La semana pasada se añadieron 600 elementos federales a las fuerzas de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, y se coordinarán a través de la mesa regional de coordinación para la construcción de la paz. Estas unidades se integrarán de forma permanente a las locales y a las instituciones de investigación estatal, la Procuraduría General de la República y el centro de inteligencia como parte del compromiso de la Federación para contener la delincuencia. Además, ya se está construyendo un cuarto de guerra que diariamente evaluará el estado de la seguridad juarense y todo esto será coordinado por una civil.

Ella también coordinará paralelamente los programas de bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro; todo esto será con una visión estratégica de contención de la violencia y preparación de la sociedad para un gran pacto de pacificación que incluya el “perdón sin olvido” y la amnistía a quienes la merezcan.

No estoy seguro a quién se le haya ocurrido todo esto, pero prefiero el empoderamiento de una civil a la legislación sobre la Guardia Nacional como cuerpo militarizado, porque quienes somos veteranos de la guerra social conocemos los procesos y las dinámicas que se generan al andar por el buen Camino, y las desviaciones que éste presenta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la familia Alvarado, ha precisado con mucha ecuanimidad las circunstancias en las cuales se puede desplegar el Ejército: emergencia, temporalidad, equivalencia, y agrego ecuanimidad, porque hay dos extremos que discuten, no dialogan, y se confrontan (a favor o en contra del Ejército).

Pero la realidad, y 12 años de guerra después, nos dicen que debemos flexibilizar nuestra visión; la Corte hace eso y la oficina en México del Alta Comisionado de Derechos Humanos así lo ha señalado en su carta, que mientras sea temporal la participación de las fuerzas castrenses, en coordinación con Seguridad Pública y con participación ciudadana, se pueden fortalecer las instituciones locales.

Pero la historia no termina ahí, falta aún la pacificación total del país y esta se logra sólo mediante el perdón sin olvido y la amnistía a los que la merezcan para disolver los ejércitos profesionales que actúan en estos días con total impunidad.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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