Más de un 80 por ciento de las mujeres privadas de la libertad es madre y de ese porcentaje, el 60 por ciento de sus hijos es menor de edad (Inegi, 2016). Ante la falta de condiciones dignas para ambos, la organización civil AsiLegal exigió este Día de las Madres a las autoridades del sistema penitenciario acatar los estándares internacionales ratificados y generar mejores opciones de desarrollo para los niños que viven en prisiones mexicanas, como infraestructura para embarazadas o en lactancia.
Ciudad de México, 10 mayo (SinEmbargo).– Para las mujeres madres privadas de libertad el castigo social y del sistema de procuración de justicia se multiplica al ser víctimas de prejuicios, abandono, recriminación y violencia de género que, en la mayoría de los casos, sus hijas e hijos también sufren en el ambiente carcelario, resaltó Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) este Día de las Madres.
Más de un 80 por ciento de las mujeres privadas de la libertad del país es madre (algunas de dos o más hijos). De ese porcentaje, el 60 por ciento de sus hijos es menor de edad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
«El sistema penitenciario no está hecho para mujeres, está hecho por hombres y para hombres, y por lo tanto las cuestiones de género se olvidan. Y tampoco está hecho para los hijos de las mujeres privadas de libertad», aseguró en entrevista José Luis Gutiérrez, director de AsiLegal.
En México, la edad de los niños y niñas que viven con sus madres internas ha oscilado entre los 0 y 6 años de edad, pero a partir de la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal del 2016, se ha modificado hasta los 3 años para el caso de que hayan nacido durante el internamiento de sus madres, y podrá solicitarse su ampliación al Juez de Ejecución si el menor tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de su mamá.
«Los hijos, a pesar de la corta edad, se dan cuenta del mal entorno en el que están viviendo sus madres de violencia a las mujeres, de represión, disciplina sin consideración, así que no contar con prisiones que no cuentan con estándares adecuados a los hijos es muy fuerte», dijo Gutiérrez.
A diferencia del caso de los padres, donde cae poca o nula responsabilidad parental en caso de estar privados de libertad, la tutela sigue siendo responsabilidad de las mujeres madres y generalmente representan el único soporte económico y social de los niños, expuso AsiLegal de acuerdo con los casos llevados en Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas.
«La problemática de una violencia sexual que se le genera a un hijo, por ejemplo, jamás se le va a reprochar al padre, sino a la madre. Como sociedad seguimos replicando esta violencia de género en que se responsabiliza a las mujeres el deber de cuidar», abundó su director.
Una mujer presa en Hidalgo comentó a la organización civil que pese a las adversidades dentro de la cárcel, deben seguir con su rol de madres y buscar opciones que proporcionen el mejor desarrollo posible para sus hijas e hijos, aunque sean muy escasas.
Entre las condiciones adversas que enfrentan madre e hijo, la ENPOL 2016 reportó que a nivel nacional, 33.2 por ciento de la población privada de la libertad (hombres y mujeres) fue víctima de una conducta ilegal como robo, lesiones, extorsión, amenazas, secuestro o delito sexual.
«Desde AsiLegal hacemos un llamado enérgico a las autoridades del sistema penitenciario y corresponsables con la reinserción social, con el objeto de que garanticen condiciones dignas para las mujeres privadas de libertad con énfasis en las mujeres que son madres y viven con sus hijas e hijos dentro de las prisiones de México», llamó este 10 de mayo.
José Luis Gutiérrez, director de AsiLegal, expuso que basta con que apliquen La Ley Nacional de Ejecución Penal, un instrumento que contiene estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres viviendo con hijos a través de medidas alternativas a la prisión o, como dicen las reglas de Bangkok de Naciones Unidas, habilitar servicios o disposiciones para el cuidado del niño.
«No solo es un llamamiento, sino una obligación del Estado al haber ratificado instrumentos internacionales y haber reformado la Constitución en 2011 en donde se incorporaron estándares de derechos humanos», afirmó.
LA DESATENCIÓN DE AUTORIDADES
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó en un informe de 2016 sobre las condiciones de las hijas e hijas de mujeres en centros de reclusión transgresiones a sus derechos humanos en condiciones de estancia, trato digno, salud, alimentación, educación, legalidad, reinserción social, y reveló que algunas autoridades estatales no atienden las necesidades de las madres privadas de libertad iniciando por la etapa del embarazo.
En Baja California, por ejemplo, no hay condiciones aptas para que los hijos menores de tres años puedan vivir con sus madres, por lo que, después de su embarazo, deben separarse de sus hijos.
En otros estados, los hijos e hijas que pueden quedarse con sus madres no tienen acceso a alimentación apropiada para su desarrollo, atención médica y psicológica o educación escolar alguna.
«Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona o institución puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia», enfatizó el órgano.
De sus recomendaciones dirigidas a los gobiernos estatales, Secretarios de Educación y de Salud, así como del Sistema Integral de la Familia, destacan que las autoridades deben privilegiar el derecho de las niñas y niños a convivir con sus madres privadas de su libertad, aun cuando hayan nacido previo al internamiento, y debe existir una planeación presupuestal multianual para contar con instalaciones exclusivas para mujeres embarazadas, en lactancia o quienes tengan viviendo con ellas a sus hijas o hijos.
