El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa basó la estrategia de seguridad en declararle la guerra al crimen organizado en 2006 y la violencia explotó. Hasta hace unas semanas, él tenía decenas de escoltas –ahora sólo 12– pagados por el Estado mexicano para resguardarlo; en cambio, al menos 53 comunidades del norte y sur del país quedaron semivacías porque familias abandonaron su hogar y estilo de vida huyendo de balazos, cobros de piso, secuestros, reclutamiento, amenazas o incendios de casas.
Esas pérdidas llenaron a miles de mexicanos de sufrimiento emocional y económico, dicen informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Al límite de la sobrevivencia, no les quedó opción que dejarlo todo.
Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– «Cuando me soltaron me fui corriendo a mi casa y le conté a mi abuela lo que estaba pasando. Para esto en el pueblo ya se empezaba a salir la gente, todos tenían miedo. Dicen que eran como unos cincuenta hombres con armas sacando a la gente de sus casas, pero yo creo que eran más», contó un niño a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Un testimonio de Sinaloa compartió que en otro caso «el Comisario que se encontraba encargado de la seguridad del pueblo se salió antes que ellos».
Luego de que personas o familias enteras han huido de manera involuntaria de sus hogares, sin sus pertenencias, en medio de balaceras, cobro de piso, secuestros, reclutamiento, amenazas, asesinatos e incendio de casas, al menos 53 pueblos y comunidades del norte y sur del país se han ido quedando solas, las cuales están ubicadas en 36 municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016) de la CNDH. Con base en testimonios, el organismo detectó que el desplazamiento ocurre en familias o grupos de más de 100 personas.
La ausencia de cifras detalladas de poblados abandonados y de desplazamiento interno forzado refleja la falta de reconocimiento del fenómeno por parte de las autoridades, así como un bajo índice de denuncia por miedo o desconfianza. Lo único claro es que, sumado a la experiencia traumática de los conflictos armados, la separación de algunas comunidades de sus tierras ancestrales y la ruptura de sus tradiciones ocasiona en las víctimas un sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico, determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre violencia por la actividad criminal diversificada de los grupos de narcotráfico y la instalación de megaproyectos, los principales efectos en quienes escapan buscando tranquilidad, de acuerdo con la CIDH, son la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de enfermedades y de la mortalidad, la desarticulación social y la inseguridad alimentaria, de salud y educación.
Una niña de 8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí, contó a la CIDH un testigo del desplazamiento de 58 familias de la Sierra de Totoloapan, Guerrero.
A la CNDH, le narraron que un padre de familia de Sinaloa se quedó sin empleo en un lugar donde extorsionaban, secuestraban y mataban a los propietarios de los ranchos. La familia huyó y se sienten más seguros allá, «pero viven en una situación precaria, ya que no gozan de los mínimos servicios de agua, luz, alcantarillado… por lo que toleran vivir así, en vez de vivir inseguros».
Como regla general, las personas desplazadas enfrentan condiciones precarias de vivienda en los lugares en donde se han reubicado posterior al desplazamiento, expuso la CNDH.
«LO TUVIMOS QUE DEJAR TODO DE REPENTE»
En México, tras más de una década de una guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa que cuenta con 12 escoltas, al menos 329 mil 917 personas han sido internamente desplazadas por la violencia de 2006 a la fecha, de acuerdo con registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Solo de enero a diciembre del año 2017, basado en reportes de prensa la CMDPDH registró en el país 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, que impactó a 20 mil 390 personas de nueve estados del país (sobre todo en Chiapas, Guerrero y Sinaloa).
«A casi 12 años de haber sido declarada y puesta en marcha la Guerra contra las Drogas, la problemática del desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es un elemento necesario para la construcción de una política pública para la atención y protección de las víctimas de ese fenómeno en el país», alerta la organización civil en su informe «Entre la invisibilidad y el abandono» (2019).
«El desplazamiento interno forzado en México ha sido abordado aisladamente y sus víctimas acalladas, invisibilizadas e incluso criminalizadas por las autoridades del Estado mexicano», acusa.
Un joven de 20 años recordó que cuando un grupo armado entró a su casa y lo encañonaron, su abuelo de 85 años estaba acostado en la hamaca, lo rodearon y le apuntaron con pistolas. Su mamá y él huyeron.
«Mi abuelito se quedó, no hubiera aguantado estar amontonado con tanta gente. Lo dejamos en casa de una tía donde a él no le gusta mucho, porque donde estaba contento pues era con nosotros, porque se come sus cuatro tortillas y ya hasta estaba engordando y agarrando color. Ahora que lo fui a visitar se me puso triste de vuelta. Ya vaciaron mi casa y envenenaron a los animales… Lo tuvimos que dejar todo, así, nada más, de repente, la casa, la gente, los animales… y al abuelo», evocó en testimonio a la CNDH.
En su Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016), este organismo autónomo alertó que «al dejar desprotegida a la población en riesgo de desplazamiento forzado interno, las autoridades de Seguridad Pública están generando impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población».
