Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, aseguró que la Suprema Corte de Justicia avaló el etiquetado de alimentos con argumentos falsos, ya que evaluaciones de organismos como la UNICEF o el Instituto Nacional de Salud Pública demuestran que, contrario a lo dicho en el proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel, no son entendibles ni por estudiantes de nutrición.
Ciudad de México, 8 mayo (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló con 30 votos a favor y dos en contra los lineamientos para el etiquetado frontal de los alimentos y bebidas. Alejandro Calvillo, director de Poder del Consumidor, aseguró que es una sentencia basada en «mentiras» por lo que podrían llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La desgracia es que es una sentencia basada en mentiras y falsedades», dijo Calvillo en entrevista. «El etiquetado actual no es entendible, es un etiquetado diseñado por la industria, no por la Secretaría de Salud, fue introducido por FEMSA-Coca Cola en México en 2010», acusó.
Los ministros argumentaron que el etiquetado es «entendible y útil», y se basa en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Sin embargo, en una misiva ambos organismos internacionales se deslindaron de lo dicho por el proyecto de sentencia encabezado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, señalada por una resolución polémica en torno a la Supervía Poniente; por designaciones de perfiles afines a cargos dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México; y de posible conflicto de interés por ser esposa de José María Riobóo, contratista del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno.
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El año pasado, el Ministro Fernando Franco presentó un proyecto de sentencia en la SCJN que obligaba a la autoridad a establecer un nuevo etiquetado, pero se votó en contra y se pidió a la Ministra Luna Ramos que realizara un nuevo proyecto. Cuando terminó su ejercicio, la Ministra Esquivel tomó su lugar y heredó el proyecto.
Calvillo enfatizó que lo aprobado va contra la evidencia científica. En 2011 el Instituto Nacional de Salud Pública (INSS) realizó una evaluación con estudiantes de Nutrición de primer año en una universidad privada, la cual concluyó que menos del 3 por ciento lo pudo interpretar. En 2016 el Fondo de Naciones Unidas (UNICEF) por la Infancia concluyó que el etiquetado tipo GDA establecido en México «ha demostrado ser confuso aún para una población con alto nivel educativo».
La sentencia «afecta al prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar el proyecto de sentencia a pesar de los dos votos en contra. Queda muy mal la Suprema Corte y podríamos llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hay muchas mentiras», aseguró Calvillo vía telefónica.
LA COFEPRIS VA POR REDISEÑO
La Alianza por la Salud Alimentaria, a la que pertenece Alejandro Calvillo, ha exigido durante años etiquetados que informen de manera clara si un producto contiene altos contenidos de azúcar, grasas o sal, principales causantes de sobrepeso, obesidad y diabetes.
Calvillo aclaró que, dado que la norma de etiquetado debe revisarse cada cinco años, la sentencia de la Suprema Corte no impide que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) continúen el proceso que anunciaron de rediseño del actual etiquetado frontal en alimentos, acción «que no sucedió con la Cofepris de la administración anterior de Mikel Arreola y de Julio Sánchez que nunca consultaron al Instituto Nacional de Salud Pública».
Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado de la República, José Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris, aseguró que las gestiones pasadas la convirtieron en una «agencia facilitadora» al servicio de los intereses industriales.
Afirmó que se han identificado procesos que han impedido desarrollar un trabajo con responsabilidad social en la salud, ya que menos del 30 por ciento de los procesos se encuentran sistematizados, se encontró una significativa discrecionalidad y falta de compromiso social, además de que se detectaron «relaciones con grupos de interés económicos».
