La prioridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad es el combate al lavado de dinero del crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General a tres empresas fachada del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en los primeros días de esta administración, mientras que de 2000 a 2018 de 2 mil 171 averiguaciones sólo 38 casos fueron judicializados.
Especialistas en el tema expusieron a SinEmbargo que el reto será detectar los fraudes tecnológicos así como la coordinación entre ambas dependencias federales clave pues, dijeron, las bajas sentencias son producto de la red de complicidad de funcionarios públicos, comprados con ese dinero.
Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– «La extensión y el poder de los grupos criminales en México solo pueden entenderse por la corrupción y las redes de complicidad institucional. Hay que debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero», expone el Plan Nacional de Paz y Seguridad (2018-2024) comandado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y donde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda titulada por Santiago Nieto Castillo tiene un papel clave.
«El combate al lavado de dinero será prioridad. Mediante el uso de inteligencia financiera se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica. Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo el narco en sus capacidades operativas. Nosotros concentraremos los esfuerzos en el dinero y en los bienes del narcotráfico», dijo Durazo durante el «Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad».
La idea no es nueva. El Gobierno de Enrique Peña Nieto aprobó en 2013 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita («Ley Antilavado»). Pero el número de sentencias fue mínimo, observó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) internacional por lo que le hizo 40 recomendaciones.
De 2000 a abril de 2018 se abrieron 2 mil 171 averiguaciones previas por el delito de lavado de dinero, se iniciaron 347 carpetas de averiguación, pero sólo 38 fueron judicializadas, de acuerdo con información revelada por la PGR en una solicitud de información.
Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera le aseguró a Sean Penn en la entrevista para Rolling Stone: «Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y embarcaciones». De acuerdo con datos de la Dirección General del Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, la PGR solo le confiscó desde su primera captura en 1993 al sexenio de Peña Nieto un inmueble, dos vehículos, cinco armas, una granada, 171 municiones, tres relojes, tres celulares, un equipo de cómputo y cinco cargadores.
La lista de bienes contrastan con los 3 mil millones de dólares anuales que la revista Forbes calcula que ingresaba al año y que en 2012 lo colocó como uno de los hombres más ricos del mundo. Peña Nieto habló de mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos pretende confiscarle 14 mil millones de dólares.
De acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), los cárteles mexicanos de narcotráfico obtienen ganancias de unos 30 mil millones anuales.
«El soporte, la base de la delincuencia organizada es el dinero. Les permite operar, comprar armas, corromper a funcionarios públicos», aseguró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, analista en materia de seguridad nacional y delincuencia organizada.
«Lamentablemente fue una estrategia que no se utilizó por los últimos dos gobiernos. Ha habido una desarticulación y politización de la Unidad de Inteligencia Financiera que, al depender de la Secretaría de Hacienda, se ha pervertido su trabajo y puede responder a intereses políticos en turno del titular», dijo. «El problema de la UIF en el gobierno de Enrique Peña Nieto es que no le dieron seguimiento a las carpetas de investigación que llevaron a la PGR; el problema fue la PGR y una falta de voluntad política».
Jesús “El Rey” Zambada García, identificado como ex jefe de operaciones del Cártel de Sinaloa, testificó durante el juicio contra «El Chapo» que a comienzos de 2000 –durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada– personalmente gastó 300 mil dólares al mes sobornando a militares y funcionarios de México a nivel estatal y federal, incluyendo a la PGR. En Sinaloa, dijo, fueron pagados a los gobernadores en turno y a los fiscales, a los directores de la Policía Federal, a la Policía de Caminos y a la policía municipal. Pero fueron dichos sin pruebas.
La defensa de «El Chapo», Jeffrey Lichtman, fue más allá y aseguró al jurado en Estados Unidos que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa recibieron sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa. Ambos ex mandatarios aseguraron que es falso.
EL PAPEL DE BANCOS E INMOBILIARIAS
En estos 12 años de guerra, a la par de la extensión de 14 cárteles en territorio nacional e incluso en una parte del continente, México se convirtió en un país de víctimas: más de 200 mil personas han sido asesinadas y más de 37 mil se encuentran desaparecidas; cifras que se han incrementado a niveles históricos estos dos últimos años.
«Ellos no pueden utilizar el dinero –obtenido a través de delitos– para sus fines sin que sea lavado e incluso en el caso de los grupos de crimen organizado que tienen relación con grupos en el extranjero tampoco pueden hacer las transacciones si no es bancarizada. Al poner mayor supervisión tanto en empresas como en el sistema financiero logramos golpear automáticamente su economía», explicó Dharanee Vázquez, directora General de la consultoría GMC360 y especialista en previsión de lavado de dinero.
Abundó que en la medida en que el sistema financiero –regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– establezca una correcta metodología de prevención, se podrá detectar más fácil estas operaciones. Sin embargo, «hay muchas áreas de oportunidad» con el papel de las empresas, pues «falta mucho más rigidez porque la Ley está muy básica» a comparación de la del sistema financiero y no todos los giros están vigilados.
«El sector inmobiliario está regulado por la Ley para la Prevención de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, sin embargo, una de las observaciones más importantes que hizo el GAFI fue que el SAT no estaba teniendo un régimen duro ni correcta supervisión respecto a este sector de desarrollas inmobilirias, joyeros, blindaje. Hay otros giros como restaurantes y gimnasios que no están regulados. Debería ser obligatorio tener en la totalidad de las empresas, sin importar el giro, un régimen de prevención de lavado de dinero», dijo Vázquez.
El narcotráfico es un negocio transnacional en el que México es productor de mariguana, amapola y metanfetaminas, pero también territorio de tránsito y transporte de la cocaína sudamericana. El país vecino, Estados Unidos, es el mayor mercado de drogas en el mundo, con 27 millones de consumidores habituales y decenas de miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis.
