16 asesinatos llamaron la atención el fin de semana, de los en promedio 93 cometidos al día en el país, de acuerdo a los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México.

En dos hechos distintos, uno en Minatitlán, Veracruz, y otro en Comalcalco, Tabasco, los crímenes tuvieron varios factores en común, de los cuales destacan tres.

1.- Los asesinos dispararon armas largas en ambientes familiares.

2.- Tres niños fueron agredidos a balazos, uno de ellos fue asesinado.

3.- Los ataques sucedieron en lo que para investigadores mexicanos y extranjeros, es territorio criminal del cártel de Los Zetas.

Es evidente, y así lo han reflexionado los encargados de las investigaciones en ambos estados, que las embestidas a balazos tienen las características de haber sido perpetrados por integrantes del narcotráfico y el crimen organizado. Como se concluyera en la jerga policíaca, fueron ejecuciones al estilo de la mafia.

El primero fue un acto de terror ocurrido en Minatitlán, Veracruz. Los sicarios llegan a donde se desarrolla una fiesta familiar y abren fuego. Aun cuando aseguran iban a matar a una persona determinada, disparan de manera indiscriminada sobre otros que departían en el lugar. Al finalizar las ráfagas, catorce personas fueron asesinadas. Entre ellos, un bebé de un año de nacido.

El terror fue para quienes la vida les fue arrebatada y para quienes sobrevivieron la masacre. Fueron estos últimos, testigos de la pérdida de valores y del respeto a la vida. Fueron torturados al momento de ser obligados a observar los asesinatos. A escuchar los disparos. A ver la indefensión de las personas acribilladas. El mensaje criminal fue claro: nadie se salva. Las víctimas colaterales no importan.

En Comalcalco, Tabasco igual. Dos mujeres, tía y sobrina, viajaban en familia acompañadas de dos menores. Uno de un mes de nacido, el otro de siete años. Los sicarios las atacaron cuando se encontraban en el vehículo. Les dispararon sin piedad. Les destrozaron la cara, el cuerpo. El niño de siete años fue herido, a saber, el de un mes de nacido también.

La indignación nacional por estos 16 asesinatos de los 93 cometidos diariamente en México, se debió a la afectación directa a tres menores, uno de los cuales fue asesinado a balazos. Los sicarios no respetan a las familias, los narcotraficantes asesinan a diestra y siniestra. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de Veracruz hasta estar en Ciudad de México el lunes 22 de abril, y no cuando visitó aquel estado un día antes.

El hartazgo social ante la inseguridad que se vive en México va en incremento y no es para menos. Con todo y que el Presidente López Obrador tenga “otros datos”, la realidad es que el primer trimestre de 2019, y por tanto parte del primer cuatrimestre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es el más violento del que se tenga registro desde 1997, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las cifras de esa instancia y confirmadas por la organización Semáforo Delictiva, determinan que entre enero y marzo de 2019 fueron asesinadas de manera violenta en México, 8 mil 493 personas. Desglosada la cifra, 2 mil 855 en enero, 2 mil 802 en febrero, y 2 mil 836 en marzo.

El problema de México, como sucede en Veracruz, en Tabasco, y en la mayoría de las 32 entidades federativas, es que se ha convertido en territorio del narcotráfico. Sea para la producción de drogas, la importación de precursores, la siembra de otras, el tráfico de las mismas en territorio nacional, el trasiego para la ilícita exportación, o la venta al narcomenudeo, pero los estados están tomados por los criminales, que, evidentemente, están rebasando a las autoridades, fiscalías, policías investigadoras, preventivas, operativas, y las que faltan.

La guerra de las drogas continúa en México, pero sin la participación del gobierno. Los cárteles se pelean por los territorios para la siembra o la producción de droga, se agarran a balazos por la venta al narcomenudeo, se asesinan por el control de los puertos de importación y exportación, legales e ilícitos. Por los campos para siembra o para aterrizajes clandestinos, incluso por las personas que se han cambiado de estructura criminal o aquellos que amenazan su estabilidad mafiosa.

El Gobierno federal sin embargo, ya no está en esa guerra. No es prioridad del Gobierno de la República encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a quienes encabezan las estructuras criminales que delinquen en este país, que ordenan los asesinatos, incluidos los de familias y niños.

Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró en una entrevista para el semanario ZETA, “…hemos dicho que hay un cambio en la estrategia para combatir el narcotráfico. Que en lugar de definir objetivos prioritarios como sucedió en el sexenio pasado e incluso el antepasado, particularmente en el sexenio pasado que se definieron 122 objetivos prioritarios vinculados al narcotráfico, se detuvieron 121, no obstante, la inseguridad creció exponencialmente… entonces, nuestra estrategia no es ir por los objetivos prioritarios, sino por las finanzas de las organizaciones criminales, que es lo que les da la capacidad para operar y corromper”.

A excepción de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre bienes de elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, dada a conocer hace unos meses, no se tiene conocimiento de investigaciones y operativos para desmantelar las finanzas de los otros cárteles, el de Sinaloa, Los Zetas, Arellano, por mencionar algunos.

Tampoco se tiene información pública, si es que existe, de aprehensiones de capos de la droga, jefes de células criminales, sicarios, financieros, lavadólares. De hecho, no sabemos a quienes buscan en cada uno de los cárteles, quiénes son los asesinos, quiénes los narcotraficantes, cuáles sus nombres, dónde delinquen, porque ya no son objetivos prioritarios. En el anonimato llevan la impunidad, y la sociedad se vuelve más vulnerable, al no saber de quién cuidarse, a quién denunciar.

La estrategia de atacar las finanzas de los criminales y los cárteles de la droga, es necesaria, pero no debería ser la única base de la política pública para el combate a los cárteles. En la medida que los objetivos, las personas que encabezan a esas organizaciones criminales, dejan de serlo, amplían su ventaja frente a la sociedad y las policías.

Mientras la estrategia de enviar elementos de la guardia nacional a las zonas consideradas de alto impacto en términos de violencia, es para alentar una presencia disuasiva. En la medida que los elementos de las fuerzas armadas estén en las ciudades patrullando calles y avenidas, inhibirán la presencia de criminales impunes, y esto podría incidir en la baja en la comisión de delitos. Hasta que claro, la Guardia Nacional como todas las policías que le han antecedido, se corrompa en su estructura, empezando por ser una policía de aproximación, cercana a la ciudadanía lo mismo que a los criminales.

Los narcotraficantes siguen impunes en México. No son objetivos prioritarios, pero siguen matando, amedrentando, trasegando droga y aterrorizando con asesinatos de familias enteras, de niños, de bebés. El país sigue sin que se ejerza el Estado de Derecho, y ahí, todos son vulnerables.

El Gobierno federal, este como los anteriores, sigue debiendo una estrategia integral de combate al crimen organizado y al narcotráfico. Sí, que acabe con las estructuras financieras delincuenciales, pero también que tenga como objetivo encarcelar a traficantes, productores, lavadólares, y asesinos.

Adela Navarro Bello

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