Entre los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Estado mexicano mantuvo a ex titulares del Ejecutivo federal con pensiones vitalicias, seguros y aguinaldos, además de protegerlos con elementos de las Fuerzas Armadas y una plantilla de empleados a su disposición. Mientras la élite política estaba segura, la Nación sufrió un repunte de violencia que arrancó miles de vidas, que provocó más de 40 mil desapariciones forzadas, y que perjudica, en la actualidad, a la mayor parte de la población.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Estado Mayor Presidencial (EMP) garantizó la seguridad de la élite política de México durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mientras el Estado fue incapaz de contener la violencia y la ola de delitos del fuero común.
Entre 2008 y 2018, el EMP recibió 795 millones de pesos anuales en promedio para garantizar la seguridad de presidentes y ex presidentes de la República, de sus respectivas familias, además de mandatarios y altos funcionarios nacionales y extranjeros protegidos por ordenes del Poder Ejecutivo federal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 del Reglamento del EMP.
El órgano técnico militar que costó 8.7 mil millones de pesos en 11 años, despidió en noviembre del año pasado al ex Presidente Enrique Peña Nieto con 21 disparos de salva de cañón. Una semana más tarde, el EMP se despidió de sus labores; el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prescindió de sus servicios a partir del día 3 de diciembre de 2018, como parte de sus promesas de campaña política.
“Tomé esa decisión porque no necesitamos 8 mil elementos para cuidar la seguridad del Presidente de la República. Voy a tener 20 ayudantes y me va a cuidar el pueblo de México”, dijo AMLO en septiembre del año pasado.
Con el Estado Mayor fuera de juego, los ex presidentes –como Fox, Calderón y Peña– también se quedaron sin escoltas. Pero el fin de semana pasado, López Obrador informó la creación de una “guardia especial” para proteger –con ocho elementos militares– al ex Presidente Vicente Fox, luego de que un grupo armado tratara, supuestamente, de irrumpir en su domicilio en el estado de Guanajuato.
Asimismo, AMLO dio a conocer que el ex Presidente Felipe Calderón, quien dio inicio a la guerra contra el narcotráfico en 2006, también estaba siendo protegido por una guardia militar, a petición expresa del otrora panista.
«He instruido al General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex Presidente Fox y su familia con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen”, dijo AMLO el 6 de abril de 2019.
Ese mismo día, mientras Fox exigía guardias pagados con recursos del Estado, la entidad federativa donde nació (Guanajuato) sufrió una racha de violencia que acabó con una veintena de vidas, incluido dos menores de 5 y 7 años de edad.
Entre 2017 y 2018, dicho estado tuvo el mayor deterioro en materia de seguridad, con un alza de 127 por ciento de su tasa de homicidios, según datos del Índice de Paz México (IPM) 2019. Esto en un país en que 93 millones de mexicanos viven en condiciones de violencia y donde la delincuencia organizada ha ido en aumento, al menos desde 2006, con 11.6 por ciento más en 2017-2018, de acuerdo con cifras del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
La “crisis de violencia” que azota al territorio nacional se debe a la debilidad de las instituciones de seguridad y de justicia, pero sobre todo, a la incapacidad del Estado mexicano para pacificar al país, explicó ayer el director del IEP Carlos Juárez, durante la presentación del IPM 2019.
VIOLENCIA Y PRIVILEGIOS
En un México en que hubo más de 34 millones de delitos cometidos en 2017, donde más del 97 por ciento de los crímenes quedó impune, en que la cifra negra (delitos no denunciados) supera el 90 por ciento de los casos, donde el gasto en el sistema de justicia “es la mitad del promedio de la OCDE” y en que hubo un repunte de la violencia en 2018, según datos del IPM 2019, el Estado tiró la casa por la ventana para proteger y cuidar a sus ex presidentes.
Durante años, el Estado mantuvo a ex titulares del Ejecutivo federal con una pensión vitalicia, un seguro de gastos médicos mayores y un aguinaldo, además de protegerlos con elementos de las fuerzas armadas y poner a su disposición una plantilla de al menos 25 empleados para que desarrollaran cualquier actividad.
Inclusive, el 23 de enero de 2004, durante el sexenio de Fox, el Reglamento del EMP fue modificado para actualizar la estructura, organización y funcionamiento del Estado Mayor como órgano técnico militar y como unidad administrativa de Presidencia de la República. Con el aumento de atribuciones, empero, coincidió el aumento sostenido del presupuesto del EMP.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que, entre 2008 y 2018, el presupuesto del Estado Mayor tuvo un aumento real de 48 puntos porcentuales.
A pesar de que en ese mismo periodo el gasto federal en seguridad pública fue incrementado en 84 por ciento (de 22.9 a 47.3 mil mdp), los recursos federales y estatales de algunos de los principales subsidios para la erradicación de la violencia nacional no tuvieron la misma prioridad que el cuidado de la alta burocracia mexicana y fueron a la baja.
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), por ejemplo, tuvo 18 por ciento menos recursos entre 2013 y 2018. Esto implicó un déficit de 2.2 mil millones de pesos para una de las estrategias más importantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la atención de factores de riesgo y protección vinculados al crimen.
Asimismo, los recursos públicos estatales destinados al Sistema de Seguridad Pública Nacional fueron a la baja entre 2008 y 2018. En ese tiempo, el presupuesto en este rubro decreció en poco menos de un punto porcentual, con un déficit presupuestario de 6 millones de pesos.
En cambio, otras estrategias nacionales de combate a la violencia y al crimen tuvieron un incremento presupuestario proporcionalmente menor al del EMP –por parte del Poder Ejecutivo federal– durante el periodo 2008-2018.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), que está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y que sirve para que los estados den cumplimiento a las estrategias nacionales en materia de seguridad pública, tuvo un incremento real de 18 por ciento en 11 años, equivalente a 989.5 millones de pesos adicionales.
Entre las excepciones, no obstante, estuvieron el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) –creado en 2016 con la fusión de subsidios como el SUBSEMUN y el SPA– y las erogaciones para la “profesionalización de las instituciones de seguridad pública» de la Segob.
Mientras que el presupuesto del FORTASEG aumentó en 51 por ciento real con 1.3 mil millones adicionales, los recursos destinados a la profesionalización institucional fueron duplicados, al pasar de 585.7 millones en 2008, a 1.5 mil millones en 2018.
Con todo y aumento presupuestario al gasto federal en seguridad pública, el aumento de recursos no se tradujo en mejores niveles de paz en México.
En el periodo que va de 2000 a 2018, la tasa general de crímenes por cada 100 mil habitantes en México aumentó en nueve puntos porcentuales, equivalente a 723 mil 560 reportes adicionales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Asimismo, la tasa de homicidios aumentó en 57 por ciento con 39 mil 488 casos más. Sin embargo, sólo en 2018, el repunte de 14 por ciento en la tasa de asesinatos implicó 34 mil vidas perdidas adicionales a las de 2017, según cifras del IPM 2019.
En México, la “falta de profesionalización” de las instituciones de seguridad, de organización y de prevalecía del uso de la inteligencia sobre la fuerza en el combate a la violencia son algunos factores que minan el desarrollo de paz en México, comentó Leonel Fernández, directivo del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, durante la presentación del IPM 2019.
Según las cifras más recientes del IEP, “México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio global de 16”, cuyo déficit se traduce en menor número de casos en tribunales, bajas tasas de condenas y por ende, más impunidad.
Esta situación se ve agravada ya que, hasta 2017, “los estados mexicanos registraron una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, lo que muestra la falta de recursos humanos suficientes”.
