Los servicios del Instituto Nacional de Migración tienen vacíos de integridad ética, falta de apego a la legalidad y discrecionalidad en el ejercicio de las funciones, lo que potencia el riesgo de la trata de personas, el tráfico ilegal de menores y órganos, el contrabando de armas y estupefacientes, alertó la Auditoría Superior de la Federación. En otro informe halló pagos indebidos por 10 millones 284 mil 500 pesos en servicio de alimentos y traslado.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Migración (INM) en el 2017, cuando aún el priista Enrique Peña Nieto era Presidente, presentó carencias de procedimientos y sistemas de control interno que le permitan garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas que transitan por el territorio nacional, lo que potencia riesgos asociados a la trata de personas, el tráfico ilegal de menores y órganos, el contrabando de armas y estupefacientes, como ocurrió durante la entrada de la Caravana de migrantes centroamericanos, dictaminó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017.
Tampoco se garantiza que los componentes de la Política de Migración del Estado mexicano son efectivos o eficientes para cumplir con los compromisos internacionales que derivan de las Convenciones y Acuerdos que el país ha suscrito en la materia, ni la aplicación de los recursos humanos, materiales e intangibles con que cuenta.
«La situación en la que se prestan y operan los Servicios Migratorios está fuertemente afectada por vacíos de integridad ética, falta de apego a la legalidad, discrecionalidad en el ejercicio de las funciones mandatadas, lo que genera y potencia circunstancias para la materialización de los principales riesgos asociados a fenómenos como la trata de personas, el tráfico ilegal de menores y órganos, el contrabando de armas y estupefacientes, y el debilitamiento constante del Estado de Derecho y de la integridad territorial, como rasgo fundamental de la Seguridad Nacional», alertó el órgano fiscalizador.
Respecto de la estación migratoria siglo XXI ubicada en Tapachula Chiapas, se observó que durante la Caravana de Migrantes centroamericanos –no se especifica cuál– no se realizó la revisión personal de quienes ingresaron ni les fueron revisadas sus pertenencias físicas, «originando el riesgo de comercio, introducción, posesión, suministro, uso o consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, drogas, enervantes, psicotrópicos, sustancias tóxicas, medicamentos no autorizados, instrumentos punzo cortantes, explosivos y, en general, cualquier otra sustancia u objeto que por su propia naturaleza pudiera poner en peligro la vida o integridad de las personas extranjeras presentadas y demás personas, así como la seguridad de las instalaciones».
Ante ello, la ASF recomienda que la Secretaría de Gobernación (Segob), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, lleve a cabo una revisión y una reingeniería exhaustiva de todos los procesos relacionados con la operación de los Servicios Migratorios y la garantía de protección de los derechos humanos y la integridad de las personas que transitan por los puntos de internación y salida del territorio nacional de México.
Esta modificación, aclaró, deberá enfocarse a la conformación de un marco de gestión que permita el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos en plena transparencia; contando con todos los controles y mecanismos de detección y mitigación de riesgos que resulten necesarios y pertinentes.
PAGOS INDEBIDOS DEL INM
En otra auditoría sobre erogaciones en los servicios migratorios realizada al Instituto Nacional de Migración, el órgano fiscalizador halló que del servicio de alimentos para extranjeros presentados en las Delegaciones Federales no se proporcionó la documentación por 2 millones 809 mil 400 pesos que acredite la entrega de los servicios prestados, ni los exámenes de laboratorio y certificados de fumigación.
Asimismo, en los pagos realizados por concepto de servicios de traslado de personas no se proporcionó la documentación comprobatoria por un millón 325 mil 100 pesos; y se pagaron 6 millones 150 mil de pesos sin haber contado con la autorización y los informes que sustentaran cambios de ruta en el traslado de transporte de los migrantes vía terrestre.
Además, no se aseguraron de que las justificaciones de las contrataciones del servicio de transporte vía terrestre contaran con el fundamento y motivación respecto de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia; de que las notificaciones de adjudicación de los contratos especificaran la fecha, hora y lugar para la formalización de la contratación; y tampoco validaron que los informes de administración y seguimiento de siete contratos se entregaran en los plazos establecidos en la normativa, toda vez que se presentaron con retraso de 1 a 341 días.
Tampoco se realizó la planeación de los procesos de adjudicación del INM, lo que favoreció a los propios proveedores por lo que no aseguraron las mejores condiciones para el Estado.
INEXISTENCIA DE ÁREAS CLAVE
Para la Auditoría Superior de la Federación, el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas e inconsistencias que requieren ser atendidas.
El Instituto Nacional de Migración carece de la evidencia documental de la constitución de su Consejo Técnico, lo que representa un riesgo de incumplimiento de acciones y rendición de cuentas.
Además, no existe la Unidad de Operación que debería de ser la responsable de coordinar y dirigir el funcionamiento de las Direcciones Generales y vigilar el cumplimiento de la política migratoria.
Tampoco hay la Dirección General de Asuntos Internos, la cual es responsable principalmente de supervisar la aplicación de los procesos a cargo de las diversas áreas del INM, con la finalidad de detectar violaciones, incumplimientos, deficiencias, responsabilidades o irregularidades por parte de servidores públicos, así como realizar las denuncias y vistas a las autoridades competentes.
Respecto al tránsito fronterizo, se detectó que en los puntos de internación terrestres ubicados en Tijuana, Baja California, no cuentan con controles para verificar la documentación migratoria de las personas que ingresan al país a bordo de vehículos particulares, así como la falta de controles para identificar a las personas que abandonan el territorio nacional de manera peatonal y vehicular, lo que impacta negativamente en el objetivo de controlar y regular los flujos migratorios de nacionales y extranjeros que pretenden ingresar o salir del territorio nacional.
En el caso del punto de internación marítimo de Puerto Ensenada, se observó que el INM no realizó la inspección migratoria, ni documentó de forma personal a cada pasajero y tripulante en el ingreso y salida del país de las personas ubicadas a bordo de embarcaciones que prestan el servicio de crucero, propiciando así el riesgo de que algún extranjero pueda ingresar al país de forma irregular.
El INM tampoco cuenta con mecanismos de control para evitar la internación irregular de extranjeros en situaciones atípicas, ni se tienen establecidos controles bajo el puente fronterizo Suchiate I y en los márgenes del río, para evitar el cruce de manera irregular de extranjeros, propiciando con esto la internación de personas al territorio nacional de manera irregular sin saber si tiene antecedentes penales.
