Empiezo por el final.

La tragedia de Minatitlán es muy similar a lo sucedido en Villas de Salvárcar, acá en Juárez, en 2010. El jefe de un cártel de narcotraficantes ordenó el asesinato colectivo de varios jóvenes que asistían a una fiesta de celebración por el triunfo en una liga de fútbol americano. Ese día murieron 10 jóvenes y cinco adultos, y 10 más resultaron heridos de bala.

En aquel entonces, en oposición al Gobierno de Calderón y a su estúpida declaración explicando los hechos como una riña entre pandillas, tomamos las calles para exigirle atención a la ciudad porque ya no aguantábamos; exigimos la salida del Ejército y la intervención responsable de la Federación para diseñar una estrategia integral que permitiera enfrentar la violencia criminal que dejó a nuestra ciudad inhabitable.

Cuando amainó la tormenta, entre 2013 y 2014, se detuvo a los líderes de los cárteles y, en sus declaraciones ante las cortes norteamericanas, estos reconocieron que un buen número de los homicidios de jóvenes adictos y sin hogar fueron parte de una guerra sicológica, para crear el terror entre la ciudadanía y demostrar que las fuerzas policiacas eran incapaces de controlar la guerra. Así lo explicó el más feroz de los sicarios de los aztecas, Jesús Ernesto Chávez Castillo, «El Camello», quien reconoció haber asesinado a más de 800 personas.

He sido abogado de las víctimas de Salvárcar durante cinco años y sólo se han detenido a cinco de los 20 criminales que participaron, mientras que a otro más se le liquidó en un enfrentamiento con los militares; hemos revisado el caso una y otra vez y la única explicación lógica que hemos encontrado es que fue un acto para aterrorizar a la población, demostrando lo que eran capaces de hacer los sicarios en activo. Y lo lograron, la vida nocturna se acabó, más de 200 mil juarenses salieron de la ciudad, se quedaron abandonadas cerca de 100 mil viviendas, que fueron vandalizadas posteriormente, y vivimos cinco años bajo el terror de la delincuencia.

Dicen que en Minatitlán iban por una persona en específico, pero realmente iban a masacrar a los asistentes indefensos a la fiesta; lo mismo dijeron en Villas de Salvárcar, pero el objetivo real era cometer un asesinato aterrorizante. Esa también fue la estrategia de Pablo Escobar en Colombia al asesinar a gente inocente y así amenaza el Cártel de Santa Rosa de Lima para exigir que le permitan robar impune los energéticos de Pemex.

¿Qué podemos hacer? Lo mismo que hicimos acá, despolitizamos el conflicto, apoyamos a las fuerzas federales, estatales y municipales, y los supervisamos para que hicieran bien su trabajo; incluso los empresarios se impusieron un gravamen extraordinario para enfrentar y prevenir la violencia. Claro que había diferencias entre nosotros, pero era muy claro que los enemigos eran los delincuentes, los asesinos y sus cómplices.

Con relación al memorándum diré que, en estas fechas, han sucedido dos eventos que podemos calificar como históricos en tanto que anuncian la primera buena nueva respecto a la aplicación del estado de derecho mexicano; primeramente la reforma a la Ley Federal del Trabajo para abrir mayores oportunidades a los trabajadores a organizarse sindicalmente y en segundo lugar este memorándum, enviado por Andrés Manuel a la Secretaría de Gobernación, al Secretario de Hacienda y al Secretario de Educación.

El documento pide a sus subalternos establecer prioridades en cuatro puntos específicos: cesar la aplicación punitiva de las leyes de educación y dejar sin efectos las medidas derivadas de la Reforma Educativa; combatir la corrupción en el manejo de las plazas magisteriales y las aviadurías del sector; liberar a los presos políticos, tanto magisteriales como activistas pacíficos por causas sociales; y reparar el daño a las víctimas de la aplicación de la legislación educativa punitiva.

Y a contrario sensu de lo que múltiples analistas han expresado, acusando de anticonstitucional e ilegal el contenido y forma del memorándum, tengo para mí que no sólo es totalmente legal, sino que es un compromiso con la puntual aplicación de lo más avanzado de la Constitución; me da pena que juristas destacados pidan que un documento interno, sin efectos jurídicos directos y sin que exista persona alguna que pueda ser perjudicada, exijan que el memorándum se funde y motive.

El origen de las dos exigencias que constituyen el principio de legalidad se ubica en el Artículo 16 constitucional y dice así: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”; pero la fundamentación y motivación de los actos de autoridad se dan en la relación autoridad-gobernado, no en las relaciones cotidianas entre supra y subalternos, y en ese espacio es donde se manejan los memorándums. Estoy seguro de que los juristas han enviado decenas de instrucciones de trabajo a sus subalternos sin motivarlos ni fundarlos en una norma específica.

Los actos que deben estar fundados y motivados debidamente son los actos que realice la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y de Educación, y en cumplimiento del memorándum, deberán sujetar sus actos de autoridad a lo que disponga la ley. No podrán citar como fundamento para sus acciones el memorándum porque sólo un loco podría realizar un acto de autoridad con tales bases, y no fue precisamente en los centros siquiátricos donde AMLO reclutó a sus colaboradores.

Además, y porque he dedicado los últimos 14 años a aplicar en la práctica, en la vida real y a enseñar en la universidad los derechos humanos; considero que los destinatarios del memorándum tendrán suficiente margen para fundar sus actos al traducir sus intenciones en acciones jurídicamente válidas porque, desde 2012, y esto debe reconocérsele a Felipe Calderón, se reformó la Constitución y se cambiaron los paradigmas de interpretación de la ley si el caso concreto se refiere a derechos humanos establecidos en la Constitución o en tratados internacionales.

Se trata de una transcripción casi exacta de un párrafo del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles de 1986, que dice en su primer artículo: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte […] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este sentido lo único que en el fondo dice el famoso memorándum es que se aplique, en casos concretos, el principio de interpretación pro persona que se establece al declarar que “[…] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Decimos que este memorándum es histórico porque es muy extraño que el Presidente de la República enfrente un problema legislativo con valor y ofreciendo una verdadera opción por la justicia, y que haga público un documento que normalmente es clasificado por tratarse de un documento interno.

Calderón y Fox alzan la voz, pero el primero nunca informó el medio que utilizó para ordenar al Ejército que violentara la Constitución al salir a las calles; todos los que hoy se rasgan las vestiduras por el supuesto uso ilegal y anticonstitucional de las facultades del Presidente, en el mejor de los casos guardaron silencio, sino es que aplaudieron, cuando Calderón utilizó al Ejército sin ninguna estrategia definida en el inicio de la guerra que ha costado miles de vidas al país.

Morenos, abandonen el confort que les brinda su reciente inclusión al presupuesto y salgan en defensa de la justicia, de la Constitución y contra el terrorismo delictivo. Salgan en apoyo a su Presidente de la República.

Gustavo De la Rosa

https://dev.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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