Santiago Nieto Castillo, quien dirigió la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales en el sexenio pasado y fue removido en el marco del caso Odebrecht, ha tomado la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En su primera semana de trabajo denunció a tres empresas fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación ante la Procuraduría General de la República. En entrevista con SinEmbargo, habló del caso Odebrecht, del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez y de la relación de la Reforma Energética con el robo de combustibles.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto en asuntos financieros «fue particularmente lamentable» durante este año por los montos «mínimos» de aseguramiento de dinero y cuentas bancarias realizados de enero a septiembre.
«El trabajo de la PGR durante 2018 fue particularmente lamentable en razón de que los montos de aseguramiento fueron mínimos: 264 mil pesos, 135 mil dólares, 10 euros, cero cuentas bancarias aseguradas, cero sentencias en juicio oral, seis personas sentenciadas en procedimiento abreviado, y esto quiere decir que esta Unidad especializada en asuntos financieros de la PGR simple y sencillamente no funcionó durante 2018, con los efectos negativos que se tiene para el sistema financiero y la procuración de justicia», dijo en entrevista con SinEmbargo.
Ante esta herencia de la administración pasada, Nieto confía en que pronto se establezca la Fiscalía General de la República para que pueda actuar de forma autónoma y con un sistema de servicio profesional de carrera real «que permita que sean los criterios técnicos y no los políticos los que definan la actuación institucional». Hasta el momento, la PGR sigue bajo la dirección del encargado de despacho Alejandro Gertz Manero.
La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó a la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) luego de localizar tres empresas fachada vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se aseguraron cuentas, detalló Nieto.
También en días pasados la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) aceptó la orden de un juez federal de agilizar las diligencias en torno al caso de la constructora Odebrecht y su presunto vínculo con el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, coordinador de campaña en 2012 de Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto, quien fue removido de esa institución en octubre de 2017 en el marco de esa indagación, consideró que aunque es importante el mensaje de que tienen que resolver rápido el caso, «no debe significar resolver mal», sino requerir datos de la asistencia jurídica internacional para llegar a una acción penal.
Otro caso que trae la Fepade, dijo, es el del ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, señalado por presuntos desvíos de recursos públicos. Durante su conferencia magistral en el evento «Rompe con la corrupción» celebrado en la Universidad Anáhuac, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya está solicitando al Gobierno de Estados Unidos su extradición para que enfrente las 16 órdenes de aprehensión del Gobierno mexicano. Nieto fue quien ordenó la extradición desde septiembre de 2017.
Sobre el robo de hidrocarburos, expuso que un punto negativo de la Reforma Energética ha sido el surgimiento de empresas gasolineras privadas que presuntamente compran el denominado huachicol. Ante ello, para más tardar en el mes de febrero su equipo presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el marco normativo que permita combatir a las empresas fachada «que han sido el mecanismo de la delincuencia organizada».
La mayor parte de tomas clandestinas se concentra en el Triángulo Rojo de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, de acuerdo con las cifras de Pemex.
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–¿En qué consistió la primera denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera ante la PGR y qué refleja de esta nueva estrategia contra el crimen organizado?
–El Presidente López Obrador fue muy claro desde la campaña y dijo que teníamos que cambiar la estrategia contra el crimen organizado. La estrategia no puede estar fundamentada solo en la violencia y lo importante es poder detener los flujos de capitales financieros hacia los grupos financieros. Se localizaron tres empresas fachada donde había flujo de recursos vinculados con personas físicas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y se procedió al aseguramiento de las cuentas, y la presentación de la denuncia. El objetivo es mandar un mensaje de que durante la administración del Presidente López Obrador lo prioritario será el combatir a las estructuras financieras de la delincuencia organizada y que desde la primera semana empezaremos a dar pasos en ese sentido.
–Santiago, cómo se siente estos días en que ha estado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué pendientes ha detectado en la UIF y cómo va a dar seguimiento a las denuncias previas que ya se habían puesto ante la PGR?
–El primer pendiente es cumplir con el Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional que tiene que presentarse antes del 15 de diciembre. Es un tema fundamental que tiene que ver con la presencia de la UIF a nivel internacional, y es un asunto prioritario en razón de que México tiene que dar mensajes de cumplimiento en sus obligaciones de carácter internacional. El segundo punto tiene que ver con el incremento de las denuncias y los aseguramiento de bienes y cuentas a efecto del delito.
–¿De alguna forma les puede obstaculizar que la PGR todavía no se haya convertido en la Fiscalía General en estas denuncias pendientes?