Además de la venta de drogas, el crimen opera 25 tipologías delictivas que les reditúan cuantiosas ganancias, de acuerdo con Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de crimen y seguridad. Los cárteles operan con secuestro, venta de protección, tráfico humano, despojo de propiedades, control de giros negros, piratería, contrabando (controlan las 49 aduanas del país por donde cruzan armas, drogas y todo tipo de mercancías ilegales) y lavado de dinero, destaca.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. En la década de los noventa, el blanqueo de dinero no superaba el 0.5 por ciento del PIB. Pero los cálculos de la firma especializada TM Sourcing apuntan hasta los 50 mil millones de dólares.
Héctor Villareal Páez, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), dijo que de lavado de dinero asociado a criminales no ha encontrado ningún estimado serio. «El problema es que la banda es tan grande que no sabemos de qué tamaño es. Puede ser gigantesco y hay quienes dicen que no es el gigante que todo mundo espera», afirmó.
Ravelo destaca la importancia de planes de acción para decomisar capitales sospechosos y contar con un censo del patrimonio del crimen: sus cuentas, sus empresas, sus negocios, sus inversiones, sus triangulaciones, la compra de propiedades (casas, ranchos, aviones, terrenos) y la red de lavadores de dinero que operan en estas actividades dentro del crimen organizado. Además, debe considerarse que el cuerpo policiaco está infiltrado y comprado por el crimen.
«El dinero del narcotráfico se utiliza para mantener activa la red de corrupción […] el crimen opera con protección del poder político», escribió el columnista de este medio.
El especialista Gerardo Rodríguez, autor del libro “Seguridad Nacional en México y sus problemas estructurales” (2017), coincidió en que al ser un fenómeno internacional, hay tres sectores críticos: el sistema financiero, el sector inmobiliario y, añadió, la industria del juego y sorteos.
También destacó que una parte del dinero que se lava es en los estados de la República. «Hay una falta de cooperación y de confianza entre los gobiernos estatales y la Unidad de Inteligencia Financiera. Pocos estados la tienen funcionando. La que mejor está es la de Tamaulipas, la cual armó todo el expediente contra el ex Gobernador Eugenio Hernández», ejemplificó. El ex mandatario (2005-2010) de un estado dominado por Los Zetas está en proceso de extradición a Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
Vázquez, especialista en prevención de lavado de dinero, resaltó que en México el reto también es tecnológico.
«Es indispensable consolidar la regulación fintech que considera el antilavado. Ya se creó la Ley, pero para el siguiente año debemos ver la consolidación. Era muy fácil lavar dinero en interacciones virtuales por las bitcoins», dijo. «México tiene mucha inversión en tecnología, pero debe ser aplicada de forma correcta. El lavado ya también puede venir a través de fraudes tecnológicos».
LA COORDINACIÓN UIF-PGR
Como parte del combate a las estructuras financieras del crimen organizado, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó el 5 de diciembre a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de tres empresas fachada del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más poderoso en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, ex fiscal electoral que pidió una orden de aprehensión al ex Gobernador César Duarte por peculado de 14 millones de pesos e indagaba la posible relación de Emilio Lozoya Austin (ex Pemex) en el caso Odebrecht, contará con el apoyo internacional para combatir el blanqueo del crimen.
«Estados Unidos está ávido de cooperar con Santiago Nieto. Han habido acercamientos muy importantes del gobierno de Estados Unidos para que México pueda instrumentar mejor las acciones contra lavado de dinero. Las agencias internacionales quieren cooperar con el nuevo gobierno», afirmó el académico Gerardo Rodríguez.
Para 2019 se prevé un presupuesto para la UIF de 176 millones 560 mil 353 pesos, 19 menos que lo ejercido en 2018 por 211 millones 423 mil 429 pesos.
Aunque no ha encontrado eco. La Fiscalía General de la República ya fue decretada en el Diario Oficial de la Federación, pero falta el nombramiento oficial de un Fiscal General y de las cuatro fiscalías adscritas, entre ellas la de Anticorrupción.
«Si la Unidad de Inteligencia Financiera no hace un buen seguimiento, las carpetas [de investigación] quedan en el cajón del olvido de la PGR. Ojalá haya buena coordinación», aseguró Gerardo Rodríguez. «Una de las propuestas de especialistas es sacar a la UIF de Hacienda, hacerla una entidad independiente, para que tenga mejor interlocución y no dependa de decisiones políticas».
En el sexenio pasado fueron hacia atrás. En 2017 solo bloquearon mil millones de pesos entre personas físicas y morales, mientras que para combatir al crimen organizado haría falta que los aseguramientos alcanzaran al menos los 5 mil millones de pesos al año, reconoció el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal.
La PGR tampoco avanzó en el fortalecimiento de la persecución de los delitos de carácter financiero. Mientras que en 2013 de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los órganos jurisdiccionales se sentenciaban 22, para 2016 esta cifra fue de tres casos, y las devueltas por el juez aumentaron de 17 en 2013 a 57 en 2016 por cada 100 casos, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
«De mantenerse este comportamiento, no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros y, con ello, en mejorar las condiciones de seguridad pública», advirtió el órgano fiscalizador en su Cuenta Pública 2017.
Otro paso en este sentido ha sido el avance de la Ley de Extinción de Dominio, es decir, la facultad del gobierno para retirar los bienes provenientes de extorsión, huachicoleo o corrupción (enriquecimiento ilícito), los cuales puede destinar a otras instituciones gubernamentales. En Colombia y Guatemala ha dado resultados. Estos días fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores, y se turnó a los Congresos estatales para su ratificación.
