Para la mayoría de los mexicanos, la corrupción representa el mayor obstáculo para el desarrollo del país y la equidad social.

Durante los 31 años de lucha (desde 1988), y los 12 años de campaña por la Presidencia de la República, por la nueva transformación del país y en busca de nuevos modelos de producción, educación, redistribución de la riqueza, movilidad social, y de mejores oportunidades para todos los mexicanos, quienes participábamos en ese esfuerzo teníamos una idea ingenua de lo que significaba el combate a la corrupción.

No comprendimos cabalmente qué cosa había crecido tanto en los últimos 80 años o cómo se había consolidado como sistema de transferencia de recursos del Estado a los plutócratas nacionales y extranjeros, ni que esa raíz clavada en el alma de la economía mexicana no iba a extirparse fácilmente. Hoy enfrentamos resistencia de estos grupos, con sus riquezas y poderes construidos sobre el pantano de la corrupción que cubre todo el país.

Vimos cómo, en los últimos 12 años de guerra, los delincuentes se volvieron audaces y ahora carecen de escrúpulos al establecer su poder o defenderlo; son capaces de asesinar, secuestrar y extorsionar a los ciudadanos, aterrorizándolos; pero nunca habíamos visto que un grupo de delincuentes se atreviera a expresarse tan claramente como propietario de los bienes de la nación, ni que se atreviera a amenazar al Gobierno con generar un caos mayor si no comparte con ellos parte de la riqueza, como lo han hecho los ubicados en el núcleo duro de la delincuencia huachicolera. No tienen empacho en declararse dueños de Salamanca y de los ductos que trasladan los energéticos de Petróleos Mexicanos.

Ese descaro viene de toda una práctica repetida durante años, pues ahora sabemos que buena parte de la delincuencia huachicolera se encontraba trabajando precisamente en la paraestatal más importante de México; tanto tiempo se adueñaron ilegalmente del petróleo que llegaron a creer que eran sus dueños auténticos, y ahora se sienten agredidos cuando el Estado reclama su propiedad original.

Es una situación similar a la que viven los secuestradores cuando detienen a su víctima y exigen una cantidad por su libertad, pues se convencen que el dinero que deben pagar los familiares de la víctima ya les pertenece a ellos y es una obligación de los parientes conseguirlo. Esta convicción, de ser los dueños del rescate desde antes de recibirlo, los vuelve más feroces porque han torcido tanto sus valores que ahora creen que tienen el derecho a ejecutar al detenido si no les pagan.

Por esto los mexicanos corruptos creen que tienen derecho a llevarse el dinero de las arcas públicas y hacer negocios ilícitos con la información e influencia adquirida desde su posición política, y por eso se resisten ferozmente a abandonar sus prácticas y a realizar una reflexión sobre sus actos ilegales y sus conductas de abuso del poder, y al desarrollo de las nuevas políticas anticorrupción del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sólo así se explica que el incremento en los homicidios cometidos durante el régimen nuevo esté caracterizado por un alto grado de cinismo, atrevimiento y ferocidad; los delincuentes están convencidos de que están actuando correctamente en este país corrompido, donde unos delincuentes con oficina gubernamental los encubren y administran la distribución de las ganancias ilícitas.

Para los individuos criados y educados en la sopa de la corrupción es incorrecto, casi una traición, que el Estado, dirigido por Andrés Manuel, trate de quitarles sus negocios, ganancias y utilidades, ¿quién se ha creído el pejelagarto para venir a cerrar nuestras fuentes de empleo? Esa es la lógica de los integrantes de los grupos delictivos en este país, y por eso resulta tan difícil enfrentar y tratar de terminar con la corrupción en México: ha alcanzado todos los niveles.

Aquí dos ejemplos locales de la resistencia que oponen los corruptos a los esfuerzos por limpiar algunas dependencias caracterizadas por sus malas prácticas, en este caso el departamento de tránsito y la aduana fronteriza.

El nuevo director de tránsito tomó decisiones para mejorar el servicio de la dependencia, pero encontró que la mejoría del servicio tenía que pasar por una serie de medidas anticorrupción; mientras eran palabras, planes y pequeñas acciones no tuvo grandes problemas, pero cuando se trató de llevar a la práctica los cambios, que significaban reducir importantes áreas de corrupción sistemática, ha tenido que enfrentar a un dragón formado por buena parte del cuerpo de agentes de vialidad.

En circunstancias similares se ve la nueva administradora de la Aduana fronteriza, pues al no llegar con toda la red de control, administración y reparto de los ingresos ilegales producidos ahí en los últimos 100 años, se vio rebasada por las estructuras cotidianas del contrabando durante sus primeras semanas de trabajo. Conforme ha ido tomando control de las áreas que facilitan el contrabando, la reacción contra ella ha sido concertada por todos aquellos que habían construido negocios derivados de él. Diariamente la agreden en los pasquines digitales, la amenazan y exclaman a voz en cuello múltiples negociantes: “con esta mujer no se puede trabajar”, “es que no sabe hacer su trabajo”, “no sabe que cerrar la Aduana a nuestra forma de trabajar, es sacarnos del mercado”, “así no podemos competir con nadie, no entiende que ahí hay dinero para todos”.

¿Por qué actúan así los agentes de tránsito corruptos y los contrabandistas? Porque la corrupción es tan vieja y tan profunda que ellos creen que les ha dado el derecho a vivir fuera de la ley. Por eso Andrés Manuel está enfrentando tanta oposición y resistencia a la implementación de las nuevas políticas para transformar el país.

Gustavo De la Rosa

https://dev.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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