El martes 15 de enero de 2019 el abogado Jeffrey Litchman incluyó el nombre de su defendido, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” en la lista de testigos a ser llamados en el juicio que en una corte de Nueva York se le sigue al capo mexicano. Esto significa que el sinaloense podría subir al estrado y dar su versión sobre las acusaciones que le formula la fiscalía, las cuáles han sido reforzadas en aquel sistema legal con declaraciones de otros narcotraficantes detenidos y protegidos.

La inclusión del nombre de Guzmán Loera como potencial testigo de su juicio sucedió el mismo día que el abogado defensor del capo, el señor Litchman, hizo una directísima pregunta al testigo identificado como Alex Cifuentes Villa: ¿El señor Guzmán pagó un soborno de 100 millones de dólares al presidente Peña Nieto? La respuesta de quien fuera un notorio mafioso colombiano además de colaborador criminal de “El Chapo”, fue un lacónico “sí”.

El narcotraficante colombiano detenido en México en 2013 y extraditado a los Estados Unidos en 2016, agregaría detalles, como que fue Peña Nieto siendo presidente electo a finales de 2012, quien buscó un acercamiento con el narcotraficante para pedir 250 millones de dólares a cambio de cancelar la búsqueda nacional del capo. La contraoferta de Guzmán fue la entrega de 100 millones de dólares.

Una vez más en el juicio contra Joaquín Guzmán que se realiza en una Corte de Distrito de Brooklyn lo que se está evidenciando es la corrupción del sistema político y de gobierno mexicano. Particularmente en el concluido sexenio de Enrique Peña Nieto.

Tanto la pregunta de la defensa de “El Chapo” como la respuesta del narcotraficante detenido en los Estados Unidos, fueron anotadas y liberadas al público por los reporteros que se encuentran en la sala de justicia de Nueva York. Por supuesto, tal versión y la posibilidad que el mismo Joaquín Guzmán declare y ofrezca mayores detalles de su trajinar por el crimen organizado y los cárteles de la droga en México, llegaron a las primeras planas de medios de comunicación tradicionales y digitales. Sobre ello escribió el reportero Alan Feuer para The New York Times: “El testimonio del señor Guzmán sería un impresionante desarrollo. Mientras sus lugartenientes han compartido detalles acerca de la operación del Cártel de Sinaloa, el capo de la droga podría ofrecer información más íntima, como la forma en que él posiblemente sobornó a un presidente de México”.

A diferencia de una ocasión anterior en que otro testigo en el mismo juicio refirió un pago ilícito a Peña Nieto, el martes 15 de enero ni el ex mandatario ni Eduardo Sánchez, quien fuera vocero de la presidencia del mexiquense, salieron a decir en redes sociales que tal información es falsa. Los periodistas que han intentado localizar al ex presidente en busca de una declaración, no han corrido con suerte. Aunque ya entrada la noche del martes, Francisco Guzmán, quien hacía de jefe de la oficina de la presidencia en el sexenio anterior, utilizó Twitter para argumentar: “Son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York. El gobierno de EPN fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera. Desde el inicio de la administración, fue objetivo prioritario del gabinete de seguridad”.
A pesar que fue interés nacional e internacional y portada de medios, la delación del narcotraficante colombiano no despertó el interés de ninguna de las autoridades mexicanas; ahora integrantes todos de la cuarta transformación promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ningún miembro de esa administración federal se ha posicionado al respecto de los dichos en la Corte de Distrito de Nueva York. Tal vez ni falta hace, el tabasqueño ya ha dicho en sobradas ocasiones que no investigará a Peña, aun cuando ha prometido una de sus consultas populares para que sea la población mexicana quien decida si se debe o no indagar a los ex mandatarios mexicanos.

Sin embargo, si a propósito de las declaraciones en la corte estadounidense se presentara una denuncia para que en nuestro país sea investigado el ex presidente, la autoridad, particularmente la Procuraduría General de la República, estaría obligada a dar seguimiento e investigar al último mandatario priísta de este País.

