La investigación sobre la presunta triangulación de recursos públicos a favor de empresas fantasma que supuestamente podrían tener relación con el PRI no se limita sólo a Chihuahua. La Fiscalía de Durango averigua el presunto desvío de 226 millones de pesos del Secretariado de Ejecutivo de Seguridad Pública estatal en 2016. Para ello comparte información con la Fiscalía de Chihuahua, ya que indagan su posible relación con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, empresario actualmente vinculado a proceso por el caso del desvío de 1.7 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, dijo la Fiscal Ruth Medina.
Sobre ello, Gutiérrez Gutiérrez aclaró que no ha recibido ninguna solicitud de autoridades duranguenses y acusó que detrás de esta investigación está el Gobierno de Chihuahua. «Si es dictado de Corral, adelante», afirmó.
Por Dulce Olvera y Sugeyry Gándara
Chihuahua, Chihuahua, 4 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) investiga desde hace cuatro meses el presunto desvío de 226 millones de pesos de recursos estatales provenientes del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a dos empresas de operaciones simuladas durante 2016, el mismo periodo electoral indagado en Chihuahua.
Durango fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante su historia reciente hasta este 2016 con la llegada del Gobierno panista de Jesús Rosas Aispuro.
La Fiscal Ruth Medina Alemán explicó que iniciaron con la indagatoria a raíz de seis denuncias formales que se interpusieron desde agosto pasado por parte del actual Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango, Omar Carrazco Chávez.
«Encontramos la presencia de algunas empresas que estaban consideradas como fantasmas que también habían sido beneficiadas con algunos contratos de aquí», dijo la Fiscal duranguense.
Del total de las demandas penales, dos ya se han judicializado y vinculado a proceso a dos ex funcionarios del Secretariado de la administración pasada del priista Jorge Herrera Caldera (2010-2016), quien ha promovido más de 40 amparos para no ser detenido, de acuerdo con el Consejero Jurídico Galdino Torrecillas Herrera. Otros 100 ex funcionarios públicos han recurrido a la misma medida.
En octubre recibieron prisión preventiva el entonces Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango y la administradora del órgano.
De esas dos denuncias ya judicializadas en carpetas, y a partir de la declaración de uno de los dos vinculados, agregó la Fiscal, siguen analizando la presunta responsabilidad de otro ex funcionario del Secretariado estatal.
La Fiscal de Durango, Ruth Medina Alemán, añadió en entrevista que «creemos que puede estar enmarcado» [en dicha operación] Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, empresario priista actualmente vinculado a proceso por el pago de 1 millón 740 mil pesos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua a dos empresas, Jet-Combustibles [de su propiedad] y Promotora de Señalamiento Integral [representada por su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez], a cambio de servicios presuntamente no prestados, de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público en una audiencia de enero de este año.
El 31 de octubre, en conferencia de prensa el Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado afirmó que en el caso del estado de Durango se investiga a las mismas empresas relacionadas con las triangulaciones de recursos descubiertas en Chihuahua.
«Estamos dispuestos a colaborar en cuanto nos soliciten esa ayuda, toda vez que las consignaciones que ha hecho la Fiscalía General del Estado de Durango coinciden con tres empresas que también acá funcionaron en el esquema de triangulación de recursos públicos hacia el PRI nacional por virtud de empresas fantasma. Dos de esas empresas fantasmas son las mismas que fueron consignadas en el expediente de Chihuahua conocido como educación, 250 millones de pesos. Y una tercera, Jet-Com[bustibles], que también ha sido consignada en el expediente del estado de Durango coincide también con la empresa que consignó el estado de Chihuahua, propiedad o bajo la titularidad del hijo de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez», declaró.
La Fiscal Medina, por su parte, prefirió reservarse los nombres de las empresas porque no han concluido la investigación y porque forman parte de otras carpetas, pero reveló que ya se ampararon las empresas Sinax y Sissa, dos de las cuatro empresas fantasmas del caso de los 246 millones de pesos distraídos en la Secretaría de Educación de Chihuahua.
Actualmente la Fiscalía de Durango se ha reunido con tres fiscales del país para compartir información, entre ellos con Chihuahua, compartió Medina Alemán.
CHIHUAHUA LE DICTA A DURANGO: GUTIÉRREZ
En entrevista con SinEmbargo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez desestimó las declaraciones de la Fiscal de Durango pues dijo que en cualquier investigación «no pueden descartar a nadie. Ni al Papa», por lo que le parece «tramposo y perverso» decir que puede estar relacionado con el caso de Chihuahua, y aludió que quien está «dictando» a las autoridades duranguenses es precisamente el Gobierno de Chihuahua.
«Yo no sé, que lleven a cabo la investigación que corresponde», afirmó el ex Secretario adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el proceso en Durango. «Si es dictado de Corral, adelante […] Quien solicitó eso [la investigación en Durango] fue Peniche [el Fiscal de Chihuahua César Augusto Peniche]».
