El cártel de Los Zetas, que tuvo su expansión en Veracruz con el respaldo político de altos funcionarios estatales, no está extinguido en esa entidad. Algunos de sus más destacados representantes ahora se escudan en las entrañas del Tribunal Superior de Justicia, encabezado por Edel Álvarez Peña, exalcalde de Coatzacoalcos, uno de las demarcaciones que lleva más de una década sumida en la violencia criminal.

Es el caso de Manuel Fernández Olivares, señalado en investigaciones federales como una pieza importante de Los Zetas, quien desde el poder judicial, donde ha fungido como juez de distrito, ha servido a los intereses de esa organización criminal liberando a presuntos delincuentes ligados a ese grupo delictivo.

La historia de Fernández Olivares, conocido en el mundo del hampa como “El Pámpano”, es larga y en ella están entreverados nombres de políticos y abogados que presuntamente se relacionaron con Los Zetas desde hace varios años.

Los expedientes hablan: En el año 2011 fue capturado en Veracruz Luís Hernández Lechuga, El Lucky, cabecilla de Los Zetas en la plaza de Veracruz; meses después, en octubre de 2012, durante la implementación del operativo “Veracruz Seguro”, fueron aprehendidos otros presuntos miembros de ese cártel: Cristopher Fuentes Letelier, “El Chuletón”; Ignacio Valdez Ramírez, “El Chilango” y Gerardo Trejo Cruz, “El Trejo”, quienes formaban parte de la estructura operada por “El Lucky”. La carrera de este sujeto creció con el apoyo de altos funcionarios estatales y de políticos priistas.

Estos criminales fueron interrogados por Pedro Alberto Huesca Barradas, entonces fiscal investigador especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina, desaparecido después presuntamente por el crimen organizado.

En las declaraciones que rindieron –expediente 947/2012/VER-FIEAFTVS –los detenidos incriminaron a Fernández Olivares: afirmaron que era uno de los agentes del Ministerio Público aliados de Los Zetas a quien por sus servicios entonces le pagaban cien mil pesos en efectivo.

Fernández Olivares, “El Pámpano”, según sus antecedentes, empezó su carrera en la procuración de justicia como agente ministerial. Desde entonces se le relacionó en la defensa de presuntos delincuentes, según se afirma en los expedientes consultados. Después saltó al Poder Judicial y ahí sigue, intocable.

Otros anteceden indican que a él se le atribuye la liberación, en el año 2002, del narcotraficante Ubaldo Gamboa Tapia, conocido como “El Uba”, quien fue asesinado en 2004 por sicarios al servicio del capo Albino Quintero Meraz, jefe de la plaza del narcotráfico en el puerto de Veracruz, detenido en 2002 durante un operativo implementado por la PGR y el Ejército.

No es todo: En 2009, un ciudadano denunció a Fernández Olivares por favorecer el desalojo de una vivienda que le fue despojada a sus propietarios por parte de un agente de la policía ministerial que presuntamente estaba relacionado con Los Zetas. Así empezaba a tejerse la historia sucia que, hasta la fecha, carga en su haber Fernández Olivares.

No obstante los señalamientos que pesan en su contra desde hace una década por sus presuntos nexos con el crimen organizado –y que constan en la indagatoria PGR/SIEDO/UEITA/114/2009 –Fernández Olivares ha tenido una carrera meteórica en el Poder Judicial veracruzano: en 2017 fue designado Juez Primero de Primera Instancia en Coatzacoalcos.

En julio de ese mismo año, unos meses después de su nombramiento, fue removido del cargo porque presuntamente protegió a Hernán Martínez Zavaleta, un Zeta conocido como “El Comandante” que, según las investigaciones, era el jefe de la plaza en el sur de Veracruz.

A pesar de los señalamientos reiterados que lo relacionan con el narcotráfico, la carrera de “El Pámpano” no se frenó, por el contrario, se encumbró en lo más alto del Poder Judicial tras el arribo de Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.

Actualmente funge como Secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional del Poder Judicial; es asesor jurídico de Álvarez Peña, según se afirma, y con frecuencia se le ve muy cerca del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, en las reuniones de seguridad para la Construcción de la Paz, a las que asiste por recomendación de Edel Álvarez.

Además, tiene acceso a las reuniones privadas y a información sensible, de carácter reservado, donde se discuten los temas de combate a la criminalidad precisamente ahora que la plaza de Veracruz está en abierta disputa entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, respectivamente.

