Ramón Martínez Coria es –desde hace ya tres décadas– defensor de los derechos de las comunidades indígenas de todo el país que se oponen a la destrucción que los megaproyectos generan en sus tierras y en su cultura. Su labor –que le ha costado amenazas, persecución y atentados contra su vida– también se ha centrado en el apoyo a las comunidades desplazadas de sus lugares de origen por la violencia del crimen y también la emanada de conflictos religiosos.
Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Ramón Martínez Coria es antropólogo y sociólogo. Su compromiso para llevar a la academia al terreno práctico lo convirtió en defensor de derechos de las comunidades despojadas y desplazadas por lo megaproyectos. Durante los últimos 30 años se ha mantenido cercano a las comunidades indígenas en México que denuncian el saqueo de corporativos con el permiso de los gobiernos federales y locales, y por dicha labor ha sido objeto de agresiones y amenazas de muerte.
El caso más emblemático ocurrió en 2013 cuando comenzó a colaborar con la tribu de los guarijíos en la región serrana de Álamos en Sonora, que se oponían al desplazamiento por la construcción de la presa Los Pilares. Los atentados comenzaron desde su primer día en el lugar y continuaron hasta que él y su colega Armando Haro Encinas decidieron huir a la Ciudad de México para salvaguardar sus vidas.
El atentado no logró frenar la vocación de Martínez Coria por lo que, de la mano de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable, continua asesorando a pueblos afectados por grandes proyectos como empresas hidroeléctricas, desplazados por la violencia paramilitar en Chiapas y defensores del agua y del aire. Actualmente trabaja con la comunidad maya de Yucatán amenazada por la construcción de parques de energía eólica y continúa con los guarijíos desarrollando acciones preventivas de desplazamiento forzado.
DE LA ACADEMIA AL ACTIVISMO
La primera experiencia como defensor de Ramón Martínez fue en lo años noventa del siglo pasado, cuando asesoró a las comunidades del Pueblo Mayo, de la comarca Huiste, en el estado de Sonora, que habían sido desplazados por la construcción de la presa llamada «Luis Donaldo Colosio»: la planta hidroeléctrica más grande del noroeste del país capaz de generar 422 megawatts de energía eléctrica.
En aquella época, en la que aún no existían elementos de defensoría jurídica como los actuales, una serie de modificaciones constitucionales obligaron al Estado mexicano a transparentar el uso de los recursos frente al Banco Mundial (BM), permitiendo que Martínez Coria y sus colaboradores identificaran los recursos de deuda con el organismo internacional y acusarán al Estado de violar directrices internacionales en el diálogo penal.
El señalamiento les permitió establecer un diálogo político con el Gobierno federal, que implementó el resarcimiento de las comunidades de Huiste con parámetros internacionales; es decir, los habitantes de la zona fueron indemnizados en los términos dispuestos por la Reforma Agraria. También fue procesada la reparación de daños con soluciones duraderas. Esas compensaciones incluyeron el replicamiento de espacios ceremoniales, casas con dimensiones distintas a las de interés social y el beneficio de recuperar una parte de su territorio para la actividad pesquera.
La afortunada experiencia, que hasta ahora parece imposible de repetir, presentó una perspectiva nueva al investigador que ya contaba con experiencia en el apoyo de situaciones humanitarias. A partir de entonces comenzó la defensa en contra de las empresas hidroeléctricas en Oaxaca, los movimientos de resistencia zoque en Chiapas y los conflictos armados en ese mismo estado.
En la última década a trabajado de la mano con los guarijíos en Sonora quienes, desde el anunció de la construcción de la presa Los Pilares –la segunda para el Río Mayo–, han temido por la conservación de su forma de vida y sus costumbres ligadas a la convivencia con el canal natural. El trabajo para preservar la cultura de la tribu, explica, busca prevenir la perdida de lo que cualquier desplazamiento forzado implica: la destrucción de un cultura milenaria.
“Aunque se conserven los genes de los pueblos y estos se distribuyan en otros territorios, sacar de contexto a las culturas, las mata”, afirma Ramón Martínez.
Los movimientos opositores con los que trabaja el antropólogo se caracterizan por el despojo, la discriminación y la falta de consulta previa a las comunidades indígenas que por decreto internacional deben gozar del derecho de determinar lo que ocurre en sus territorios.
CONSULTAS SIN APEGO A LA LEY
Martínez Coría considera que las consultas en México no funcionan porque no cumplen con los parámetros del Marco Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas: no son previas, no son libres y no son informadas. Por el contrario actúan como protocolos sin vinculación que se convierten en trámites administrativos.
