Botones de pánico que no conectan con autoridades sino con personal incapacitado y escoltas que son ex militares o marinos por poder portar armas son algunos de los servicios de la empresa RCU Sistemas cuestionados por periodistas y activistas que usan el Mecanismo de Protección, por organizaciones civiles y ahora por el Gobierno federal. Desde febrero de 2014, la Segob le dio un contrato por adjudicación directa –sin tiempo para revisar la calidad de su oferta– por 25 millones 300 mil pesos y, pese a la serie de señalamientos desde ese año, se renovó seis veces. Ahora le pagan más de 30 millones, por lo que la nueva administración absorberá la responsabilidad poco a poco.
Ciudad de México, 27 marzo (SinEmbargo).– Martha, defensora de derechos humanos, ha denunciado los abusos de la policía municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. En octubre de 2014, el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le otorgó el acompañamiento de un grupo de escoltas de la empresa RCU Sistemas, con ex militares o marinos como personal, que tuvo «altercados por la falta de capacitación, ética y responsabilidad en su labor de acompañamiento», reveló un informe de Espacio_OSC, compuesto por diversas organizaciones civiles como Artículo 19 y Serapaz.
En octubre de 2012, su hijo Jorge fue detenido por policías municipales, inculpado por presunta portación ilegal de armas, privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio, y liberado hasta 2015 por falta de pruebas.
De 2007 a 2018 la empresa en seguridad y comunicaciones RCU Sistemas, señalada ahora por el Gobierno federal por deficiencias en la operación de sus servicios para el Mecanismo de Protección que atiende a 790 personas bajo a amenaza, recibió contratos por 16 millones 112 mil 546 pesos por parte de Telecomm, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, de acuerdo con una revisión al Portal de Transparencia y a Compranet.
Fue en febrero de 2014, cuando Juan Carlos Gutiérrez Contreras, entonces titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, firmó un contrato por adjudicación directa a RCU Sistemas, representada por Israel González León y registrada desde 2005, por 25 millones 300 mil pesos para la seguridad técnica de los defensores de derechos humanos y periodistas con vigencia al 31 de enero de 2017, de acuerdo con un documento visto por la revista Proceso y no publicado en el Portal de Transparencia.
El contrato fue renovado por los siguientes titulares en seis ocasiones a pesar de los señalamientos sobre la calidad de sus servicios.
«Existe una empresa privada, que es la encargada [exclusiva] de toda la aplicación de los mecanismos que se decidan a cada uno de las personas que están sujetas a la protección y que reportan deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal», dijo este lunes Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Actualmente, documentó, son más de 30 millones de pesos los que se canalizan a esta compañía.
De 2000 a marzo de 2019, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 124 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, 115 son hombres y 9 son mujeres. Veracruz permanece con el mayor registro de asesinatos de periodistas por entidad, con 26. El último caso es el de Omar Iván Camacho, asesinado el 24 de marzo de 2019, en Sinaloa.
RENOVACIÓN PESE A FALLAS
La contratación documentada de 2014 a RCU Sistemas se dio cuando la Junta de Gobierno del Mecanismo estaba encabezada por Lía Limón García (2012-2015), Subsecretaria de Derechos Humanos, y compuesta por miembros de la Segob, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la entonces Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Limón García dijo SinEmbargo que esta empresa estaba trabajando para el Mecanismo de Protección desde la dirección de Perseo Quiroz-Rendon (junio 2012-marzo 2013), antes de que ella llegara al cargo y, aclaró, nunca conoció al proveedor, ya que la responsabilidad de seleccionarlo era de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) entonces dirigida por Juan Carlos Gutiérrez.
«Desde Perseo [Quiroz-Rendón] lo conocían y luego Juan Carlos siguió trabajando con ellos desde 2013. Yo nunca los conocí, y entiendo que siguieron», dijo. «Juan Carlos socializó la información con el Consejo Consultivo».
