuatro estados con mejor escenario crediticio, ello también se refleja con las calificaciones emitidas por asociaciones internacionales», presumió ante el Congreso local en diciembre.
Pero su sucesor en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido encontró otros números. El Secretario de Finanzas Jorge Estefan Chidiac aseguró que la deuda de Puebla ronda los 30 mil millones de pesos, que incluye deuda directa y Proyectos de Prestación de Servicios, deuda ante el fisco, pasivos laborales, expropiaciones que no se pagaron, créditos fiscales, entre otros rubros.
Expuso que más de 20 mil millones de pesos del endeudamiento al primer trimestre de 2019 corresponden a las obras del Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios y las plataformas de Audi, a pagar hasta en 30 años.
El Fideicomiso que Evercore Casa de Bolsa administraba en Puebla le permitió a Moreno Valle, después de una serie de modificaciones legales, construir obras, comprometer ingresos estatales hasta por 30 años y, al final, mantener sin aumento el registro de su deuda pública. Estefan Chidiac anunció que se cancelará.
La otra huella es la polémica «Ley Bala», que ocasionó la muerte del niño José Luis Tehuatle, de 13 años de edad, al recibir una bala de goma durante un enfrentamiento entre policías y pobladores del municipio de San Bernardino Chalchihuapan que se manifestaban el 9 de julio de 2014 para exigir la restauración del Registro Civil en las juntas auxiliares.
Dos meses antes, el 7 de mayo de 2014, Moreno Valle había enviado al Congreso local una iniciativa de Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, la cual establecía un criterio de proporcionalidad en el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales y se permitía la aplicación de armas letales como último recurso.
En solo un año, de 2014 a 2015, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla registró 134 personas detenidas por participar en manifestaciones.
Hasta septiembre de 2018 la Ley fue derogada por el Congreso poblano.
BAJA CALIFORNIA, ETERNO BLANQUIAZUL
La gestión del Gobernador Francisco «Kiko» Vega de la Madrid dejará a la entidad endeudada, con mayor violencia, sobre todo en Tijuana, y la incógnita sobre la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali pese a la oposición ciudadana por el riesgo a escasez de agua en una zona desértica.
Tras 30 años de gestión panista iniciada con Ernesto Ruffo Appel en 1989, Baja California carga una deuda oficial de 20 mil millones de pesos, que ha orillado a recortar apoyos sociales, y suspender obras públicas como vialidades y hospitales.
Solo a la Universidad Autónoma de Baja California se le debe mil 44 millones de pesos, «una deuda histórica», calificó su rector, Daniel Octavio Valdez Delgadillo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló ocultamiento de deuda. El Gobierno de Vega de Lamadrid ha acumulado 4 mil 649 millones de pesos en malos manejos y presuntos desvíos de fondos relacionados con la deuda pública interna, y ocultó 802 millones de pesos de endeudamiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), determinó el órgano fiscalizador.
Además, Constellation Brands ha intentado instalar su planta cervecera en Mexicali, pese a la resistencia social que incluyó el encarcelamiento del activista León Fierro Reséndiz en mayo de 2018.
La productora de marcas como Corona o Modelo ha argumentado que solo empleará 1.75 millones de metros cúbicos anuales de agua para producir cinco millones de hectolitros al año, información validada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el candidato ganador solo gobernará dos años hasta octubre de 2021.
