El Instituto Nacional de Mujeres es responsable del Programa Nacional par la Igualdad de Oportunidades, el cual tiene deficiencias en el diseño que requieren un reajuste, y cuenta con los instrumentos de medición que permitieran cuantificar sus resultados, observó la Auditoría Superior de la Federación.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Nadine Gasman Zylbermann, la nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), tiene el reto de implementar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades (Proigualdad) que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene «deficiencias en el diseño» por lo que necesita un reajuste principalmente programático y presupuestario.
En el periodo 2007-2017, mejoró la posición de México en el Índice Global de Brechas de Género, ya que pasó del lugar 93 al 81, y de 2010 a 2017, el país avanzó en el Índice de Desigualdad de Género, al pasar de 0.399 a 0.343 puntos en ese lapso.
Sin embargo, no se pudo constatar si estos avances son resultado de la política pública, ya que Proigualdad, además de tener deficiencias en su diseño, únicamente cumplió con 10 de los 31 indicadores definidos para su medición (el 32.3 por ciento), los cuales son insuficientes para evaluar las metas del programa, determinó el órgano fiscalizador.
«De 2007 a 2017, la política pública de igualdad de género se vio limitada en su contribución para la atención del problema de la desigualdad entre mujeres y hombres, debido a que, aun cuando se registró una reducción en el índice de desigualdad, las deficiencias en el diseño no permitieron implementar en su totalidad el Proigualdad, ni se contó con los instrumentos de medición que permitieran cuantificar los resultados de los diferentes actores que participaron en su operación», observó la ASF en un informe de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2017.
Además, se registraron «lentos avances» en la atención de las causas del problema público, como es el caso de la armonización programática y presupuestaria; los bajos niveles de capacitación e implementación del programa por todos los entes públicos federales, y la reducida observancia de la política pública en todos sus componentes, de acuerdo con lo establecido en las leyes en la materia, «situación por la cual se requiere un rediseño de la política, principalmente programático y presupuestario, partiendo de la necesidad de contar con un reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) que otorgue certeza jurídica a la actuación de los diferentes actores que intervienen en la política pública».
Gasman, ex representante de la ONU Mujeres en Brasil, tuiteó que se compromete a «poner en el centro de la 4T la agenda de la igualdad sustantiva y contribuir a la superación de las desigualdades entre mujeres y hombre». Su antecesora es Lorena Cruz Sánchez (2013-2018).
En 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, promover el empoderamiento de las mujeres y la no discriminación, con lo que dio inicio en 2007 a la actual política pública.
En cuanto a la conducción, de 2007 a 2017, el Inmujeres participó en la armonización legislativa, programática y presupuestaria y en 2013 instaló el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y dio seguimiento al Proigualdad.
Como resultado de la suscripción de la Agenda 2030, el Gobierno Federal integró el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 “Igualdad de Género” en el contexto nacional mediante reformas a la Ley de Planeación para incluir la perspectiva de género en el presupuesto público.
Se designó como entidad coordinadora del ODS 5 al Instituto Nacional de las Mujeres. Asimismo, se fomentaron alianzas con redes de interesados, provenientes de los gobiernos subnacionales, de la sociedad civil y el sector privado, y se establecieron los mecanismos para dar seguimiento.
La igualdad es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que sustentan el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, al prohibir cualquier acto que atente contra su dignidad, garantizar su igualdad ante la ley y procurar su acceso con las mismas oportunidades y trato al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos económico, político, social, civil y cultural.
