El Magistrado sostuvo que el periodo de Gobierno que iniciará este noviembre debe de ser de seis años, inhabilitando el octavo transitorio del decreto 112, que es precisamente el que habla del periodo de Gobierno.
Por Alejandro García
Baja California, Tijuana, 8 de mayo (Zeta/SinEmbargo).- Bajo el argumento de que los cabildos de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada no fueron notificados en su momento de las modificaciones a la Constitución local contenidas en el decreto 112, donde se determinó la gubernatura de 2 años, y con ello supuestamente violentar el procedimiento legislativo indicado, la mayoría del Tribunal Electoral de Baja California aprobó el recurso de impugnación de Jaime Bonilla Valdez contra el Consejo Estatal Electora (IEE) respecto al periodo del próximo Gobierno estatal.
El recurso se encontraba dentro del proyecto MI63/2018, que fue presentado por el Magistrado Leobardo Loaiza y fue apoyado durante la sesión pública por Jaime Vargas. La Magistrada presidenta, Elva Regina Jiménez Castillo, voto en contra de forma particular contra el medio de impugnación promovido por el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia por Baja California”.
El argumento de Loaiza se basó en el hecho de que en el año 2014, cuando se aprobaron las modificaciones a la Constitución del estado para lograr la gubernatura de dos años que se disputa este año, es que se vulnero el proceso legislativo ya que el Congreso debió informar a los cabildos para que estos los discutieran y aprobaran, pero solo se hizo con los de Mexicali y Tijuana, olvidando a los demás.
El acto señalado tiene que ser de forma personal, entregando físicamente el documento donde se expliquen las modificaciones con el fin de que los regidores puedan analizar de que se trataron los cambios. En los cabildos referidos no existen actas ni cédulas de notificación de dicha acción.
Sin embargo, aludiendo afectaciones a los derechos políticos del candidato de la coalición por estas omisiones, el Magistrado sostuvo que el periodo de Gobierno que iniciará este noviembre debe de ser de seis años, inhabilitando el octavo transitorio del decreto 112, que es precisamente el que habla del periodo de Gobierno.
Ese transitorio, continuó en su exposición Loaiza, va en contra del artículo 44 de la Constitución local, que determina el tiempo máximo de una persona como gobernador de Baja California. Con ese discurso fue que justificó el presentar el proyecto de una gubernatura de seis años a menos de un mes de la elección.