Jade Ramírez Cuevas, periodista víctima de amenazas, ex integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección hasta agosto de 2015, del que fue beneficiaria, dijo en entrevista que la justificación de Lía Limón, funcionaria desde el calderonismo, era que «tenía que ser adjudicación directa por razones de seguridad y ser un asunto delicado; ese fue el argumento básico para no abrir a una licitación los servicios de protección privada».
Evocó que hubo división y dudas «porque no tuvimos suficiente tiempo de analizar y estudiar los antecedentes, bastante preocupantes, de la empresa que no solo es proveedora del Gobierno federal, sino también para muchos gobiernos locales, municipales de patrullas, balística…».
Limón reiteró durante la charla con este diario que sí se justifica que sea adjudicación al tratarse de un tema de seguridad, pero, acotó, durante su administración no se reportaron quejas contra el servicio de RCU Sistemas.
«Se quejaron de la anterior, no puedo dar el nombre porque la gente que está en el Mecanismo ha recibido amenazas. Y Juan Carlos decía que habían hecho un buen trabajo este siguiente cliente [RCU Sistemas], que la diferencia había sido notable. Pero la verdad pienso que lo hacía genuinamente, sin ningún interés, sino porque daba resultados», afirmó. «Puede ser que se haya vuelto deficiente, pero en mis tiempos no se registró ninguna queja. Juan Carlos quería que fueran ellos porque estaban trabajando bien y los conocía desde Perseo [Quiroz-Rendón]».
Para marzo de 2014, el titular de la Unidad de Derechos Humanos Juan Carlos Gutiérrez Contreras, actualmente coordinador de la organización i(dh)eas, dejó el cargo. Fue sustituido entonces por Víctor Manuel Serrato Lozano (2014-2015), ex director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Civiles de la CNDH, quien renovó el contrato.
«Recuerdo que los beneficiarios hablaban del botón de pánico, pero era un tema de cobertura. Se introdujeron los teléfonos satelitales para quienes vivían en la sierra de Chihuahua, Guerrero. En aquel tiempo, no sé ahora, RCU nos brindó un servicio bueno. Atendía, acudía, mostraba evidencias, recababa firmas de inconformidad de los beneficiarios», dijo. «Durante ese tiempo puedo hablar bien de RCU. Los vehículos que aportaba eran nuevos y los productos que instalaba eran de muy buena calidad. En aquel momento nos sirvió bastante».
Durante su año de administración, resaltó Serrato, ninguno de los beneficiarios salió lastimado o perdió la vida y le resulta «una contradicción» que una crítica del gobierno sea que las escoltas son ex militares o marinos dada la existencia de la Guardia Nacional.
«Comparé los precios de las escoltas que nos brindaba el servicio de Protección Federal y nos salía un 40 por ciento más caros que las escoltas de RCU, que son ex marinos. Tienen la garantía de que saben usar las armas, traen licencia de portación; todo en regla», afirmó.
Las siguientes titulares de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra y Patricia Colchero Aragonés, también renovaron el contrato con RCU Sistemas.
Desde marzo de 2014 Artículo 19 en el reporte «Disentir en Silencio» alertó que no había protocolos o lineamientos para implementación de las medidas por parte de la empresa privada de seguridad a la cual se le adjudicó directamente la provisión de infraestructura y equipo de seguridad, y que correspondía a los funcionarios públicos que conforman el Mecanismo la facultad de supervisión y vigilancia de su correcta implementación.
El ex titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Víctor Serrato, se reunió con Artículo 19, reconoció: «Eran cuestiones, pero no de alto… que impactaran de una manera en que se hiciera inviable esto. Eran cuestiones de coordinación de la gente que atendía las llamadas de alerta. Eran cosas así sobre todo del botón de pánico. Ni siquiera lo cargaban, por lo que se dio un curso a los usuarios. Así se resolvió en ese momento».
