Por Guadalupe Correa-Cabrera y Alan Bersin^2/

En las últimas décadas, los traficantes de personas, conocidos en un inicio como “polleros” (en alusión al pastor de un rebaño incontrolable, o también denominados “coyotes”), han sido considerados como un mal necesario por parte de las organizaciones defensoras de migrantes. Los polleros actúan de manera ilegal, pero aparentemente por una buena causa: ayudar a los migrantes a llegar a su destino y alcanzar una vida mejor. Los activistas pro-migrantes, que incluyen algunos grupos religiosos y organizaciones de derechos humanos, no solamente aparentan no darse cuenta de las violaciones a la ley, sino que de manera sistemática han ampliado sus redes de apoyo (y credibilidad) hacia los migrantes que son traficados, así como a quienes los trafican, considerándolos como una especie de “Robin Hoods”.

En lo que antes parecía un matrimonio arreglado por conveniencia para un noble propósito, los contrabandistas de personas han operado mano con mano con los grupos defensores de derechos humanos a lo largo de los corredores migratorios de México. Esta vinculación podría haberse considerado como algo similar al “Ferrocarril Subterráneo” (Underground Railroad) anterior a la Guerra Civil de los Estados Unidos: una red de casas de seguridad, finanzas y rutas a través de las cuales los esclavos eran rescatados del sur del país y transportados hacia la libertad.

Aunque esta dinámica pareciera haber comenzado de manera inocente, en los últimos diez años el negocio del tráfico humano ha cambiado dramáticamente y se ha convertido en una verdadera empresa criminal. A medida que las condiciones de seguridad mejoran en el lado estadounidense de la frontera México-Estados Unidos y al ser mucho más difícil ingresar a la Unión Americana de manera legal, las cuotas cobradas por los traficantes de personas se han incrementado de forma exponencial.

A medida que se elevan visiblemente las ganancias generadas por el tráfico humano, los grupos criminales que operan a lo largo de las rutas migratorias—incluidos aquellos dedicados al trasiego de drogas, así como autoridades corruptas—se transforman en actores clave y el tráfico de personas se convierte en uno de sus negocios más lucrativos. El estereotipo de los “polleros” tradicionales—que realizaban principalmente operaciones a pequeña escala—dio paso al terror de la trata de personas perpetrado por el crimen organizado. Hoy en día, grupos criminales en la frontera son cotidianamente responsables de extorsiones, secuestros, violaciones y asaltos a los migrantes que realizan el arduo viaje hacia el norte. En este nuevo contexto, y en tiempos de caravanas, a las organizaciones de derechos humanos y a los grupos religiosos pro-migrantes les debería resultar imposible negar de manera creíble estos abusos.

Esta naturaleza alterada del negocio de contrabando de personas y los abusos contra los derechos humanos que le acompañan explican, en parte, la “caravanización de la migración centroamericana”. Es lógico que los migrantes se sientan atraídos por el movimiento “en masa”, para así evitar los pagos exorbitantes a los traficantes de personas y los enormes peligros asociados al viaje. Sin embargo, la caravana de finales del año pasado ilustra patrones preocupantes e intereses más bien obscuros.

Iniciada en un primer momento por organizadores comunitarios en Honduras, esta caravana crece aparentemente de manera orgánica y espontánea. Sin embargo, cuando llegaron a México, algunos grupos que se autodenominan defensores de migrantes—particularmente Pueblo Sin Fronteras—asumieron un rol protagonista en la organización del movimiento, gestión de fondos y manejo de logística para transportar a alrededor de diez mil migrantes a la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de México. Sufriendo una notable transformación, los activistas y defensores de migrantes se convirtieron, en cierta forma, en traficantes de personas que guiaron a víctimas de miseria y violencia hacia el callejón sin salida de la ilegalidad y la desesperación.

La verdad incómoda es que los resultados de aquella caravana han sido desastrosos, tanto para los migrantes como para los grupos que supuestamente les defienden. Los migrantes y activistas que buscaban una confrontación con la Administración Trump lograron su objetivo. Sin embargo, al hacerlo, otorgaron al Presidente una victoria real en la frontera durante una coyuntura política crucial: las elecciones intermedias en EU y el inicio de una nueva administración federal en México. Al final del año 2018, la retórica del muro de Trump se coloca en uno de sus puntos más álgidos, determinando incluso el cierre temporal del gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, a través de una supuesta acción unilateral por parte de EU y con la venia de México, los migrantes que buscan asilo político en la Unión Americana tendrán que esperar en México mientras sus solicitudes son procesadas. Lo anterior podría tardar meses e inclusive años.

