Durante la Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la Vía Civil celebrada en Ciudad de México, intervinieron expertos pertenecientes a los organismos convocantes del evento y a instituciones públicas solicitando, en su mayoría, que no se de una «militarización de la policía».
México, 21 de mayo (EFE).- Expertos en materia de seguridad en México pidieron este martes que se busque una alternativa a la militarización para garantizar los Derechos Humanos, en relación a la puesta en funcionamiento de la polémica Guardia Nacional.
«Estamos convencidos de que la decisión correcta reside en tomar medidas a favor de la sociedad civil. (…) Para nuestra oficina es imprescindible asegurar la naturaleza civil de la Guardia Nacional», comentó el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
Durante la Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la Vía Civil celebrada en Ciudad de México, intervinieron expertos pertenecientes a los organismos convocantes del evento y a instituciones públicas solicitando, en su mayoría, que no se de una «militarización de la policía».
La Guardia Nacional es un organismo que tendrá el objetivo de reducir los altos índices de delincuencia que sufre el país, donde el pasado año se registraron 33 mil 369 asesinatos, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997.
Este organismo -conformado por militares, marinos y policías federales- causó polémica en un inicio dado que López Obrador pretendía que tuviera una dirección militar, lo que fue criticado por la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Finalmente, tras un acuerdo entre todos los partidos políticos mexicanos, se estableció que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil, una dirección policial y los militares solo participaran en ella durante cinco años, para luego regresar a los cuarteles.
El representante de ONU-DH aseguró que esta militarización es lo que se ha venido utilizando «por más de una década» durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En ambos periodos aumentaron los índices de violencia y tanto ciertos organismos internacionales como la sociedad civil pidieron el retiro de fuerzas armadas de las calles.
«Tenemos que reflexionar sobre las causas de la falta de éxito. Problema es que no se ha invertido esfuerzo en crear un cuerpo de policía de cuerpo civil», insistió.
Por su parte, la coordinadora del Área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), Issa Luna Pla, instó a los participantes en el evento y a la sociedad en general a buscar la manera de «cuantificar este fenómeno (la violencia).
Y entenderlo a partir de los datos» para después buscar mecanismos «de prevención y encapsulamiento».
Otro de los ponentes fue el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González Pérez, quien concordó con sus compañeros de panel y comparó el nacimiento de este cuerpo con la fallida Ley de Seguridad Interior de 2017, ya que, según él, perpetúan un mismo sistema.
Respondiendo a las críticas, el jefe de la Oficina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, recordó que, a pesar de la gravedad de los índices de violencia en México, el Senado aprobó una estrategia nacional de Seguridad Pública que «podrá ser cuestionable pero ya es una hoja de ruta».
También insistió en que en la capacitación de la Guardia Nacional contempla la educación en derechos humanos.
Recordó, asimismo, que «la Guardia Nacional no busca sustituir a fuerzas policiales estatales ni municipales».
Tras la conferencia inicial, Samuel Storr, consultor del Programa del Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, presentó el informe de este organismo sobre «Intervención Militar en la Seguridad Ciudadana», mediante el que se atestiguó que se desconoce cuál es la formación en derechos humanos de los cuerpos de seguridad.
En este informe también se recogen datos que reflejan el aumento de elementos militares y las dificultades para medir cifras como el armamento militar, las acciones militares o las detenciones llevadas a cabo por fuerzas armadas.
Entre enero y abril pasado, el Secretariado reportó 11.221 homicidios acumulados en el año, una cifra que es el 6,7 % mayor a respecto a la misma estadísticas del año anterior, cuando se registraron 10.512 asesinatos.
