Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revela recientemente nombres de funcionarios públicos mexicanos del más alto nivel—incluyendo ex presidentes como Felipe Calderón Hinojosa, secretarios de Estado y ex directores de esta empresa—que contribuyeron por años al desmantelamiento de la paraestatal, favoreciendo a empresas transnacionales (de las que ahora son parte) con jugosos contratos. Esto se suma a las revelaciones que han hecho el propio Presidente de México y miembros de su gabinete con relación al saqueo monumental a Petróleos Mexicanos por parte de personal de la empresa con conocimiento y quizás (muy probablemente) involucramiento directo de sus líderes sindicales y sus directivos en todos los niveles.

Estas revelaciones son escandalosas, en efecto, y marcan una grandísima distancia con respecto de lo que había sido hasta hace muy poco la relación entre el sector público mexicano y las empresas transnacionales en el sector de la energía. Estamos hablando ahora sí de una “gran transformación” (esperemos). Ha sido ampliamente cubierto el papel de servidores públicos de altísimo nivel al servicio de las transnacionales—para las cuales ahora trabajan o han llegado a trabajar, asesorar y/o representar. Destaca la estupenda investigación y cobertura de estos casos por parte de periodistas extraordinarios como Arturo Rodríguez García de la revista Proceso, Sandra Rodríguez Nieto (quien escribió para SinEmbargo) y, nada más y nada menos, que Jesús Ramírez Cuevas—ahora Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y quien fue pionero en este tipo de investigaciones. Gracias a Jesús, yo aprendí de este tema, he citado su trabajo en mis propias investigaciones, y reconozco su valentía y su congruencia. Para Arturo y para Sandra, también mis mayores respetos.

Gracias a ellos y al trabajo de otros periodistas valientes conocimos, los que hemos estado interesados en el tema de la energía y la reforma energética en México, la manera en que ex presidentes mexicanos, políticos y funcionarios públicos, con actitudes serviles y mediante prácticas corruptas, se enriquecieron y favorecieron enormemente a las grandes transnacionales en el sector de la energía en detrimento de nuestra nación y nuestras finanzas públicas. Lo más problemático de todo es que fueron recompensados, en especie o con posiciones clave, y algunos incluso fueron invitados a formar parte de los consejos de administración de las empresas a las cuales beneficiaron. Lo sabíamos desde antes, cierto; estas no son noticias nuevas. Lo que es notable y resulta bastante alentador, es que toda esta información se haya compartido a la nación desde el centro de poder en México. Bienvenida la “Cuarta Transformación”.

El clima en México en los últimos años había sido extremadamente favorable para las compañías energéticas transnacionales y para cualquier empresa que suministra productos y servicios para la industria energética (del tipo de Halliburton). México ofreció importantes incentivos y nuevas oportunidades para aquellos que podían entrar en su mercado energético (incluyendo grandes empresas mexicanas ligadas a los apellidos Salinas de Gortari y Slim). Todo esto benefició a las compañías transnacionales y afectó a la economía nacional. De esto hay evidencias y el tipo de contratos que ayer se revelaron lo demuestra perfectamente. Aún hay mucho por investigar y no sería sorprendente encontrar mucho más y responsabilizar a otros más.

Perdía México, ganaban las transnacionales y sus fieles empleados serviles nacionales. La nueva legislación energética, grandes oportunidades de negocios en este sector y un conjunto deliberado de políticas y estrategias—incluyendo la militarización de la estrategia de seguridad de México (iniciada por Felipe Calderón) y la clara protección de los intereses transnacionales a través de las acciones gubernamentales—ofrecieron un terreno fértil para inversiones gigantescas en el sector de la energía eléctrica y los hidrocarburos. López Obrador ha marcado su distancia de esta dinámica y esto es para celebrarse, ¡valiente decisión! De nuevo, pareciera que vivimos en este momento el comienzo de una gran transformación (ojalá).

Pero en el marco de esta transformación, los retos son colosales. La actual administración en México se encuentra afectando intereses monumentales, lo que generará ciertamente represalias de la misma magnitud. Estos actores tienen capacidad de presionar al Gobierno mexicano con acciones inesperadas y muy perjudiciales para la economía o la estabilidad política en el país. Lo harán hoy o mañana; parece que ya tienen a sus voceros y preparan una ofensiva que podría ser brutal. México deberá estar preparado para la emboscada. Sabemos que estas empresas son, por así decirlo, las dueñas del mundo, y están representadas por los hombres más ricos del mundo—incluyendo a Carlos Slim. Estas empresas no dudarán en tratar de recuperar los espacios que ya habían ganado en el sector energético mexicano.

Por otro lado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta una disyuntiva que no puede dejarse de lado. Las recientes revelaciones del Gobierno mexicano ponen el dedo en la llaga y ponen nombre y apellido a los responsables del gran desfalco que ha sufrido México a través del desmantelamiento de su sector paraestatal. Esto es mucho mejor que el juicio de «El Chapo» Guzmán en Nueva York. Ahora, en la Ciudad de México, y sin espectáculos montados por estadounidenses con agendas particulares, nos damos también cuenta de la enorme corrupción de autoridades mexicanas, que involucra hasta a expresidentes.

Tomando esto en consideración, López Obrador debe recordar que es Presidente de México y no un mesías salvador que tiene la capacidad de otorgar un perdón si así lo considera necesario para preservar la gobernabilidad del país. Esta es la gran paradoja y es una cuestión básica de justicia y estado de derecho. La gobernabilidad no se consigue con amnistías o perdones a los corruptos. Hacer esto podría terminar en una tragedia; recordemos el caso de Brasil. El servilismo y la corrupción por parte de funcionarios públicos que utilizaron la puerta giratoria (revolving door, como lo reporta recientemente mi colega Arturo Rodríguez) representan un acto criminal que debe ser castigado de forma inmediata. El Presidente y su equipo deberán utilizar toda su energía para hacer valer la justicia y el estado de derecho y así transformar a México. Me parece del todo apropiado que se empiece con el sector de la energía. Esta podrá ser la verdadera energía de la Cuarta Transformación.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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