Seguramente las corporaciones antinarcóticos de los Estados Unidos tendrían información al respecto dado que precisamente entre 2011 y 2012 acordaron con Cristian Rodríguez, otro colombiano colaborador de Guzmán Loera en el área de comunicaciones, que este trabajaría para ellos. De esa forma oficiales de la DEA tuvieron oportunidad de escuchar llamadas del capo sinaloense a partir que con la ayuda de Rodríguez, infiltraron los sistemas de comunicaciones. Por alguna razón, el oficial que testificó en el juicio contra “El Chapo”, refirió que las escuchas se realizan entre abril de 2011 y enero de 2012. Más de mil 500 llamadas interceptadas, 200 en las que directamente se comunicaba Guzmán con sus secuaces.

El martes 15 de enero cuando Alex Cifuentes refirió que el capo le entregó 100 millones de dólares al ahora ex presidente, dijo que habría sido en los últimos meses de 2012, cuando oportunamente en la DEA se supone que ya no estaban escuchando las llamadas del narcotraficante. Sin embargo para 2016, año en que se le aprehendió por segunda ocasión en el sexenio de Peña (se había fugado en 2014 del penal de máxima seguridad El Altiplano en Almoloya de Juárez), la DEA una vez más estaba siguiendo las comunicaciones del capo. Resulta difícil sugerir que justo en las fechas que se sitúa el supuesto soborno al entonces presidente, las autoridades norteamericanas no estuvieran espiando a quien catalogaron como uno de los hombres más buscados, y uno de los criminales más ricos del orbe.

Pero de estas estrategias e información obtenida de investigaciones en el extranjero se enterarían las autoridades mexicanas si investigaran lo que hoy se dice en la corte de Brooklyn. Si intentaran probar los dichos del capo, sea para deslindar al expresidente, o para hacer justica. Pero es evidente, a Peña no lo quieren tocar ni con el roce de una averiguación previa. De otra manera no se explica cómo no ha sido investigado por delitos de omisión al haber permitido, de acuerdo a las cifras del nuevo gobierno, que tan solo en 2018 se robaran hidrocarburos por más de 66 mil millones de pesos, en una estrategia criminal, donde incluso aseguran ahora, se construyeron ductos de Pemex para ser explotados ilegalmente.

Eso llevaría a investigar a Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto y a quien se acusó, también en el extranjero pero aquí sí proveyendo de números de cuentas, bancos y transacciones, de haber recibido por lo menos diez millones de pesos en sobornos de la compañía brasileña Odebrecth. Situación que de investigarse, podría llegar también a quien fue su jefe.

El ex presidente Enrique Peña Nieto no se sobresaltó con el caso Odebrecht, y ahora no ha salido, al menos el martes 15 de enero, a defenderse de las acusaciones en el juicio de “El Chapo” a pregunta expresa del abogado a un narcotraficante colombiano.

Cuando Peña sí se sobresaltó y decidió emprender acciones legales fue en la investigación por el desvío de 250 millones de pesos que se lleva a cabo en Chihuahua a un ex colaborador de la cúpula priísta y que implica dinero de la Secretaría de Hacienda encabezada entonces por Luis Videgaray, recursos destinados a aquel estado cuando lo gobernaba el hoy prófugo de la justicia y amigo del ex presidente, César Duarte. En este caso, antes de concluir su administración Peña solicitó a través de su jurídico la protección de la justicia a la Suprema Corte, la cual en voz y análisis del ex procurador general de la República y ex Embajador de México en Inglaterra, Manuel Medina Mora, le fue concedida.

Entre la casa blanca, el presumible saqueo de Los Pinos, el robo a la Nación con el huachicoleo presuntamente consentido, los señalamientos de corrupción en secretarías como Desarrollo Social y Desarrollo Agrario entre otras, así como las acusaciones de aceptar sobornos de narcotraficantes que se realizan en los Estados Unidos, en México ya hay material para denunciar y exigir se investigue al ex Presidente Enrique Peña Nieto, quiera o no el presidente Andrés Manuel López Obrador, la justicia prometida debe llegar en este caso… y en otro claro, pero este sería un buen inicio. Transcurrir del desprestigio internacional ante los señalamientos de corrupción del ex mandatario, a la justicia en el interior de un país que está necesitado de ella.

Adela Navarro Bello

https://dev.sinembargo.mx/author/navarro/

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