“No podemos separar consulta de consentimiento. La consulta es un medio de consentimiento previo, libre e informado; cuando separamos consulta de consentimiento no sirve de nada. El Estado mexicano hizo una interpretación barata de lo que significa el derecho de consulta de los pueblos indígenas y lo convirtió en protocolo sin vinculación, las consultas se volvieron no vinculantes, solo como una especie de trámite administrativo nada más para dejar planchados los contratos”. Ramón Martínez
En su opinión las consultas en México han fracasado como un derecho positivo porqué se les ha mantenido lejos del concepto de consentimiento; además, de que se realizan sin protocolos y sin ser mecanismos de vinculación que obliguen a su cumplimiento. Destaca que ante el fracaso de la consulta los pueblos originarios han tenido que llegar a los tribunales donde se han visto pocos impactos positivos. Tal es el caso de los huicholes con la defensa del territorio sagrado de Wirikuta, en el que se garantizo la suspensión definitiva de los permisos de explotación de 30 mineras en el municipio de Real de Catorce en San Luis Potosí.
LA ENERGÉTICA: MARCO LEGAL DEL DESPOJO
La presidencia de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por un incremento en las ejecuciones contra activistas. En un informe entregado en agosto de este año, realizado por la organización de defensa de derechos humanos: Comité Cerezo, se especifico que en este sexenio ocurrieron 221 agresiones directas contra activistas, 40 de ellas estuvieron dirigidas hacia defensores de la Tierra y el territorio.
Las agresiones no fueron acontecimientos aislados. El marca legal de las llamadas reformas hizo posible que empresas internacionales tuvieran acceso a los recursos naturales y a sus explotación y que por lo tanto, tuvieran el derecho sobre la explotación de las comunidades. En diciembre del 2013 con la aprobación de la reforma energética se introdujeron nuevas prácticas, como la fracturación hidráulica (fracking), que comenzaron una búsqueda por la producción de energía sin contar tener sobre la mesa los derechos humanos de las comunidades.
“Lo más importante de este sexenio con Peña Nieto es que se construyó el marco legal del despojo masivo del territorio y de los bienes patrimoniales (..) Lo que considero como muy grave del Gobierno federal actual es la llamada Reforma Energética. Le dio un golpe central en la nuca a todo lo que salvaguardaba el patrimonio territorial. Este es la acción más grave de este sexenio”, dice Martínez.
Para el especialista dicha reforma le abrió el canal “al capital financiero internacional para venir a llevarse lo que quiera” teniendo consecuencias graves como las que todavía vivimos: “violencia exponencial por todos lados, desapariciones forzadas, violación masiva de derechos humanos e impunidad de esta corrupción que se renueva y se vuelve más extendida cada vez”, agrega.
Preocupado por un posible incremento de las agresiones, insiste en que el Congreso Actual deberá llevar a cabo acciones contundentes que puedan revertir un poco lo que ya ha avanzado en los últimos seis años.
LOS RIESGOS DE SER ACTIVISTA
Al listar la serie de riesgos a los que Martínez Coria se siente susceptible, comienza hablando de la vida y de cómo ésta se encuentra en contaste juego. Así lo hacen saber las amenazas y las continuas intimidaciones que además de dirigirse a la integridad física, muchas veces también atacan al desarrollo intelectual o laboral.
A la par del peligro constante por la vida, se encuentran los límites puestos las posibilidades económicas de poder seguir sustentando su actividad. Las organizaciones defensoras o los pueblos persisten en la lucha a pesar del poco prepuesto con el que cuentan en contextos en los que constantemente se desarrollan estrategias para desvirtuar e invisibilidad su trabajo.
“Estamos siempre con el bolsillo rasguñado. Contra toda la probabilidad nos enfrentamos ante casi cualquier cosa, pero a veces nos doblega no sólo la violencia que se ejerce sobre nosotros sino la marginación para poder tener lo suficiente y recursos operativos para ser trabajando”, dice Ramón Martínez Coria.
Acompañando al peligro y la precariedad se encuentran las dificultades institucionales que tienen su peor expresión en la corrupción del Estado mexicano.
“Jueces y magistrados que son poco sensibles a las problemáticas y que bloquean los accesos de jurisdicción del Estado”, añade el investigador. Con otras instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos –que no tiene facultades para castigar– las acciones también tienen poco impacto porque su función se limita a dar nota y recomendaciones. Mientras que las instancias internacionales solicitan que se agoten todas las instancias nacionales, ya acostumbradas a actuar en un marco de corrupción e impunidad, afirma.
