Recopilamos algunas de las claves para entender un año de retrocesos políticos en la protección de las personas que migran. El cierre de puertos italianos, el giro en política migratoria del nuevo Gobierno español o la falta de respuesta a la llegada de menores migrantes en todo el mundo son algunas de ellas.
Por Gabriela Sánchez y Icíar Gutiérrez
Madrid, 23 de diciembre (ElDiario.es/SinEmbargo).- La migración ha marcado el 2018, a pesar del descenso experimentado en las llegadas irregulares a la totalidad de la Unión Europea. Este año las autoridades comunitarias han confirmado el portazo a quienes tratan de escapar de Libia: el mismo país que causaba la indignación europea en 2017 ante las revelaciones sobre la venta de esclavos se convierte ahora en nuevo socio para frenar la migración. España se posiciona como principal país de entrada a Europa y el Gobierno baila entre la acogida del Aquarius y las devoluciones en caliente.
ElDiario.es recopiló algunas de las claves para entender un año de retrocesos políticos en la protección de las personas que migran cargado de contradicciones.
1. Italia cierra sus puertos a las ONG de rescate
El pulso arrancaba el 10 de junio. El nuevo ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, daba la orden de cerrar los puertos a las más de 600 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo por el buque humanitario Aquarius. Tras varios días sin recibir permiso, la nave de rescate se vio forzada a poner rumbo a Valencia para conseguir un puerto seguro.
Desde entonces, Salvini se ha mantenido firme en su negativa y cada operación de salvamento en el mar ha tenido un final diferente en función de la voluntad de cada país. Las constantes trabas de Italia, que ha cedido la coordinación de los operativos de salvamento a Libia con el apoyo de la UE, han tenido como desenlace la retirada de las organizaciones de la zona de rescate, que ahora no cuenta apenas con ojos que la vigilen. ¿El resultado? Una ruta menos transitada, pero más mortífera, según ha constatado Acnur. Desde junio, más de 900 personas han muerto tratando de cruzarla.
El cierre de puertos italianos ha sido el último eslabón de la campaña de «criminalización» -en palabras de la ONU- desatada hace más de un año contra quienes defienden los derechos de los migrantes. Dos integrantes de la ONG catalana Proactiva Open se enfrentan a una acusación de «favorecer la inmigración ilegal» en Sicilia. El Aquarius se ha visto obligado a poner punto y final a sus operaciones después de dos banderas de registro revocadas. La activista española Helena Maleno sigue esperando un año después la decisión del juez marroquí que la investiga por sus llamadas a Salvamento Marítimo.
Pero también ha habido espacio para los espaldarazos a la solidaridad en los tribunales: la absolución de los tres bomberos españoles procesados en Grecia por colaborar en las tareas de rescate de refugiados o la anulación de la condena del agricultor francés Cédric Herrou por ayudar a migrantes a cruzar la frontera con Italia.
Mientras, el discurso xenófobo se expande por Europa. Viktor Orban, de Hungría, volvía a ganar las elecciones en abril con su habitual retórica antiinmigración que acusa a los refugiados de ser «invasores musulmanes», Austria ha asumido la presidencia de turno de la UE con un mensaje de lucha contra «la inmigración ilegal», los ataques racistas se han disparado en Alemania y Dinamarca acaba de anunciar la última de sus medidas restrictivas: recluir a migrantes pendientes de deportación en una isla.
2. La ruta a España, la principal
Durante 2018, la ruta migratoria del Mediterráneo Occidental, aquella que transita de Marruecos a España, se ha convertido en el principal camino para entrar en la Unión Europea de forma clandestina. En lo que va de año, 61 mil 93 personas han llegado a España de manera irregular, según las cifras de Acnur. De ellas, 54 mil 622 han alcanzado suelo español tras arriesgar su vida en el mar.
El incremento de las personas que arriesgan su vida en el mar con la intención de llegar a España no ha sido repentino. El cierre de las otras dos rutas principales a la UE, Libia-Italia y Turquía-Grecia, es clave para explicar el aumento del flujo por el camino occidental. A pesar de los intentos del Partido Popular y Ciudadanos de acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de un supuesto «efecto llamada» relacionado con la decisión de acoger al Aquarius, los datos lo desmienten.
