El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una postura firme contra el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte durante su campaña electoral, presentando su caso como la mayor muestra de corrupción e impunidad en México.
Pero su retórica se ha suavizado notablemente desde que fue elegido, lo que hace pensar que su programa de lucha contra la corrupción es sólo superficial.
Ciudad de México, 7 de abril (InSight Crime/SinEmbargo).–Funcionarios vinculados al gabinete de seguridad del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, han sido absueltos de todos los cargos o han quedado libres antes de tiempo, lo que vuelve a generar sospechas de que uno de los peores escándalos de corrupción de México se esté ocultando bajo la alfombra.
El 15 de marzo, Flavino Ríos Alvarado fue absuelto de múltiples cargos de tráfico de influencias y abuso de autoridad durante la época en la que ejerció como Secretario de Gobernación en la administración de Duarte. Dos días después de asumir el cargo como Gobernador interino tras la precipitada renuncia de Duarte en 2016, Ríos Alvarado supuestamente consiguió un helicóptero para facilitar la huida de Duarte.
Javier Duarte ejerció como Gobernador de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2010 y 2016, y su administración llegó a ser conocida como una de las más corruptas de México. Su Gobierno está acusado de malversar más de 45 millones de dólares de fondos federales, así como de participar en el aumento de las desapariciones forzadas, que convirtió a Veracruz en uno de los estados más peligrosos del país. Duarte renunció a su cargo poco antes del final de su mandato, pero huyó del país en lugar de enfrentar los cargos, permaneció prófugo durante seis meses, y fue finalmente capturado en Guatemala.
Ríos Alvarado es el sexto funcionario de Duarte que ha sido liberado desde que la actual administración del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) asumió el poder del Estado el 1 de diciembre.
Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública, Mauricio Audirac Murillo, ex tesorero de Duarte, y Francisco Valencia García, ex Secretario de Obras Públicas, fueron liberados y quedaron bajo medida de aseguramiento pocos días después de la llegada del nuevo Gobernador, aunque todavía hay cargos en contra de ellos. A María Georgina Domínguez Colio, quien ejerció como portavoz de Duarte, se le concedió arresto domiciliario en febrero, y su secretario privado, Juan Antonio Nemi Dib, fue exonerado el 12 de marzo.
Dado el peso de las acusaciones contra estos ex funcionarios, que incluyen una enorme malversación de fondos, tráfico de influencias y abuso de autoridad, la cadena de precipitadas liberaciones ha causado revuelo en Veracruz. El caso más llamativo es el de Bermúdez Zurita, quien además está acusado de participar en la desaparición forzada de 15 personas que luego fueron halladas muertas.
Funcionarios de diferentes vertientes políticas de Veracruz han condenado públicamente las liberaciones, entre ellos el actual Gobernador Cuitláhuac García, del partido Morena. Pero el momento en el que esto ocurre no deja de generar sospechas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una postura firme contra Duarte durante su campaña electoral, presentando su caso como la mayor muestra de corrupción e impunidad en México. Pero su retórica se ha suavizado notablemente desde que fue elegido, lo que hace pensar que su programa de lucha contra la corrupción es solo superficial.
Demonizar casos indignantes como el de Duarte es una táctica conveniente para ganar votos de todos los frentes políticos. Pero la erradicación de la corrupción sistémica es una tarea más difícil y compleja.
Arturo Ángel, periodista veracruzano consultado por InSight Crime, explicó que, a pesar de la supuesta autonomía de los fiscales mexicanos, el enorme retraso en los casos significa que algunos requieren de apoyo político para que avancen. López Obrador ha expresado repetidamente su renuencia a hacerlo, aduciendo la necesidad de mirar hacia el futuro en lugar de participar en “cacerías de brujas” políticas.
Los funcionarios de la administración Duarte han tenido por costumbre refugiarse bajo el manto de otros partidos políticos, tanto de la administración de Miguel Ángel Yunes, que ocupó la gobernación entre 2016 y 2018, como de la actual administración de Morena, a cargo de Cuitláhuac García, como lo registró Proceso en noviembre. En este contexto, la promesa de López Obrador de no llevar a cabo cacerías de brujas políticas parece una excusa velada para no invertir recursos en los heredados casos de corrupción que involucran a estados como Veracruz.
Sin embargo, el partido Morena ha sido acusado de mayores niveles de complicidad con la administración Duarte en Veracruz. Desde 2016 han abundado los rumores de un “pacto electoral” entre Morena y el PRI, según los cuales Morena presuntamente recibió dineros de Duarte para que se hiciera el de la vista gorda frente a sus malas conductas, con el objetivo de marginar electoralmente la coalición de PAN-PRD, rival de Yunes.
Si bien no se ha presentado ninguna prueba que sustente estos alegatos, la pronta liberación de los funcionarios de Duarte ha aumentado inevitablemente esas sospechas.
Árturo Ángel, sin embargo, advierte que no se deben hacer extrapolaciones apresuradas. Las acusaciones de asociaciones con Duarte se han convertido en un balón político en Veracruz, y todas las partes lo están usando para anotar goles contra sus rivales. Por su parte, la administración de Morena ha acusado al actual Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, cercano aliado de Yunes, de sabotear los cargos contra los exfuncionarios y de llegar a acuerdos para que se les permita intercambiar propiedades por impunidad.
Si bien tales denuncias parecen exageradas, especialmente dada la abierta animosidad que los funcionarios de Duarte han expresado hacia Winckler, Arturo Ángel propone una interpretación más plausible.
“El nuevo Gobernador que llegó, rival de Duarte, presionó a la Fiscalía General para obtener resultados rápidos, pero se cometieron errores en la compilación de estas investigaciones […] Esto causó que algunos de estos casos efectivamente fracasaran, mientras que otros han sido bastante cuestionados”, explica Ángel.
Se espera que el próximo mes se abran cuatro nuevos casos contra exfuncionarios suyos, a la vez que otros 26 están pendientes en la Procuraduría General de la República. El avance de estos casos, o su retraso, será un barómetro importante de la voluntad política para avanzar en la agenda anticorrupción en México, y ofrecerá pistas sobre la verdadera alineación de intereses en Veracruz.