La confrontación en el cruce fronterizo de San Ysidro tuvo poca relación con la seguridad fronteriza y nada que ver con una “invasión” a los Estados Unidos o una amenaza mayor a la seguridad nacional de ese país. Sin embargo, el fenómeno se politizó y fue utilizado de manera muy efectiva por el Presidente Trump. Las imágenes de personas que se lanzaban con desesperación a la frontera, que arrojaban piedras a los agentes de la Patrulla Fronteriza y que fueron repelidas con gases lacrimógenos en un escenario acompañado por una cortina de alambre de púas instalada por el ejército, no podrían haberse ideado mejor a fin de generar la impresión que buscaba el presidente estadounidense.

El episodio, en resumen, fue un desastre político para los refugiados y para la comunidad de migrantes en general. Además, coloca a la nueva administración de López Obrador en una posición insostenible, al tiempo que intenta formular una nueva política migratoria para México, país que ya no es solamente origen de migración indocumentada, sino que se ha convertido en una zona de tránsito y pronto será un lugar de destino para ciudadanos de Centro América que huyen de la violencia y la pobreza. Paradójicamente, como lo ha mencionado el Presidente de EU en diversas ocasiones, parecería ser que México pagaría efectivamente por el muro de Trump—o por lo menos por parte del mismo—de manera indirecta. México paga siendo forzado a proveer de apoyo a los migrantes de las caravanas y a los refugiados que piden asilo y que tendrán que esperar en territorio mexicano a que se decidan sus casos.

Al mismo tiempo, ha quedado claro que las organizaciones que facilitaron la llegada de la caravana a Tijuana no han logrado obtener beneficios claros para los migrantes. Al contrario, los migrantes fueron explotados como peones políticos y quedaron indefensos en el invierno en una ciudad cada vez más hostil. Mientras los gobiernos de México y EU se organizan para manejar la situación de forma unilateral, el tiempo pasa, se forman nuevas caravanas, los soldados estadounidenses regresan a la frontera, y los migrantes permanecen sumidos en la frialdad de la miseria, sin posibilidad alguna de que sus peticiones de asilo sean procesadas en tiempo y forma.

Es poco probable que, en este punto, los responsables sean llamados a rendir cuentas por los resultados insatisfactorios, y mucho menos, por los delitos de tráfico humano que implicaron sus acciones. Sin embargo, tal vez se presente una oportunidad para un cálculo que reconsidere la alianza impía y tácita que ha existido entre los traficantes de personas por un lado, y los defensores de derechos humanos y de migrantes, por otro.

Esta reflexión parece urgente al formarse una nueva caravana que se dirige al norte en tiempos políticos clave para la administración de Trump: cuando se negocia ferozmente el presupuesto para la construcción de un muro fronterizo en medio del cierre del gobierno de EU ¿Por qué precisamente ahora? ¿Quién movilizó o alentó esta nueva caravana? Circula propaganda en las redes sociales y fluyen recursos “altruistas” sospechosos en plataformas electrónicas de financiación colectiva (crowdfunding). Se van uniendo nuevos miembros llenos de esperanza sin entender las promesas rotas y el uso político que muy probablemente se dará a su tragedia humana.

1/ Una versión del presente artículo apareció en el periódico El Informador el 3 de enero del presente año.

2/ Alan Bersin sirvió como Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, así como Subsecretario y Jefe Diplomático para el Departamento de Seguridad Interior. Previamente fungió como Fiscal para el Distrito Sur de California.

Nota de la coautora:

Valdría la pena investigar a profundidad el origen y uso de los recursos que reciben diversas ONGs en sus labores de apoyo a migrantes—y principalmente a caravanas—a través de plataformas electrónicas de financiación colectiva (crowdfunding). Organizaciones que se definen como defensoras de derechos de los migrantes (como Pueblo sin Fronteras) o que tramitan solicitudes de asilo de manera “altruista” (o mediante trabajo pro bono, como Al Otro Lado)—muchas de ellas basadas en los Estados Unidos y que han apoyado visiblemente a las caravanas—han realizado campañas muy fuertes, efectivas e interesantes de financiamiento a través de las redes sociales. En tiempos de caravanas, parecen estar más activas que nunca. Sólo basta con mirar en Twitter o Facebook su activismo excepcional para el levantamiento de fondos en apoyo de la “caravanización” de la migración centroamericana. En estos tiempos políticos clave en Estados Unidos, cuando todo tipo de dudas parecen razonables, valdría mucho la pena transparentar el origen y destino del denominado crowdfunding.

Guadalupe Correa-Cabrera

https://dev.sinembargo.mx/author/guadalupe-correac/

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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