El aumento de llegadas a las costas españolas se lleva produciendo desde el año 2016, cuando el Partido Popular estaba al frente del Gobierno. Desde entonces, año tras año, las cifras alcanzaron nuevos récords, siempre inferiores a los números registrados en 2006 a través de Canarias, durante la llamada «crisis de los cayucos».
Hasta 2018, cuando los números de llegadas a las costas españolas han sobrepasado el registro histórico. Aunque los expertos llevaban años advirtiendo de un posible cambio de ruta, las autoridades españolas no habían adaptado su sistema de recepción y acogida, como había solicitado Acnur. Este verano, centenares de migrantes recién llegados se vieron forzados a dormir en barcos de Salvamento Marítimo o en condiciones de hacinamiento. La crisis asistencial ante la falta de previsión derivó en imágenes de «desbordamiento» que, a juicio de los expertos, han podido conformar un sector clave para el irrupción del partido de extrema derecha Vox en las elecciones andaluzas.
El aumento de las llegadas a través de las costas españolas ha llevado consigo un incremento de las muertes de migrantes en la ruta occidental. En lo que va de año, 757 personas han muerto en su intento de alcanzar España, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
3. La caravana migrante a EU
Parecía que sería una convocatoria anecdótica. Estaban citados en la Gran Central Metropólitana, en San Pedro Sula, la ciudad más peligrosa de Honduras. Al mediodía eran 200 personas. Al anochecer, 600. La madrugada siguiente, ya 13 de octubre, mil 200 hondureños caminaban con un objetivo: llegar juntos a Estados Unidos. Empezaba la primera caravana migrante.
Una semana después, alrededor de 4 mil migrantes esperaban en el puente que separa la frontera de Tecún Umán (Guatemala) de Ciudad Hidalgo (México). Ni el fuerte despliegue policial mexicano ni los gases lacrimógenos impidieron el paso de miles de hondureños, aunque sí dejaron a muchos de sus integrantes atrás.
La represión policial en la frontera de México tampoco frenó las nuevas salidas. El número de integrantes de la caravana aumentaba al tiempo que lo hacía la furia de Donald Trump. «Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer el trabajo de impedir que la gente saliese de su país y viniese de manera ilegal a EE.UU. Comenzaremos ahora a recortar la enorme ayuda extranjera que rutinariamente les damos», aseguró el presidente estadounidense. «Si lanzan piedras, se les podrá disparar», amenazaba mientras la primera caravana se aproximaba a la frontera de Tijuana.
Si bien la avanzadilla de las caravanas empleó un mes para recorrer la primera mitad del trayecto, los más de 2 mil kilómetros comprendidos entre San Pedro Sula y la ciudad mexicana de Guadalajara; la segunda parte del viaje se aceleró debido a la red de transportes creada por los Gobiernos de los diferentes estados por donde transitaban. Todos ganaban: las autoridades no querían tenerlos en su territorio; los migrantes aspiraban a llegar cuanto antes a la frontera.
En unas 24 horas, los primeros comenzaron a llegar a la frontera de Tijuana. La euforia de encontrarse frente a su último obstáculo se unía al inicio de la decepción. Sus sueños, encomendados a Dios como última esperanza, empezaban a chocarse contra el muro. A finales de noviembre, un grupo de cientos de personas trató de sortear la frontera, a pesar del despliegue policial. La policía estadounidense respondió con gases lacrimógenos, lo que forzó a la mayoría de ellos a replegarse.
Al menos ocho integrantes de la caravana han muerto en su camino hacia EU, entre ellos una niña guatemalteca de siete años, que falleció por deshidratación y extenuación horas después de cruzar la frontera con México junto a su padre y ser detenida por los agentes fronterizos.
4. Los menores que migran solos a España
El año comenzaba con un nombre propio: Soufiane. El adolescente, de 17 años y origen marroquí, fue encontrado sin vida en un centro de acogida de Melilla. Antes, había perdido un pie en su intento de cruzar a la península.
