El 3 de marzo de 1994 una balacera en Tijuana evidenció lo que era y es una realidad en México: la corrupción policiaca. Aquella noche -por cierto 20 días antes que en la misma ciudad fuese asesinado Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del PRI a la presidencia de la República-, dos convoyes de vehículos sin insignias que los identificaran como parte de alguna corporación o institución se toparon en una de las zonas residenciales más tradicionales de esta frontera. Los ocupantes de los dos bandos de camionetas iban armados, todos.

Abrieron fuego unos contra otros. Cientos de balas perforaron las camionetas, el sonido del enfrentamiento se escuchó a varios metros a la redonda, y a las 8:30 de la noche muchos se refugiaron en sus casas, en los mercados y comercios cercanos. Hasta el entonces Obispo de Tijuana, Carlos Emilio Berlie Belaunzarán iba pasando por ahí.

Del ataque resultaron cuatro muertos antes que alguien parara la balacera. Dos de los asesinados llamaron la atención por el trabajo que desempeñaban. Uno era agente especial de la Policía Judicial Federal, el otro pertenecía a la Policía Judicial del Estado de Baja California. Los bandos que se enfrentaron eran policías protegiendo narcotraficantes.

Los de la Policía Judicial Federal servían al cártel de Sinaloa, los de la Policía Judicial del Estado acataban órdenes del Cártel Arellano Félix. Entonces hubo detenidos, los estatales, pero fueron liberados rápido mientras los federales cerraron “la investigación” a 52 horas de la balacera.

Años después en un expediente y con origen en interrogatorios ministeriales a detenidos que delinquían para el cártel de los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, se reveló que estos destinaban un millón de dólares al mes para el pago a policías, agentes y funcionarios corruptos. Así vivieron en la impunidad hasta el 2002 cuando fuera de Tijuana los dos, Ramón fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa por un policía federal, y Benjamín detenido en Puebla, Puebla, por elementos del Ejército Mexicano. Habían disfrutado por lo menos 20 años en la impunidad que da la corrupción del estado mexicano.

Del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán también gozó de la lealtad de los desleales al estado. Policías, agentes, soldados, funcionarios de la PGR, de procuradurías locales y penitenciarios, le permitieron escapar de dos penales de máxima seguridad en México, antes de ser reaprendido y extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica.

Cuando un narcotraficante como Teodoro García Simental se escindió del cártel Arellano para unirse al de Sinaloa e iniciar una de las –hasta entonces- narcoguerras más violentas en Baja California en 2007, un par de años más adelante un grupo coordinado por las fuerzas armadas, estuvo a punto de detener al capo en tres ocasiones. Pero siempre llegaban tarde. En una ocasión fueron alertados que el criminal celebraba una fiesta en un hotel en la carretera escénica a Ensenada. Pero cuando arribaron, ya no estaba. Tenía poco que se había retirado luego que le dijeran que iban por él. En el lugar encontraron, adormecido por la borrachera, a Santiago Meza López, conocido como “El Pozolero” por dedicarse a desintegrar cientos de cuerpos en ácido.

En el grupo coordinación de Seguridad en el Estado sospechaban que eran los elementos de la Policía Federal los que alertaban a “El Teo” de los operativos para su captura. Pero no estaba en esa corporación el traidor. De hecho no era un elemento operativo. Cuando descubrieron quién era el desleal, resultó ser el secretario de un elemento de las fuerzas armadas. El narcotraficante lo había corrompido.

Una situación es real: los narcotraficantes o los criminales organizados, no podrían llevar una vida de impunidad sin la ayuda de quienes integran el estado mexicano. Necesitan de policías que los protejan en su tránsito diario, de ministeriales que los cubran en las indagaciones, de investigadores que les adviertan cuando van por ellos, de funcionarios de finanzas que les tramiten toda suerte de documentos de identidad. De procuradores, soldados, federales, para que sus cargamentos de droga circulen impunemente por las carreteras de México, o para cuidar que elementos honestos no lleguen hasta sus guaridas.

La corrupción es México es la raíz de la mayoría de los problemas, pero es el elemento esencial para la existencia y permanencia del narcotráfico. De ello se está dando cuenta en un juzgado de distrito de los Estados Unidos donde realizan un proceso judicial a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por testimonios aportados por narcotraficantes encarcelados en aquel país, se ha enterado al mundo, dada la notoriedad del caso, de los actos de corrupción que en México permitieron que el capo y sus secuaces se mantuvieran prófugos por decenas de años. Incluso y aun cuando fue eliminado del registro para el jurado, se mencionaron hechos de corrupción con el gobierno de la República.

Jesús Zambada, hermano del narcotraficante más impune de todos, Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa y del cual la autoridad no tiene siquiera una foto actualizada, dijo que tan solo para pagos a autoridades deshonestas en la Ciudad de México, la organización criminal destinaba 300 mil dólares cada mes. Incluso contó sobre sus encuentros con “policías” como Genaro García Luna y Gabriel Regino, a quienes declaró haber entregado dádivas ilícitas.

Un capo colombiano que busca reducir su condena en Estados Unidos también aportó datos, aun sin nombres, del aparato de seguridad oficial que resguardaba a Joaquín Guzmán Loera. Otro, Jorge Cifuentes, dio detalles de cómo él corrompió las fuerzas armadas de Perú y Colombia, y cómo en México El Chapo hizo lo propio. Incluso corromper a funcionarios de Petróleos Mexicanos en un plan para utilizar la infraestructura marítima de la paraestatal para trasegar la droga. Y hace unos días, el nombre del ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga también salió a flote.

Las historias son conocidas, la manera de operar de los narcotraficantes con las autoridades ha sido tema de investigaciones periodísticas, de literatura de no ficción, de películas como Traffic, y de series como Narcos México, o El Chapo. La corrupción ha sido exhibida en muchos medios, y ahora en tribunales extranjeros, pero no ha llegado a ser el tema central de investigaciones ministeriales que tengan por objeto procesar a los corruptos en México.

Los testimonios de los capos en el extranjero, los dichos de los abogados señalando la corrupción de autoridades mexicanas, evidencian lo que siempre hemos sabido y leído, que México se convirtió en el país de los cárteles de las drogas, con la contribución de policías y funcionarios corruptos que gozan de impunidad.

Adela Navarro Bello

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