Las investigaciones iniciadas en 2012 –728/2012 –que fueron atraídas por la PGR (actual Fiscalía General de la República) –según se pudo averiguar, no están cerradas, pero extrañamente se han mantenido detenidas durante los últimos nueve años sin que exista desistimiento de los acusadores ni una negativa de ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal.

Y hasta donde se sabe, el caso sigue abierto y forma parte de las pesquisas que aún se siguen en contra de otros personajes veracruzanos que, presuntamente, están relacionados con el cártel de Los Zetas.

Los Zetas se afincaron en Veracruz, particularmente en el sur de esa entidad, en el año 2000, apenas 48 meses después de haber sido fundado. En ese tiempo formaban parte del cártel del Golfo y actuaban como brazo armado. En aquellos años todos sus miembros eran desertores del Ejército Mexicano. Tanto entonces como ahora se caracterizaron por implementar verdaderos baños de sangre en sus intervenciones armadas. A ellos se les atribuye haber puesto de moda la práctica de la decapitación y el descuartizamiento de cadáveres como instrumentos para infundir el terror. Veracruz fue escenario de esa violencia atroz que, por desgracia, todavía prevalece debido a la impunidad que cobija a esos delincuentes.

El cártel del Golfo, bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén, operó en Veracruz desde 1997 y hasta 2003, cuando Osiel fue detenido. De acuerdo con el expediente que da cuenta de la vida criminal de Cárdenas Guillén este personaje –actualmente preso en Estados Unidos –se afincó en el sur de Veracruz y desde ahí operaba el trasiego de droga desde Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

Osiel Cárdenas abrió varias casas de seguridad en Coatzacoalcos, uno de sus bastiones, y desde entonces la región sur de ese estado no ha podido regresar a la tranquilidad: El cártel del Golfo, primero, y Los Zetas, después, comenzaron a controlarlo todo: se infiltraron en las filas policiacas, capturaron a las autoridades locales y se relacionaron con políticos de esa región, cuyo respaldo institucional resultó clave para la expansión de esos grupos criminales.

Los Zetas, que se independizaron como cártel en 2003, llegaron a dominar toda la plaza de Veracruz: financiaron a diputados locales y federales, a presidentes municipales y senadores. Actualmente controlan varias alcaldías. En el norte del estado, por ejemplo, tenían un poder descomunal con su representante Francisco Colorado Cessa, “Pancho Colorado”, fallecido el año pasado en una prisión de Texas, donde purgaba una condena de veinte años por lavado de dinero.

El estado de Veracruz es uno de los más sacudidos por la violencia y la imparable ofensiva criminal en buena medida tiene que ver con la operación de criminales que están protegidos por las autoridades. Apenas hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha las operaciones de la Guardia Nacional.

La matanza de Minatitlán –donde varios sicarios ejecutaron a trece personas en una fiesta presuntamente como acto de venganza porque un empresario de bares y cantinas se negó a pagar el derecho de piso –es el más claro ejemplo del poder que ejerce el crimen organizado en Veracruz, particularmente en la zona sur.

Se sabe que uno de los sicarios, identificado como Adrián González, alias “El Pelón”, era trabajador de Petróleos Mexicanos. Tras perpetrar el multihomicidio acudió a las oficinas de Pemex y solicitó una licencia de tres días, sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores. Se sabe, también, que la policía de Minatitlán y de todo ese corredor petrolero protege las actividades criminales tanto de Zetas como de miembros del Cártel de Jalisco, de ahí que puedan actuar impunemente.

El caso de Fernández Olivares es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado se esconde en las instituciones públicas. Y nadie actúa en consecuencia. Ciertos o falsos, las acusaciones en su contra obran en autos y provienen de declaraciones de miembros de Los Zetas que conocieron a este personaje.

A pesar de las capturas y asesinatos de muchos de sus miembros, el cártel de Los Zetas no está extinguido. Tiene vida y sus piezas están colocadas en la cúspide del poder, incluso en el Poder Judicial –donde se imparte la justicia –como lo acredita el caso de Manuel Fernández Olivares, señalado como uno de sus aliados estelares, quien a pesar de los señalamientos y las investigaciones ni siquiera es molestado, por el contrario, sigue escalando posiciones gracias al apoyo de Edel Álvarez Peña, de quien se afirma que es su padrino político.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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