Este año también ha estado protagonizado por el aumento de las llegadas de los menores que viajan solos y las precarias condiciones en las que han sido recibidos, según denuncian las ONG. En ciudades como Madrid, decenas de niños han dormido en un centro con capacidad para 35 y los pueblos del norte se niegan a albergarlos. En Catalunya, menores han tenido que pasar la noche en una comisaría por la falta de plazas en centros de acogida. En Melilla, con una política de acogida muy criticada, han vuelto a verse imágenes de niños durmiendo en colchones en el suelo y se han conocido nuevos episodios de abusos hacia estos menores, como el caso de un educador del centro de La Purísima que apuñaló a un adolescente.
Andalucía, la comunidad autónoma que más menores ha recibido este año, ha amagado con la idea de devolverlos a sus países de origen, una medida que el ministerio del Interior no ha descartado y en la que asegura estar trabajando. Las organizaciones especializadas en infancia han respondido alarmadas y han recordado que un menor migrante solo puede ser repatriado si responde a su interés superior y siempre que se le pueda ofrecer una protección adecuada. Como telón de fondo está la falta de distribución de estos menores por las distintas autonomías, sobre las que recae su tutela. Aunque el Gobierno ha tratado de establecer un sistema de reparto voluntario con el desembolso de 38 millones de euros, se ha encontrado con la falta de «solidaridad» de las comunidades.
5. Luz verde al Pacto Mundial de la Migración
El Pacto Mundial para la Migración (PMM) de la ONU construye el primer marco de coordinación internacional que pretende «facilitar una migración segura, ordenada y regular». El pasado lunes y el martes se celebró la cumbre de Marrakech donde dos tercios de los países miembros de las Naciones Unidas adoptaron un acuerdo tachado de «histórico» por sus defensores.
El pacto se basa en el establecimiento de 23 compromisos generales, que se desglosan en una serie de medidas concretas, la mayoría de ellas ya recogidas en el derecho internacional. Se trata, eso sí, de la primera estrategia global de la ONU para abordar las migraciones desde muchas de sus aristas. El acuerdo coloca a las personas «en el centro» con los derechos humanos como bandera, en contraposición del enfoque securitista que suele primar en las políticas sobre migración. Otra cosa es que se cumpla: su ratificación lleva consigo la revisión, cada cuatro años, del estado de las medidas pactadas, pero no es legalmente vinculante.
La Unión Europea y sus Estados miembros han participado en los debates desde el principio. Al llegar el momento de firmarlo, la UE llegó dividida entre quienes lo rechazan, quienes lo apoyan y a quienes les empieza a temblar el pulso por la presión de la extrema derecha. Los países comunitarios como la Hungría de Víktor Orban y la Austria de Sebastian Kurz, además de Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, la República Checa y la Italia de Matteo Salvini, han anunciado que no lo ratificarán, así como Estados Unidos, Suiza, Australia e Israel. Aducen la pérdida de soberanía y critican que el documento no distinga entre emigración legal e ilegal. El texto del acuerdo, sin embargo, se basa sobre el principio del respeto a la soberanía nacional en materia migratoria.
6. Los que siguen esperando
Llegaron con lo puesto a Bangladesh, exhaustos y enfermos. Tratan de salir adelante y reponerse de la violencia vivida durante la campaña militar del Ejército birmano, que arrasó pueblos enteros, se cobró la vida de miles de personas y provocó el éxodo de más de 700 mil. Han soportado lluvias torrenciales y enfermedades en precarios campos donde escasea el agua potable y la comida. Más de un año después, los refugiados rohingyas continúan esperando una solución.
Tras meses de negociaciones, las autoridades birmanas y bangladesíes acordaron iniciar en noviembre la repatriación de los desplazados, pero nadie quiere regresar: varias agencias de la ONU han advertido de que no se dan las condiciones para que vuelvan. Las autoridades birmanas continúan negando la ciudadanía y derechos como la libertad de movimiento a esta etnia musulmana. Pero los abusos hacia los rohingyas no se quedan ahí: expertos de Naciones Unidas han encontrado elementos de genocidio en la campaña militar birmana y han criticado la inacción de la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi. El caso ha llegado a la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar sobre supuestos delitos como desplazamientos forzados, homicidios y violencia sexual.