En verano de 2015 el informe de Espacio_OSC «Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de Protección» reiteró que entre los problemas detectados por las personas beneficiarias y las organizaciones civiles destacaba «dejar la mayor parte de las medidas en manos de una empresa privada (como la gestión de los botones de pánico o la contratación de parte de los escoltas), sin que exista la debida evaluación y rendición de cuentas. Es pertinente recordar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de evitar la privatización de la seguridad para las personas defensoras de derechos humanos».
Alma, abogada y beneficiaria del Mecanismo en octubre de 2013, dijo sobre sus escoltas que «cuando les pregunto cuál es su entrenamiento… no saben nada. Son elementos retirados del Ejército». Fue levantada por policías en Sinaloa luego de ayudar a una comunidad contra una presa.
«Para la empresa [RCU Sistemas] es más práctico llamar a un hombre empistolado, que ya tiene permiso para llevar armas. Uno de mis ex escoltas era de la Marina, siempre estuvo solo en barcos, sabía manejar sólo montacargas», contó Alma, actualmente desplazada, a Fundar para el informe «Fideicomisos en México».
«No traen chalecos, las radios que usan son como woki toki porque pueden comunicar solo hasta dos kilómetros, así que en una situación de emergencia cómo te comunicas».
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, realizó una solicitud de información para acceder a los datos de los gastos con cargo al fideicomiso de protección de periodistas. Sin embargo, al examinar las facturas que comprueban estas erogaciones, solo conocieron que el servicio de cada escolta armado costaba 34 mil 717 pesos y los equipos de comunicación 2 mil 91 pesos; pero tampoco pudieron saber con qué periodicidad se hacen estos pagos.
FALLAS DE RCU: BOTÓN, ESCOLTAS Y FIDEICOMISO
Al menos desde 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta compañía RCU Sistemas con sede en la Colonia Narvarte, de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, había sido cuestionada por periodistas beneficiarios que se consideraron revictimizados por su mal servicio que encontraron eco en los informes referidos de Espacio_OSC y de Fundar.
A la fecha es la única empresa que provee de tecnología al Mecanismo de Protección, lanzado en julio de 2012, que va desde entrega de botones de asistencia con aplicación de localización, equipo celular, radio o telefonía satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; chalecos antibalas; detector de metales; y autos.
Sobre el botón de pánico, Espacio_OSC detectó un caso en que se debía emitir la alerta a una persona de confianza, además del personal del Mecanismo y de la empresa de seguridad. Pero no funcionó. A veces se activaba sin apretarlo (problema técnico) y cuando sí se usó, el beneficiario no obtuvo ayuda. En otro caso se debía emitir la alerta al personal del Mecanismo y a la empresa de seguridad. Tampoco funcionó.
Mariano, usuario del botón y miembro de la organización «Derechos humanos Tijuana Sin Censura», publicó en septiembre de 2018 en Facebook que era «un engaño», ya que el aparato «no tiene ninguna conexión con ninguna autoridad» y es atendido por «personas inexpertas en el tema de seguridad», que son personal de RCU Sistemas «que terminan diciéndote que marques a la policía de tu localidad».
Cuestiona que la empresa reciba millones de pesos por un servicio que trae, acusó, inseguridad, desconfianza y pone en riesgo la vida de periodistas. «Por lo regular, si tú oprimes la tecla de emergencia tardan en responderte mínimo cinco minutos y cuando, ya sea que te contacten o te comuniques directo a través de la tecla 1, empieza un interrogatorio donde tienes que brindar una clave de seguridad seguido de una serie de preguntas que no se deberían de hacer a personas en riesgo, ya que solo es perder el tiempo», escribió.
O, si solicitas un monitoreo por considerar que tu vida está en riesgo, debe ser cada media hora, no al momento de pedirlo, «lo cual es tiempo suficiente para que muchas cosas puedan sucederte».
