El Gobierno federal detectó a los 91 municipios de Veracruz a Jalisco donde pasan los seis ductos de Pemex y hay más robo de combustible, por lo que ofrecerá apoyos con una inversión de 3 mil 857 millones de pesos a un millón 688 mil personas.
En 18 años –de 2000 a 2018–, en Hidalgo y Guanajuato se registran localidades en las que las tomas clandestinas repuntaron hasta 15 mil. Son comunidades gobernadas principalmente por priistas y panistas, y donde, en promedio, la mitad o más de la mitad de sus habitantes viven en pobreza.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– El Gobierno federal lanzó un plan de desarrollo para el bienestar en 91 municipios de nueve estados, un cinturón que va de Veracruz a Jalisco donde hay robo de combustible. De 2000 a 2018 se han registrado aumentos en tomas clandestinas hasta de 15 mil 900 por ciento en el caso de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, y de 10 mil 900 por ciento en Silao, Guanajuato, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El martes pasado, Cuautepec agregó una toma más a la lista, la cual generó una fuga de combustible de hasta un metro de altura que duró alrededor de dos horas. Las clases dentro del Colegio de Bachilleres ubicado a unos metros fueron suspendidas. A cuatro días de la explosión en Tlahuelilpan que causó la muerte de más de 100 personas, no se vieron pobladores con la intención de llenar bidones.
La mayoría de esas localidades han sido gobernadas por alcaldes priistas o panistas –algunos ya muertos o acusados de peculado–, y en 17 comunidades más de la mitad vive en pobreza, de acuerdo con el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
«Todo esto se fue originando por el abandono al pueblo y por la corrupción. Se dedicaron a robar, a saquear y le dieron la espalda al pueblo de México, sobre todo a los más desprotegidos, a los más pobres», dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar el programa.
En total se atenderán a un millón 688 mil 447 personas con una inversión de 3 mil 857 millones de pesos. Los apoyos consisten en pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, pequeños y medianos productores de maíz, trigo, sorgo, cebada, frijol, arroz y alfalfa, beca a jóvenes que se capaciten en talleres o comercios locales, así como tandas (créditos para emprender).
BROTE DE HUACHICOL
De acuerdo con una revisión de tomas clandestinas reportadas por Pemex tras una solicitud de Serendipia, en 28 municipios hubo un aumento de 2000 a 2018, y en 46 municipios el huachicol no aparecía en el radar hace 18 años.
Pero brotaron y, por ejemplo, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se pasó de cero a 171 tomas, y en Tala a 109 durante el periodo referido. En ambos pasa el ducto Salamanca-Guadalajara.
En el municipio hidalguense Cuautepec de Hinojosa, donde está el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, se documentó una toma clandestina en el 2000. Tras gestiones priistas, saltaron a 160 tomas en 2018, un 15 mil 900 por ciento más. Ahí el 59.40 por ciento de sus habitantes enfrenta la pobreza.
En Guanajuato, el municipio de Silao se ubica entre el ducto de Salamanca-Guadalajara y Salamanca-León. El 43.30 por ciento vive en pobreza. De gobierno panista, en el 2000 solo se registró una toma ilegal, pero para 2018 ya hubo 110 tomas, un 10 mil 900 por ciento más.
En el Irapuato panista, con 37.20 por ciento con pobreza, en el 2000 no se sabía del robo de gasolinas. Pero 18 años después, hubo al menos 75, y en Salamanca, también panista, 89 tomas.
En cuanto a porcentaje de incremento, le sigue Zaplotanejo en Jalisco. De una a 47 tomas en los últimos 18 años, un 4 mil 600 por ciento más. Gobernado principalmente por Movimiento Ciudadano y el Verde, tiene entre sus habitantes a 40.50 por ciento en pobreza.
En San Juan del Río, Querétaro, donde el mismo día de la explosión en Tlahuelilpan también hubo una fuga (sin heridos), reportaron 68 tomas ilegales frente a las cero del año 2000. Ahí pasa el ducto Tula-Salamanca.
