De nada sirvió que los ministros de la Corte echaran abajo la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, de nada sirvió que los senadores trataran de enmendar la plana al Ejecutivo y a los diputados aceptando sesiones de parlamento abierto para discutir los cambios constitucionales para dar paso a la Guardia Nacional. Todo indica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en que la cuarta fuerza de seguridad nacional sea esencialmente militar.

Pocos temas de la agenda pública han logrado un consenso casi unánime como el cuestionamiento al uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En los pasados tres años que se ha planteado la Ley de Seguridad Interior y la propuesta de crear una Guardia Nacional, se han levantado voces en el país y de organismos internacionales cuestionando dichas iniciativas con datos contundentes sobre el riesgo de uso de soldados y marinos en tareas policiacas.

A pesar de ello el Presidente López Obrador se empeña en mantener una Guardia Civil de claro corte castrense como lo asentó el pasado jueves en Guadalajara al confirmar que el nuevo cuerpo de seguridad estará bajo el mando de un militar en activo.

Dijo que ya ha escogido a los mandos de la Guardia Nacional que tendrá un “Estado Mayor, que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional”. Éste comandante, adelantó, va a ser un militar en activo pese a que explícitamente la semana pasada el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y cientos de organizaciones de la sociedad civil exigieron que se respetara que el mando de la Guardia Civil no recayera en un militar.

En un comunicado presentado el pasado 31 de marzo, cuatro colectivos, media centena de organizaciones de la sociedad civil y más de 150 activistas y académicos calificaron de mero “disfraz” civil la conformación de la Guardia Nacional, por lo que exigieron al Presidente López Obrador que construya una Guardia Nacional “verdaderamente civil”, y no insista en militarizar al país.

De otro modo, señalaron en el comunicado, “Sería una militarización que no se atreve a decir su nombre, una simulación y una traición al sentido de la reforma que aprobó el Congreso… debiera ya estar claro que las estructuras militares no han servido ni servirán para atender situaciones de inseguridad pública, máxime cuando más del 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país no son federales, sino del fuero común”, expusieron.

Pero en lugar de atender estas peticiones y exigencias, el Presidente del Gobierno que promete la Cuarta Transformación de la vida pública del país, parece empeñado en la dirección del sentido militar de la Guardia Civil. Con ello, López Obrador parece estaría traicionando los acuerdos parlamentarios y los compromisos que estableció con organizaciones de la sociedad civil en las semanas que el debate llegó al Senado de la República.

Como se sabe, ante los cuestionamientos y el rechazo en la sociedad civil, los senadores aceptaron sesionar como Parlamento abierto y en dichas sesiones se expusieron argumentos contrarios a una guardia militarizada. Parecía que los legisladores escucharon, y cambiaron la iniciativa turnada por los diputados.

No obstante, con el empecinamiento de López Obrador de poner al frente a un militar, se cambia todo el sentido de la reforma aprobada en el Senado. En su justificación para tomar esta decisión, el presidente alega que requiere el apoyo de las fuerzas armadas para enfrentar la violencia y la inseguridad en el país y que ahora las cosas son distintas ya que él, como comandante de las fuerzas armadas, no mandará reprimir al pueblo. Con esta declaración López Obrador parece no conocer en detalle la larga cadena de violación a las garantías individuales y derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Como si la actuación de unas instituciones entrenadas para abatir enemigos pudieran cambiar su formación y su historia sólo por la buena voluntad del actual presidente.  Como si por la sola voluntad presidencial el ejército dejará de ser el instrumento de represión política al servicio de los grupos de poder en turno en la república.

Es una grave decisión que apuntala la tendencia de militarización del país que venía desde los anteriores gobiernos del PAN y del PRI y que lamentablemente continúa ahora en este Gobierno de Morena. Uno que prometió transformación y que está empeñado en continuar con la militarización del país.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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