La Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se convirtió en un espacio para la catarsis de los narcotraficantes, impotentes ante la justicia La fantasía y las lenguas sin gobierno salen a pasear y periodistas y medios de comunicación, hambrientos de notas, dan rienda suelta a la mentira, la noticia falsa corre sin dique de contención por los hilos electrónicos.

Nadie verifica nada. Basta que un testigo abra la boca y de rienda suelta a su lengua para que hasta los medios más serios, por atracción irresponsable, abran la puerta al sensacionalismo como negocio, periodismo barato que se viste con el atuendo de la seriedad, servil hasta en la crítica.

La mentira también es criminal. Y la omisión su prima cercana.

En la sala donde capos, abogados y fiscales se dan cita sólo les falta el diván para que aquello se convierta en consultorio destinado al psicoanálisis para todo tipo de personajes atenazados por historias fantásticas, donde los abogados, siguiendo el hilo de la mentira, conducen a sus clientes y testigos a realizar declaraciones inducidas, en la mayoría de los casos, por el protagonismo o por el enfermizo resorte de la acusación falsa. Perdidos tras las barreras de la prisión, escupen el jugo gástrico envenenado, batidos en su propio vómito.

Son tantas las declaraciones sin pruebas y tan abultadas las historias falsas que en el juicio contra Guzmán Loera la línea de verdad está totalmente extraviada. En el juicio que pretende llevar a condena al exjefe del cártel de Sinaloa las autoridades judiciales estadunidenses tendrán que bucear en un mar de dichos sin fondo, pues los señalamientos en contra de funcionarios mexicanos, por ejemplo, carecen de pruebas mínimas y necesarias para que puedan al menos preocuparse.

En semanas recientes, el capo Rey Zambada, hermano de Ismael Zambada García, El Mayo—quien vive protegido por las autoridades mexicanas con la venia de Estados Unidos –declaró que el cártel de Sinaloa había cooptado a altos funcionarios de la PGR, de la embajada de Estados Unidos en México, de Interpol, de Aduanas y hasta militares para operar una red de protección al cártel de Sinaloa a fin de que moviera, sin preocupaciones, sus cuantiosos cargamentos de droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el juicio de Nueva York, el abogado de Guzmán Loera, Jeffrey Lichtman, declaró, basado en el dicho de su cliente, que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron pagos millonarios del cártel de Sinaloa para permitir sus operaciones en México y mantener en libertad a su líder. El señalamiento causó un revuelo fugaz. Sin pruebas, la acusación se desvaneció en el aire.

Al volver a la escena del juicio, Rey Zambada dijo que también habían comprado la protección de Genaro García Luna, quien durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón estuvo a cargo de las tareas de seguridad del país. Este personaje carga con la sospecha de haber protegido al narcotráfico, pero hasta ahora tampoco se le ha probado nada.

En Nueva York en ningún momento los declarantes aportaron pruebas para hundir a García Luna y sus dichos no son suficientes para probar una acusación ni menos para llevar a juicio a sus presuntos cómplices. Todo esto resulta un verdadero show que, como las novelas de Televisa, mantiene atados a la pantalla a quienes siguen dormidos con los ojos abiertos.

Aquí cabe señalar que buena parte de las declaraciones de Rey Zambada ya se conocían en México desde el 2004, poco después de que fue detenido. Es una película trillada. En ese año estalló el escándalo de corrupción que implicó a funcionarios de la PGR, particularmente de la Siedo, relacionados entonces con la protección al cártel de Sinaloa.

El titular de la Siedo, Noé Ramírez Mandujano y varios colaboradores suyos (entre ellos algunos militares) terminaron presos en el penal “El Rincón” de Tepic, Nayarit, pero tuvieron que ser liberados porque ninguna de las acusaciones pudo ser probada. En resumen, los narcotraficantes y otros testigos protegidos mintieron y sus dichos –verdaderas madejas de mentiras e historias fantásticas –fueron descalificados por jueces y magistrados en todas las instancias legales.

Aquella amplia investigación, conocida como “Operación Limpieza”, realizada por la PGR, entonces a cargo de Marisela Morales –señalada de orquestar una red de testigos falsos para incriminar a funcionarios y enemigos suyos –resultó un verdadero fiasco. Encarcelaron a cuanto funcionario resultó embarrado, pero luego fueron liberados en cascada. La PGR pasó a ser una fábrica de acusaciones falsas. Y muchos expedientes se armaron a sabiendas de ello.

La mayoría de los testigos mintieron y, como consecuencia los implicados en la presunta protección del cártel de Sinaloa –gran parte de esta telenovela se recapitula en el juicio contra El Chapo en Nueva York –tuvieron que ser liberados. A la lista de descalabros judiciales se sumaron los controvertidos casos del general Tomás Ángeles Dauahare y el de la francesa Florance Cassez, él acusado de servir al narco y ella de formar parte de una presunta red de secuestradores.