LOS MUNICIPIOS CON AYUDA
Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó poblados del Estado de México e Hidalgo que reportan tomas clandestinas, para ofrecerles apoyos económicos como alternativa a esa actividad ilícita y, enfatizó, peligrosa. Los asistentes se mostraron esperanzados, pero dudosos sobre los censos.
«Aquí en Acambay estamos iniciando un programa especial para apoyar 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex», dijo el Presidente el martes. «Se detectaron como dos tomas clandestinas en los últimos días y por eso decidí empezar aquí este plan».
En Acambay, municipio priista, hubo 23 tomas clandestinas reportadas en 2018 en el ducto Tula-Toluca. El 73.50 por ciento de su poblado está en una situación de pobreza.
«Los adultos mayores de Acambay, que son casi cinco mil adultos mayores, van a recibir dos mil 555 pesos cada dos meses», anunció. Con tarjeta, sin intermediarios, «para que no se quede en el camino».
La locataria Brenda dijo a este medio ese día que «el de la tarjeta rosa [el Gobernador Alfredo Del Mazo] solo dio apoyo una vez y no volvió a dar nunca, y solo se lo dio a personas escogidas, a las que le iban al PRI, a las demás no». Elodia, otra mujer de Acambay, contó que el huachicol en su municipio «es muy feo e inseguro porque nosotros que caminamos mucho para llegar a la carretera, luego salimos de madrugada y hasta miedo da ver eso porque nada más nos están viendo, cuidando de que no los delatemos».
En el municipio rural, López Obrador dijo que se van a dar entre seis a ocho mil pesos para pequeños productores de acuerdo al número de superficie o a la cantidad de tierra que tengan.
Luego se pasó a Ixtlahuaca, municipio priista donde las tomas repuntaron 3 mil 200 por ciento de 1 a 33 registradas de 2000 a 2018. «Vengo a Ixtlahuaca, lo tenía programado porque en los reportes que recibo todas las mañanas apareció que había en el municipio una práctica de huachicoleo», contó López Obrador.
Ahí, donde el 70.30 por ciento vive en pobreza, aseguró que «estoy aquí para decirles que todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad, les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas».
En enero de 2017 se reportó una explosión tras una toma clandestina en Ixtlahuaca y en marzo del año pasado hubo otra que dejó a un hombre calcinado.
«Ahora que venía yo entrando, un joven, 24 años, abogado, dice: ‘Tengo hasta mi cédula profesional, pero no tengo trabajo ¿Cómo le hago?’ Le dije: ‘Busca un despacho de abogados y dile al abogado que vas a trabajar ahí y que vas a ser becario, vas a ser aprendiz y vas a tener tres mil 600 pesos mientras estés ahí, en ese despacho’», ejemplificó respecto al apoyo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El jueves el Presidente López Obrador estuvo en Tulancingo, Hidalgo, y en Huachinango, Puebla: un municipio gobernado por panistas y perredistas con 18 tomas clandestinas el año pasado, y el 63.20 por ciento en pobreza.
«Ojalá los apoyos lleguen a las casas porque luego se los quedan los presidentes municipales. Yo soy de Venta Grande y nunca nos han llegado apoyos», acusó Fermín, de Venta Grande, Puebla.
Efraín, beneficiario de la beca para jóvenes, dijo que «los programas sí son muy necesarios aquí en Huauchinango, ya que hay varios jóvenes que no tienen apoyos para poder estudiar y está muy bien lo que hace él, apoyando a los jóvenes».
López Obrador declaró en Puebla, estado que no visitaba tras el conflicto electoral, «que ya se acabe la práctica de la entrega de despensas, del frijol con gorgojo; que ya no se trafique con la pobreza de la gente. Que no se utilice el dinero del presupuesto en los ayuntamientos, en el gobierno estatal, en el gobierno federal para favorecer a ningún partido, a ningún candidato».