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó en la conferencia matutina de este lunes que actualmente hay en uso 792 botones de asistencia, pero del total, 209 de los usuarios lo tienen apagado durante más de 150 días al año; otros 100 lo tienen apagado entre 61 y 150 días del año. Y si bien un número importante, 230, lo tienen activo prácticamente de manera permanente, es de manera muy desigual su uso.
«Además de las fallas que existen en la instrumentación de este sistema donde se pierde la señal, donde no hay georreferenciación, donde no hay respuesta inmediata en ocasiones a la situación de emergencia por parte de la empresa encargada de prestar este servicio, también existe esta falta de confianza y no uso de las medidas de protección que tienen la mayor implantación dentro del Mecanismo», confirmó el funcionario.
«¿Cuál es el argumento que muchos de ellos nos han dado respecto a que por qué no utilizan o mantienen de manera permanente y sistemática prendido el botón de seguridad? Es que dicen que no quieren que la autoridad sepa donde se encuentra», afirmó.
RCU Sistemas también ofrece el servicio de escoltas privadas, pero, observó el informe de Espacio_OSC, las personas que lo integran «son elementos retirados del ejército o de la marina y los costos corren a cargo del Fideicomiso». Sobre la instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras en el domicilio o lugar de trabajo del beneficiario, «la empresa contratada no tiene la capacidad suficiente para que el Mecanismo cumpla con los plazos establecidos en la ley para su implementación».
Además de sobrecostos, el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas confirmó que «la empresa no goza con un permiso de portación de armas, sino que está empleando a marinos o militares retirados que portan el arma de cargo que les permite su jubilación. Y es de las situaciones más delicadas».
Por ello, anunció, está en proceso el reemplazo de las escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas por la Policía Federal Preventiva, y el Presidente de la República pidió que también el área de protección a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuve.
La principal deficiencia observada por la periodista Jade Ramírez es que «es una empresa que da servicio de seguridad privada, pero sus controles de calidad no son muy rigurosos» y careció de sensibilidad para atender a personas bajo vulnerabilidad. Aunque, agregó, el problema de fondo es que la obligación de otorgar protección es del Estado mexicano, pero «se privatizó esa responsabilidad».
Ante las fallas detectadas, el Subsecretario Encinas anunció que, por lo delicado e importante de los servicios de protección a la vida e integridad de los beneficiarios, se extenderá el contrato con la empresa privada con miras a costos de un 15 por ciento menos, mientras se revisa y concreta la migración de los servicios de protección a instituciones de Gobierno, como las escoltas y los botones de emergencia, entre otros.
«No vamos a poner en riesgo a absolutamente a nadie, vamos a mantener los servicios de la empresa, pero bajo un mecanismo de control y fiscalización mucho más directo, estaremos interviniendo el seguimiento de la empresa. Pero con toda seguridad, en el momento en que asumamos esto, como debe de ser, una responsabilidad del Estado que no puede delegarse a un particular, sino que tiene que ser directamente el Estado», dijo.
También se revisan otras empresas privadas que prestan medidas de protección para conocer la oferta y calidad de los mismos. «Quien se tiene que responsabilizar de las medidas y los planes de seguridad es el Estado mexicano», coincidió la ex Consejera del Mecanismo de Protección Jade Ramírez. «No estoy diciendo que se vaya a prescindir de los servicios de la empresa o que sea oportuno cortarlo 100 por ciento. Me parece que hay cosas que puede cubrir esta o cualquier otra empresa, pero el gobierno mexicano es quien debe de asumir la mayor cantidad de responsabilidad».
Encinas Rodríguez agregó que se está llevando a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fideicomiso que maneja los recursos de este Mecanismo, y se está realizando una evaluación externa por parte de las oficinas en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
«Desde luego que es necesaria una auditoría al fideicomiso. No es algo que se deba poner a cuestión, cada año todos los fideicomisos deben someterse a auditoría», dijo la periodista Jade Ramírez.