Mientras, en las islas griegas de Lesbos, Quíos, Samos Leros y Kos, cerca de 13 mil refugiados recibirán el invierno, un año más, en precarias tiendas de campaña y contenedores en campos inseguros que triplican su capacidad. En Lesbos, una cuarta parte de los niños tratados por MSF ha tenido pensamientos suicidas o han intentado quitarse la vida. Las ONG reclaman al Gobierno griego que acelere los traslados al continente y denuncian la «política de contención» de la UE para frenar las llegadas desde Turquía.
Pero quienes huyen de la violencia y la persecución siguen alcanzando las costas griegas: en lo que va de año, más de 30 mil personas han arribado al país heleno, según Acnur. No solo se enfrentan a condiciones insalubres o a unos traslados que se producen a cuentagotas, también al aumento del racismo. El pasado abril, varias decenas de refugiados resultaron heridos tras el ataque de un grupo ultra mientras protestaban para exigir que se aceleren sus procedimientos de asilo.
Sin embargo, como repiten los expertos año tras año, la gran mayoría de solicitantes de asilo no se encuentran en Europa. Unos 5.6 millones de refugiados sirios permanecen en países vecinos como Turquía, Jordania, Egipto, Irak o Líbano, según Acnur. Unas 37 mil personas han regresado en 2018 a la devastada Siria desde este último país, aunque, según el organismo, aún se enfrentan a obstáculos como la falta de documentación o de servicios en algunas zonas.
Se acaban de cumplir, además, cinco años del inicio de la guerra en Sudán del Sur, que ha expulsado de sus hogares a 2.2 millones de personas que se refugian sobre todo en Uganda, Kenia, Sudán y Etiopía.
7. El éxodo venezolano
2018 ha dejado otra imagen: la del éxodo de miles de personas que abandonan Venezuela debido a la grave crisis económica, política y social que atraviesa el país. Migran, en su mayoría, a otros Estados de la región: 2,4 millones de migrantes venezolanos se encuentran en países de América Latina y el Caribe. Más de 1,6 millones se han marchado desde 2015. Colombia acoge al mayor número con un total de más de un millón, según Acnur. Le siguen Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Panamá y Brasil.
Especiales riesgos sufren los adolescentes, las mujeres y las personas que intentan reunirse con sus familias en estos países, al igual que los menores no acompañados. Desde Naciones Unidas han mostrado su preocupación las restricciones que han puesto países como Perú o Ecuador a la inmigración venezolana. En Brasil, se han encontrado con la reacción xenófoba de parte de la población.
8. De la acogida del Aquarius a las devoluciones exprés
Pedro Sánchez vio en la política migratoria una oportunidad para decir al país que el Gobierno había cambiado, que España quería abanderar una solución distinta a la llegada de migrantes a las costas en un momento en el que el primer ministro italiano impulsaba la xenofobia y rechazaba el atraque de los barcos de las ONG en sus puertos.
El recién formado gobierno socialista se ofreció como anfitrión del Aquarius. Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba el fin de las concertinas. La crisis humanitaria del Aquarius permitió a Sánchez dar ese primer golpe de efecto frente a la gestión del pasado.
Los 629 rescatados por el Aquarius fueron recibidos en Valencia con un dispositivo sin precedentes, elogiado por las ONG especializadas. Mientras, las llegadas de migrantes en patera a las costas andaluzas continuaban en aumento. A medida que las críticas de la oposición se disparaban, bajo el paraguas del fantasma del «efecto llamada”, el salto a la valla de Ceuta de 602 personas supuso un antes y un después para la imagen desprendida por el Ejecutivo. Pese a su compromiso electoral de acabar con las devoluciones en caliente, al menos 27 personas fueron expulsadas sin identificación previa. El nuevo ministro del Interior defendió por primera vez la legalidad de estas prácticas y reconoció no haber dado la orden a la Guardia Civil para frenarlas.
