El salario mínimo mexicano es uno de los más bajos del mundo y los ingresos de la clase trabajadora se encuentra por debajo de la mayoría de países de América Latina. Sólo por este dato los funcionarios del Poder Judicial y de otros poderes, que defiendan sus altos ingresos van a perder el debate que existe ahora sobre las remuneraciones y salarios de quienes componen la administración pública federal.

Hasta el miércoles pasado más de 6,200 funcionarios federales habían presentado 2,772 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, según informó el Consejo de la Judicatura Federal. Entre quienes se ampararon para evitar que les recortes sus salarios y prestaciones sean recortados como se propone en Ley Federal de Remuneraciones, había 384 jueces, 445 magistrados, 2,174 secretarios, 445 actuarios, 1,226 oficiales, todos del Poder Judicial de la Federación.

Otros 1,043 funcionarios que se ampararon pertenecen a distintas dependencias del Poder Ejecutivo federal, como de la Secretaría de Gobernación, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Procuraduría General de la República, Cisen, Sistema de Administración Tributaria y de organismos autónomos o descentralizados como el Instituto Nacional Electoral, Cofece, y del Instituto Politécnico Nacional, según Animal Político.

Aunque estos funcionarios ganaran estos amparos, de todos modos van a perder el debate ante la opinión pública porque es insostenible que la sociedad mexicana, con tantas carencias y necesidades, pague salarios estratosféricos y conceda prebendas onerosas a la alta burocracia federal mexicana, conformando una burocracia dorada.

Aunque en el Poder Judicial rechazan que tengan salarios de hasta 600 mil pesos, ya ha quedado probado que entre salarios y el resto de sus percepciones, un ministro de la Corte tiene remuneraciones anuales por 6,938,234 pesos que equivalen 578,186 pesos mensuales.

Entre las prestaciones, los ministros tienen una compensación garantizada de dos millones 785 mil 845 pesos, prima vacacional de 95,475 pesos, aguinaldo de 586,317 pesos, seguro de vida institucional de 33,876 pesos, seguro de gastos médicos mayores por 47,770 pesos, seguro de separación individualizado por 528,782 pesos, estimulo de antigüedad de 46,154 pesos, “pago por riesgo” de 853 mil 223 pesos y, como cereza del pastel, ayuda para compra de anteojos por 3,100 pesos.

En el Poder Judicial federal, tanto los consejeros de la Judicatura como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen ingresos semejantes: 6.9 millones anuales, equivalentes a 578,186 pesos mensuales, según el Anexo 24 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

Pero como es bien sabido, no solamente los integrantes de Poder Judicial de la federación tienen estos sueldos y prebendas que lastiman y ofenden a la mayoría de la sociedad mexicana.

En el Poder Legislativo, el Auditor Superior de la Federación (ASF) tiene una remuneración anual de 4,268,060 pesos, equivalentes a 355,671 pesos cada mes. Tiene además aguinaldo por 74,539 y una gratificación anual de 329,739 pesos. Además de contar con una ayuda para despensa de 8,220 pesos anuales, cuenta con una partida para vales por 133,100 pesos al año, lo que equivale a 11,091 pesos mensuales. Esto lo convierte en el funcionario federal con más ingresos por vales de despensa.

En el Poder Ejecutivo las prebendas y remuneraciones altas se aprecian en la burocracia dorada de varios organismos constitucionales autónomos, como en el Instituto Nacional Electoral (INE). Los consejeros de este organismo tienen una remuneración anual neta de 4,354,208 pesos equivalente a 362,850 pesos mensuales. Entre sus beneficios está el aguinaldo o “gratificación de fin de año” de más de medio millón de pesos para cada consejero. Curiosamente también cuentan con una innecesaria prestación anual de “seguro colectivo de retiro” con 102 pesos al año. Al seno del INE todos los vocales ejecutivos en los estados tendrían remuneraciones anuales superiores a las que se estableció Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo federal por 108 mil pesos al mes. Un titular de la Junta Local INE puede percibir entre 141,596 pesos a 172,219 pesos mensuales.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), su titular tiene una remuneración anual de 4,243,164 anual pesos, es decir 353,597 pesos al mes. Hay dos percepciones del titular de la CNDH un tanto extrañas: una es el pago de 99,321 al año para “Ayuda para el desarrollo personal y cultural” y un “Pago extraordinario” por 775,490 pesos, que equivalen a un ingreso mensual de 64,624 pesos.
En el recientemente creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuya desaparición fue anunciada por el nuevo gobierno, los consejeros tienen una remuneración anual de 3,517,740 pesos equivalente a 293,145 pesos mensuales. Se incluye una “Ayuda para despensa” de 8,220 pesos anuales y en “Otras Prestaciones”, se les asignan 136,368 pesos de “apoyo económico para adquisición y/o mantenimiento de vehículo”.

El presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica percibe al año 3,401,535 pesos, es decir, 283,461 al mes. Tiene una ayuda de despensa ridícula de 924 pesos al año; un seguro colectivo de retiro 473 también anual y asignación para vales de despensa por 14,400 anuales.

En el Instituto Federal de Telecomunicaciones su titular gana al año 3,340,687 pesos, y 278,390 al mes. Para ayuda de despensa recibe 6,780 pesos y 18,000 de vales de despensa. Además tiene asignada una “Gratificación de fin de año” por 312,538 pesos.

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el presidente y comisionados ganan al año 3,456,571 pesos que equivalen a 288,047 pesos mensuales. En sus remuneraciones se incluye una gratificación de fin de año por 350,854 pesos, además de dos asignaciones anuales un tanto ridículas: ayuda para despensa de 924 pesos y seguro colectivo de retiro por 473 pesos. Estas bajas asignaciones se compensan con un apoyo económico para gastos de mantenimiento de vehículo por 208,364 pesos. Es decir, los contribuyentes les pagamos prácticamente un auto nuevo cada año a estos funcionarios de la “burocracia dorada”.

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene remuneración anual de 3,403,222 pesos (283,601 al mes), que incluye una gratificación de fin de año por 367,399 y una ayuda para despensa de 5,580 pesos al año.

En el Poder Judicial se ha tratado de justificar estas remuneraciones onerosas como una medida que garantiza la independencia de dicho poder. No pocos funcionarios federales pertenecientes a este estrato de la burocracia dorada, han sugerido que los altos ingresos son necesarios no sólo para retener talento profesional, sino que son necesarios para evitar la corrupción.

En las redes sociales tratan de justificar, absurdamente, que un ministro de la Corte gane 349 veces más lo que percibe un perceptor de un hogar pobre porque “ha estudiado 349 veces más” para tener ese ingreso.

Como se aprecia, se intentan defender los privilegios de este estrato de funcionarios federales que ganan a veces más que miembros de monarquías europeas, con criterios clasistas, elitistas y discriminadores.

Dan por sentado que sólo los funcionarios con estos ingresos pueden desempeñar trabajos de calidad y sin corrupción. Al defender esta postura están despreciando y descalificando a cientos de miles de servidores de la salud, la educación, de correos y otros funcionarios federales, que hacen bien su trabajo sin tener esas remuneraciones onerosas y de escándalo.

Es inadmisible que la sociedad pague los vales de despensa, sus autos, o las ayudas para el “desarrollo personal” o las gratificaciones anuales de esta burocracia dorada.

Mientras más intentan defender sus privilegios y prebendas, más se exhiben. Por donde quiera que se vea, es intolerable que a una familia trabajadora le cueste 25 años pagar una casa de interés social de las condiciones más modestas y que un ministro de la Corte pueda comprar esa casa con sus ingresos de una quincena.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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