Fundar expuso sobre el Fideicomiso para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, iniciado en 2012 con 41 mil millones de pesos, que «saber en qué se gastó y el proceso de toma de decisiones para contratar a la empresa es un enigma tanto para las organizaciones civiles que acompañan el proceso, como para aquellas que se encargan de monitorear el manejo de los recursos públicos».
BENEFICIARIOS SE CONCENTRAN EN CDMX Y VERACRUZ
Desde el 1 de diciembre a la fecha, documentó que hay 790 personas bajo el Mecanismo de Protección: 498 defensores de derechos humanos (63 por ciento) y 292 periodistas que representan (37 por ciento). En 10 entidades reside el 62 por ciento de los beneficiarios, destacando la Ciudad de México con cerca del 17 por ciento, Veracruz con el 9.6 por ciento y Guerrero con cerca del 9 por ciento.
En Veracruz, a una periodista asesinada le pagaban sus notas entregándole 50 ejemplares diarios del periódico para que ella los vendiera, resaltó. Y respecto a la Ciudad de México, el subsecretario explicó que se concentra porque la gente tuvo que migrar de su lugar de origen hacia la ciudad.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se tiene el registro de siete periodistas asesinados, de los cuales solo Rafael Murúa Manríquez, de Baja California Sur, estaba bajo la protección del Mecanismo. Y sobre cuatro asesinatos ya fueron identificados y detenidos los presuntos responsables. Omar Iván, periodista deportivo, fue asesinado en Salvador, Alvarado, Sinaloa el domingo pasado.
En el caso de defensores de derechos humanos, van nueve decesos, de los cuales solamente se han esclarecido dos, en particular el caso de Sinar Corzo, en Arriaga Chiapas, y sobre Samir Flores, en Amilcingo, se tienen identificados a tres agresores, pero falta concretar la identificación de los autores intelectuales.
También se hace el seguimiento de periodistas que han sufrido algún tipo de agresión, las más recientes: el de Jesús Hiram Moreno, director del portal de noticias Evidencias, en Juchitán, Oaxaca; y el caso de Miguel Badillo, director de Contralínea, que fue allanado su domicilio el pasado 23 de marzo.
Para periodistas se busca involucrar directamente a los dueño de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores, «ya que cuando se presenta una situación de riesgo no solamente los despiden y no los vuelven a contratar, sino que se estigmatiza a muchos de los periodistas, que cumpliendo con su responsabilidad se van obligados a emigrar del lugar donde desempeñan sus labores», expuso.
«En el caso del gremio periodístico, ni se paga el salario profesional, ni se tiene empleo permanente, la figura del freelance o del outsourcing es la que predomina. En el momento que hay una tragedia de esta naturaleza no cuentan con seguro de vida, no cuenta la mayor parte de los medios con ningún tipo de protección social a los periodistas, que debería ser su obligación», agregó.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es una invención que haya «una prensa fifí» conservadora, pero su gobierno será respetuoso a su libertad de expresión.
«Si la prensa fifí todos los días, un día sí y el otro también se dedican a cuestionar y a veces a calumniarnos, todos los días, como sistema -porque hay una línea editorial en contra nuestra, no desarrollada a partir del pensamiento de cada periodista, de cada escritor, sino una consigna de parte de los dueños de los medios, del director, de un medio, de un periódico, una consigna a todos-, pues entonces tenemos el derecho de decir: Existe esta prensa conservadora, fifí. Y es lo único que hacemos, señalarlo», planteó.
«Pero nunca vamos a actuar como los gobiernos que ellos defendieron», acotó. «Porque ellos defendieron gobiernos que persiguieron a periodistas, ellos defendieron gobiernos que por consigna les quitaban sus programas, los desterraron incluso -el caso de Gutiérrez Vivó- y esa prensa fifí se quedó callada, actuó con un silencio cómplice; lo de Carmen Aristegui, lo mismo.
Nosotros no vamos a actuar así, a ningún periodista se le va a limitar su derecho a expresarse; y en este caso, como aquí se ha visto, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por protegerlos, por evitar que sean agredidos», prometió.