Después, llegó la defensa de las devoluciones en caliente ante Estrasburgo, manteniendo el recurso a la sentencia que condenó a España por estas prácticas. Para ampararlas usó los mismos argumentos que el PP.
Las relaciones con Marruecos se estrecharon con la meta de frenar la migración. Jean-Claude Juncker prometió a Sánchez destinar 35 millones de euros al país magrebí para aumentar el control fronterizo. En un giro inesperado, Marruecos aceptó en agosto algo inusual hasta entonces: «reactivar» el acuerdo bilateral sellado en 1992, lo que permitió la expulsión exprés de 116 personas que llegaron a Ceuta en un nuevo salto. La rapidez de su ejecución empujó a los expertos a cuestionar su legalidad y advertir de las posibles deficiencias.
El 22 de octubre, el Ejecutivo repitió la operación. Tras un salto de la valla de Melilla de 208 personas, el Gobierno expulsó de forma exprés a 55 migrantes en aplicación del acuerdo con Marruecos. Con el antecedente de la anterior devolución, los abogados veían la expulsión como posibilidad, lo que se tradujo en un mayor número de solicitudes de asilo registradas que permitieron a 140 personas permanecer en suelo español. También se quedaron los menores identificados como tal y los heridos.
9. Reabierta la causa de las muertes de Ceuta
Una vez más, la Justicia ha reabierto la causa de las muertes del Tarajal. De nuevo, la Audiencia Provincial de Cádiz concluyó en agosto que el juzgado ceutí encargado de su instrucción no ha investigado lo suficiente el fallecimiento de 14 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada a Ceuta disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo.
Se trata de la segunda reapertura del caso. Para la Audiencia Provincial de Cádiz, el juzgado ceutí «no ha agotado la investigación» y ha decretado el archivo del caso sin llevar a cabo las pruebas solicitadas, entre ellas, escuchar a los testigos y supervivientes de lo ocurrido el pasado 6 de febrero de 2014.
El auto se refiere a las diligencias solicitadas por la acusación popular después de haber ordenado la primera reapertura de la causa en enero de 2017. Entre ellas, se encontraba la petición de contactar con varios testigos de lo ocurrido el 6 de febrero de 2014 en la frontera del Tarajal. En concreto, dos supervivientes de la tragedia que, según la asociación Observatori DESC, residen actualmente en Alemania.
La familia de las víctimas, que siguen exigiendo justicia organizados en una asociación, celebraron por segunda vez la reapertura del caso que investiga la muerte de Larios, Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Youssouf, Ousmane, Keita, Jennot, Oumaraou, Blaise y una persona sin identificar.
«No importa cuánto tiempo tome, la justicia triunfará en este asunto», reflexionó Feric, hermano de Larios Fotio y representante de las familias de las víctimas.
10. Manteros y temporeras dicen basta
Acabamos 2018 con la noticia de que un juzgado onubense ha archivado la denuncia presentada por cuatro temporeras marroquíes contra un empresario agrícola por un presunto delito de acoso sexual. De momento, otra causa sigue abierta en Moguer. En mayo, una investigación periodística de una revista alemana revelaba violaciones y abusos sexuales en los campos de fresa de la provincia de Huelva, algo que negaron categóricamente las empresas, achacándolo a una «campaña de desprestigio» del sector.
La publicación empujó a varias de ellas a denunciar abusos laborales y sexuales en los cuarteles de la Guardia Civil y los medios de comunicación. Activistas antirracistas que han salido en su defensa enmarcan estos testimonios en la precariedad y el machismo que sufren las mujeres migrantes en España.
La indignación por el «racismo institucional» también ha provocado la protesta del colectivo de manteros. La muerte de Mame Mbaye, fallecido de un infarto en Madrid cuando regresaba a su barrio después de una persecución policial, encendió la mecha de las protestas, que acabaron en disturbios en el barrio de Lavapiés.
Tras la muerte de su compañero, los vendedores ambulantes han continuado denunciando, una vez más, los complicados requisitos para regularizar su situación y las sanciones que enfrentan, lo que impide que muchos consigan los papeles aunque lleven años en España y les empuja, dicen, a recurrir a la manta para sobrevivir.