–Sí, yo creo que la PGR tiene una estructura que en este momento no responde a las necesidades de transformación del país, producto de las elecciones del pasado 1 de julio. Es necesario que esa institución se transforme en la Fiscalía General de la República para que pueda actuar, primero, de forma autónoma y, segundo, con un sistema de servicio profesional de carrera real que permita que sean los criterios técnicos y no los políticos los que definan la actuación institucional. También en este momento lo que hemos visto es que el trabajo de la PGR durante 2018 fue particularmente lamentable en razón de que los montos de aseguramiento fueron mínimos: 264 mil pesos, 135 mil dólares, 10 euros, cero cuentas bancarias aseguradas, cero sentencias en juicio oral, seis personas sentenciadas en procedimiento abreviado, y esto quiere decir que esta Unidad especializada en asuntos financieros de la PGR simple y sencillamente no funcionó durante 2018 con los efectos negativos que se tiene para el sistema financiero y la procuración de justicia. La Ley Orgánica que ha sido aprobada en el Senado de la República, tanto por la Comisión de Justicia como en el Pleno del Senado, y que la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados acaba de aprobar el miércoles pasado, es un buen paso para poder transitar hacia la creación de una Fiscalía General. Falta todavía que la apruebe el Pleno, la Cámara de Diputados y que venga la declaratoria correspondiente, pero a partir de ese momento se podrá iniciar el procedimiento para tener un Fiscal General que permita la transición durante el periodo de un año en términos de los artículos transitorios de la ley para que se presente una propuesta integral de Reforma Constitucional Legal y Administrativa que permita consolidar el Sistema Procesal Acusatorio y la Fiscalía General. Es indispensable para la UIF una absoluta coordinación con esta Fiscalía General de la República para dar mejores resultados.
Durante su conferencia magistral en la Universidad Anáhuac, Nieto dijo que es imperativo que la Fiscalía General ya se consolide, pues a cuatro años de la reforma constitucional en la materia, «no tenemos Fiscalía autónoma, no tenemos Fiscal Anticorrupción y no tenemos magistrados anticorrupción».
–Sobre el combate al robo de hidrocarburos, ¿ya tienen una estrategia?
–Sí, será anunciada próximamente. No quiero adelantar nada, pero ya hay una estrategia diseñada en los ámbitos de energía, seguridad pública y por otro lado Hacienda, Marina y Ejército para combatir este grave problema que heredamos de la administración anterior.
–Esto que mencionaba de las empresas privadas que se generaron en la Reforma Energética, ¿qué problema implica o qué relación tiene con el huachicoleo?
–Las empresas fachada han sido un modelo para lavar dinero en México y desviar recursos públicos en temas relacionados con corrupción. El problema ha sido la falta de actividad exhaustiva para poder encontrar al beneficiario final [y ni prestanombres]. La propuesta es que para más tardar en el mes de febrero presentaremos una propuesta para efecto de que se presente una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el marco normativo que nos permita localizar al beneficiario final y sobre todo combatir las empresas fachada que han sido el mecanismo de la delincuencia organizada, de la corrupción para sacar o introducir recursos del sistema financiero del país.
–¿Incluyendo de la Reforma Energética?
–Es correcto, sí.
Durante su ponencia, el funcionario federal dijo que «uno de los efectos negativos de la Reforma Energética con la generación de empresas privadas ha sido precisamente la compra ilegal de hidrocarburos que han robado a Pemex. Cuando tenemos una empresa gasolinera y compra menos combustible a Pemex o importa menos combustible y tiene mayor número de ventas, esto solamente puede explicarse con dos elementos: o está vendiendo litros de 900 mililitros u 800, o está comprando huachicol. Pemex ya no revisa las empresas gasolineras privadas y esto nos genera un espacio de corrupción pública y privada».
–Respecto a César Duarte, ¿qué papel va a tener la UIF una vez que se extradite?
–Es un asunto que se encuentra en la Fepade. Necesita mantener el caso ante los órganos jurisdiccionales como se desarrolló durante la etapa en que yo fui titular que logramos la orden de aprehensión en contra de César Duarte. Es muy importante mandar un mensaje de que todos los casos de corrupción tienen que ser sancionados, sobre todo cuando existen ya en este momento las 16 órdenes de aprehensión en contra de este personaje que terminó desviando recursos públicos y generando un banco privado con bienes públicos, lo cual es absolutamente incompatible con un estado democrático.
En su ponencia del viernes pasado, Santiago Nieto aseguró que «desde el 11 y 12 de septiembre de 2017 se solicitó la extradición de César Duarte por parte de la Fiscalía General de Chihuahua y de la Fepade a la PGR. El monopolio de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales respecto a las solicitudes de extradición le corresponde a esa área. Se actuó de manera discrecional y no hay rendición de cuentas establecida. ¿Qué ha pasado? Más de un año después no se solicita la extradición del señor César Duarte. Sin embargo, lo que me ha hecho saber el Canciller Marcelo Ebrard es que ya están solicitando al Gobierno de Estados Unidos la extradición de dicha persona para efecto de que enfrente las 16 órdenes de aprehensión que tiene por parte del Estado mexicano».
–¿Cuál es su lectura de que la Fepade va acelerar la investigación de Lozoya?
–No me gusta la sentencia del Juez. Me parece que la investigación de la Fepade requiere de los datos de la asistencia jurídica internacional que tienen que venir de Suiza y de Brasil, entre otros países. Es importante el mensaje de que tienen que resolver rápido; sin embargo, el hecho de resolver rápido no debe significar resolver mal. Lo que necesitan es tener todos los elementos y generar todas las diligencias para en su momento ejercer la acción penal y no utilizar esto como un mecanismo de exoneración anticipada y determinación de no ejercicio de la acción penal basándose en que el juez les ordenó resolver rápido.
–¿La UIF va a tener también un papel en este caso?
–Nosotros estamos desarrollando las investigaciones que estaban ya pendientes. Vamos a crear modelos de riesgo de forma global que permitan detectar los casos de financiamiento ilícito en las campañas electorales para que no solamente en el caso de Odebrecht, sino en cualquier caso que sea relacionado con el financiamiento ilícito de las campañas puedan las personas ser llevadas ante las instancias competentes.
