Según la Fiscalía, la artista urdió un «plan» para no pagar ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.
Concretamente, el Ministerio Público sostiene que la cantante «canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional» -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense ‘The Voice’ (La Voz) o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
Barcelona (España), 25 de febrero (EFE).- La cantante colombiana Shakira fue citada este lunes por la Justicia española para declarar como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública.
La Fiscalía de Barcelona, ciudad en la que reside, acusa a Shakira de defraudar 14.5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014.
Fuentes del entorno de la cantante apuntaron a Efe que la cantante colombiana ya se ofreció a declarar como investigada y está dispuesta colaborar con la Justicia siempre que se le requiera.
Asimismo, insisten en que su declaración es un trámite más dentro de la instrucción de la causa derivada de la querella, que se encuentra en un punto muy inicial, y recuerdan que Shakira ya ha pagado los 14.5 millones que se le exigía, por lo que puede asegurar que ya no está en deuda con el Estado español.
Las mismas fuentes recalcan que Shakira cumplió con todas sus obligaciones tributarias y siguió las recomendaciones del bufete Pricewaterhouse (PwC), unos de los despachos más reconocidos en materia fiscal de España y del mundo.
La querella de la Fiscalía española se dirige tanto contra la cantante como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías de su propiedad.
Apunta además que por el momento «se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el «mantenimiento o reestructuración» del entramado societario que utilizó.
Según la Fiscalía, la artista urdió un «plan» para no pagar ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.
Concretamente, el Ministerio Público sostiene que la cantante «canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional» -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense ‘The Voice’ (La Voz) o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
Además, añade la querella, que la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados «Tax Ruling», para lograr unas condiciones «específicas y privilegiadas de tributación», cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.
Según el Ministerio Público, la cantante utilizó ese entramado «con el deseo de no tributar», a sabiendas de que «vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio».
La Fiscalía considera que la querellada tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos.
En ese sentido, la querella añade que, en los años 2012, 2013 y 2014 en que participó en el programa estadounidense «The Voice», la cantante presentó declaración del impuesto del Estado de California, aduciendo no ser residente fiscal en dicho país, y afirmó haber permanecido en él 61, 118 y 117 días, respectivamente.
Para la Fiscalía, una vez se inició la inspección y posterior investigación a la cantante, ésta «no aportó ni documentación ni información en relación a las rentas y el patrimonio», alegando como motivo que no residía en España.
En total, la querella estima en 12,3 millones de euros la cantidad que Shakira debió tributar a la Hacienda española por el IRPF de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y en casi 2,2 millones la suma que tendría que haber pagado a la Agencia Tributaria de la región de Cataluña, donde vive, por el patrimonio de que dispuso en esos años.