Un comisario ejidal de Guerrero escribió en una carta de agosto de 2013: «Me dirijo a usted Señor Gobernador de la manera más atenta y respetuosa, para solicitarle a nombre propio y a nombre de 120 personas que fuimos afectadas en nuestra comunidad, ya que un grupo armado nos obligó a salir de ella, quemando algunas de nuestras viviendas y llevándose nuestras pertenencias».
CASOS DE CHIHUAHUA Y GUERRERO
El desplazamiento forzado ocurre de norte a sur. Isela González Díaz, antropóloga de Alianza Sierra Madre en Chihuahua, y Abel Barrera Hernández, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero, han visto cómo el fenómeno se ha agudizado los últimos años.
De 2009 a 2014, el 6.5 por ciento de mexicanos que migraron a otro estado por inseguridad pública o violencia representa un estimado de 185 mil 936 personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Tamaulipas (22.08 por ciento) y Chihuahua (14.27 por ciento) fueron las entidades donde las personas más declararon haberse cambiado por motivo de inseguridad pública o violencia en ese periodo de cinco años.
Isela ha acompañado a los pueblos indígenas del municipio de Guadalupe, al sur de la entidad norteña, que defienden su territorio y recursos naturales. Pero desde 2011, cinco años después de iniciada la guerra, comenzó un desplazamiento silencioso a raíz de las actividades diversificadas de la delincuencia organizada que, además de traficar drogas, violentaban con el cobro de piso, toques de queda y secuestros. Años después se sumó otro tipo de desplazamiento: el de indígenas defendiendo su tierra.
En la comunidad indígena de Colorado de la Virgen, asentada en un territorio de 40 mil 500 hectáreas, comenzó el desplazamientos luego de que el crimen los despojaba y asesinaba a los defensores del territorio. Los sobrevientes debían huir de la sierra Tarahumara antes de poder realizar sus rituales de despedida a los difuntos, de acuerdo con la costumbre rarámuri. Sin cerrar el duelo.
«Son personas que llegan en condiciones emocionales malas. Algunas víctimas siempre con el anhelo de querer regresar, contrastan las actividades que hacían y lo que hoy tienen», narró Isela.
A la pérdida de su entorno ecológico y cultural, su ganado o parcelas, se suma la pérdida de seres queridos. «Los tiene con mucho temor, con síndrome de ansiedad y de tristeza sin cerrar duelos, entonces deben ser acompañadas. Llegan a Chihuahua (Chihuahua) sin conocer nada cuando estaban acostumbrados a andar de manera libre en el campo, asoleando su ganado, a sembrar, a estar en su casa», compartió. Para la activista Isela González, cuya organización Alianza Sierra Madre se ha coordinado con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, lo que falta es que se reconozca en términos legales a las víctimas de desplazamiento forzado como eso: como víctimas.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha detectado el desplazamiento en la región central de Guerrero en los municipios náhuas de Zitlala y Chilapa por el conflicto entre Los Ardillos y Los Rojos, así como en la Sierra, donde se concentra la producción de amapola y con ello la disputa armada por un territorio abandonado por las autoridades desde hace décadas.
El antropólogo expuso que las familias han sido orilladas a aliarse del lado de un grupo del crimen o comprar productos solo a determinados comerciantes. De lo contrario, hay desapariciones o asesinatos, sobre todo de hombres por lo que las principales víctimas de desplazamiento en esa zona son mujeres indígenas, quienes no dominan el español y son revictimizadas por las autoridades.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que el 54 por ciento de las personas que se mudaron a otro estado por la inseguridad pública o violencia entre 2009 y 2014 eran mujeres, los niños de cinco a catorce años aparecen como un grupo especialmente vulnerable y más de la mitad de las víctimas de desplazamiento tiene entre preescolar y secundaria como grado máximo de estudios.
Las familias de Chilapa y Zitlala (y comunidades aledañas), víctimas de asesinato o desaparición de familiares huyeron luego de que, dijo Abel, buscaron con la autoridad que se investigara pero no hubo resultados. En un caso, 60 familias se desplazaron a Copalillo para pedir auxilio y un espacio dónde reubicarse.
«No les ha quedado otra opción que salir. La gente no solo ha perdido a un familiar, sino también pierden la parcela, la casa y vive en la amenaza», expuso.»Mientras haya impunidad y los grupos delincuenciales sigan controlando ciertos territorios, pues el riesgo de cualquier agresión es latente».
En la zona de producción y traslado de amapola hasta Estados Unidos, se disputan los caminos por lo que cercan los poblados e incendian unidades.
«[La Sierra] es la parte más escabrosa e inhóspita junto con La Montaña», enfatizó Abel. «Es un lugar pobre con una producción de enervantes de alta calidad que está muy cotizado en dólares. Son los grandes contrastes que vive Guerrero».
«Esta producción de drogas ha sido a costa de la vida, la violencia, los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos», lamentó.