Hasta el momento, «no he tenido ningún requerimiento de información» por parte de las autoridades de Durango, aclaró.
Gutiérrez afirmó que funcionarios públicos y medios de comunicación lo han relacionado con lugares que ni siquiera conoce.
«Han mencionado tantos estados; lugares donde ni siquiera sé dónde quedan. Dicen Milpa Alta. No tengo ni la más remota idea de dónde es», aseveró el empresario.
El 21 de diciembre del año pasado, durante la audiencia de vinculación a proceso en contra de Alejandro Gutiérrez por el caso de 250 millones de pesos, el Ministerio Público leyó una declaración del ex Secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yáñez Herrera, quien aseguró que el mismo esquema de desvíos que ocurrió en Chihuahua también se habría repetido en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango. Yañez fue sentenciado a cuatro años de prisión por su participación en el peculado de 246 millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal.
En octubre de este año, el Secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, sugirió lo mismo.
«Tenemos información de que se presentó el mismo modus operandi de triangulación de recursos no solamente en el estado de Chihuahua o el estado de Durango, hay otras entidades que también participaron del mismo esquema», declaró a la prensa local.
SinEmbargo publicó este lunes que la Fiscalía General de Chihuahua tiene una investigación en proceso que menciona a Alejandro Gutiérrez Gómez, un hijo de Alejandro Gutiérrez, segundo hombre más importante del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI), en tiempos en los que Manlio Fabio Beltrones fue el dirigente.
«Manlio es mi amigo. Va a seguirlo siendo toda la vida, porque es mi amigo más allá de la política», aclaró Gutiérrez Gutiérrez.
De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gómez es el representante legal de Promotora de Señalamiento Integral, una de las empresas que junto con Jet-Combustibles fueron contratadas por la Secretaría de Hacienda chihuahuense por 1 millón 740 mil pesos para servicios presuntamente no prestados. En junio solicitó una suspensión para no ser detenido.
«Claro que se amparó. Cómo no se va a amparar ante un loco como este [el Gobernador Javier Corral Jurado], para seguir adelante con las empresas», detalló Gutiérrez Gutiérrez.
Contó que por el proceso judicial que enfrentó por el caso de 250 millones de pesos, por el cual vivió nueve meses en prisión preventiva pero ya está exonerado por falta de pruebas, ya no tiene nada qué perder.
«No tengo nada qué cuidar más, solo que sigan mis empresas, mis socios. Tengo 30 mil trabajadores», afirmó. Solo en Chihuahua cuenta con 12 mil empleados.
Precisó que ha presentado 46 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellas, contra el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el Secretario de Educación estatal, Pablo Cuarón Galindo; el Consejero Jurídico, Jorge Espinoza Cortés; y el Juez Alejandro Legarda Carreón, a quien –enfatizó Gutiérrez– lo ascendieron a Magistrado después de que lo vinculó a proceso en enero por los 1.7 millones de pesos.
Pero en seis meses, destacó, «la PGR tiene pruebas y no ha avanzado».
DURANGO CUIDA QUE NO SE FEDERALICE
La Fiscal de Durango Ruth Medina aseguró que el proceso de investigación sobre el presunto desvío de 226 millones de pesos es reciente y lo están realizando con cautela, ya que la mezcla de recursos estatales con los federales podría provocar un amparo por parte de los imputados o que, al igual que en Chihuahua, las autoridades federales atraigan el caso.
«Tenemos ahorita acreditados la presunta desviación de 226 millones de pesos, y solo hemos ejercido acción penal por 60 millones de pesos [por dos vinculados]», detalló. «Logramos obtener por lo menos dos empresas con un monto determinado que sus entregables no estaban acreditados».
Hasta el momento, el Gobierno federal no ha manifestado la intención de tomar el caso. «Advirtiendo el tema de Chihuahua, Durango fue muy cauteloso justamente en ver el origen de los dineros [estatal o federal]», dijo Medina.
SinEmbargo publicó ayer que el Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, y la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, aseguraron en entrevista que la PGR atrajo el caso de los 250 millones de pesos con irregularidades y con la intención de parar la indagación. En agosto, Gutiérrez Gutiérrez fue exonerado por falta de pruebas.
El Gobernador de Chihuahua Javier Corral, en la conferencia de prensa del 31 de octubre, también dijo que «este caso nos fue arrebatado por una serie de argucias y componendas entre los defensores y la PGR, y algunos jueces federales».
La Fiscal de Durango reiteró que para evitar lo mismo «hemos sido muy ciudadosos en ir determinando porque en un periodo de 2016 se cruzaron recursos estatales y federales en esas mismas cuentas», dijo. «Tenemos exclusivamente observado y judicializado en estas carpetas el recurso estatal. Nos llevó mucho tiempo poderlo analizar y desmenuzar al interior de la Secretaría de Finanzas».