Un juez solicitó a la PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, que se investigara a la exprocuradora Marisela Morales porque, según el juzgador, existían indicios de que muchos casos fueron maquinados perversamente con testigos falsos. Pero el político hidalguense optó por el camino de la impunidad y José Antonio Meade premió a Morales con el consulado de México en Milán, Italia.

Hace unos días, la metralla de mentiras volvió a sacudir el escenario mexicano. Esta vez el exprocurador General de la República, Ignacio Rey Morales Lechuga, fue acusado por el narcotraficante Colombiano Jorge Milton Cifuentes de recibir dinero a cambio de protección.

Morales Lechuga fue procurador en el sexenio de Carlos Salinas. Tomó la PGR en 1991 y salió en 1993. Fue relevado por Jorge Carpizo, quien condujo a la PGR a una crisis de credibilidad sin precedentes en ese tiempo, después de los logros obtenidos por Morales Lechuga en el combate al crimen organizado. Fue justamente en ese tiempo cuando se emprendió la cacería de varios capos. Fue capturado Guzmán Loera en Guatemala, después de intensa búsqueda, y en Cancún, Quintana Roo, cayó abatido a tiros Rafael Aguilar Guajardo, entonces jefe del cártel de Juárez.

Con Morales Lechuga como procurador se incrementó el decomiso de drogas y armas. Las estadísticas dan cuenta de ello. En 1991 enfrentó una fuerte polémica tras la matanza de agentes federales en un paraje de Tlalixcoyan, Veracruz, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces a cargo de Jorge Madrazo, cerró sus investigaciones sobre ese caso concluyendo que todo se debió a una confusión. Más tarde Morales fue nombrado embajador de México en Francia y al término de su gestión se retiró del servicio público para dedicarse a sus tareas como Notario Público

En aquel tiempo, como procurador, Morales Lechuga no fue el único responsable de la lucha antidrogas. El presidente Carlos Salinas había recargado dichas tareas en Jorge Carrillo Olea, a la postre relacionado presuntamente con Amado Carrillo cuando fue gobernador de Morelos.

Las declaraciones del narcotraficante colombiano contra Morales Lechuga no se sostienen en los hechos. El capo no mencionó sumas ni quien las recibió ni fechas precisas o posibles en caso de haberlas entregado, el rostro de la falsedad sin maquillaje. Cifuentes, según sus antecedentes, formó parte del cártel del Norte  del Valle –o cártel de los sapos –creado con los restos de los cárteles de Cali y Medellín, encabezados por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, respectivamente.

Este cártel se creó con los restos de ambas organizaciones posterior a 1993, es decir, cuando Morales Lechuga ya no era procurador General de la República. Aquí las fechas no coinciden. Al rosario fantástico de declaraciones emitidas por Cifuentes le faltan precisiones, datos, hechos, fechas, la verdad ausente en una lengua desenfrenada y venenosa.

Jorge Milton Cifuentes Villa fue capturado en Venezuela en noviembre de 2012, su detención la dio a conocer el ministro del interior de ese país, Nestor Riverol. Al detenido se le conoce como el J.J. y según las acusaciones que pesan en su contra era uno de los principales enlaces de Joaquín Guzmán en Colombia. Ahora testifica en contra del exjefe del cártel de Sinaloa en Nueva York.

De acuerdo con su biografía criminal, Cifuentes se inició en el cártel de Medellín. Fue piloto de Pablo Escobar. Tras la muerte del capo Francisco Jorge Milton se convirtió en jefe de la organización junto con la viuda de Francisco,  Patricia Rodríguez Molsalve. Su camuflaje era la actividad empresarial. Decía que tenía negocios en Panamá, México y Ecuador.

En noviembre de 2010 fue acusado por la Corte del Distrito Sur de la Florida de tráfico de drogas y lavado de activos. Un año después, la Corte de Nueva York también integró un expediente en su contra por los mismos delitos.

Tras los señalamientos, la reacción de Morales Lechuga fue rápida. En su cuenta de twitter rechazó los señalamientos por falsos y calumniosos, dijo enfático. Y de inmediato se abocó a solicitar la asistencia legal de la PGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de obtener una copia del testimonio de Cifuentes para proceder legalmente en su contra.

La denuncia que presentará Morales Lechuga próximamente, según confirmó, será por daño moral en México y perjurio en Estados Unidos, pues ha decidido proceder en contra “del capo falsario”, como él le llama, también contra el abogado Jeffrey Lichtman –defensor de Guzmán Loera –, el fiscal del caso y el periodista Keegan Hamilton, quien en las redes sociales dio rienda suelta a las acusaciones falsas contra el exprocurador, dando por hecho los señalamientos.

–Interpondrá las denuncias en Nueva York? –se le pregunta a Morales Lechuga vía telefónica.

–Si, por su puesto, y en México también agotaré todas las instancias legales.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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