Mario Luna, defensor de derechos humanos y vocero de la Tribu Yaqui fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo por más de un año. El también Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo Vicam enfrentó cargos por secuestro.
Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.
Para Mario Luna la respuesta a los ataques contra su tribu se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La mañana del 11 de septiembre de 2014, un grupo de personas vestidas de civiles detuvieron a Mario Luna, defensor de derechos humanos y del agua en Sonora, y vocero de la Tribu Yaqui. El arresto, realizado por integrantes de la Policía estatal –que en ese momento no se identificaron como tal–, concluyó en la oficina de Ciudad Obregón de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora donde fue incomunicado hasta media tarde. Más adelante, luego de su trasladado al Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo, el también Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo Vicam enfrentaría cargos por secuestro que lo privarían de su libertad durante un año.
Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.
Desde el anunció del proyecto, en 2010, el Pueblo Vicam demandó su derecho a la consulta, el cuál le había sido negado a pesar de que el Marco Internacional de Derechos de Pueblas Indígenas establece el proceso como un derecho adscrito a los ordenamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Enterados por los medios de comunicación, los integrantes de la Tribu Yaqui comenzarían un trayecto en el que la criminalización y la injusticia marcaría su andar.
La protesta se convirtió en el recurso de un pueblo combativo que quiere acabar con un ciclo de invisibilización y hostigamiento dirigido a las comunidades indígenas, una característica de la construcción de las grandes obras de infraestructura de nuestro país.
DEFENDER EL AGUA Y EL RÍO
Los yaquis han utilizado históricamente el río del mismo nombre para su supervivencias cultural y económica. En 1940, el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río aprobó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Decreto que otorga el 50 por ciento del agua en el caudal del dicho río a la comunidad, lo que en la actualidad representa un aproximado de 80 millones de m3, más lo correspondiente a los escurrimientos, lo que daría un total de 600 millones de m3 anuales, distantes a los 250 millones de m3 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les entrega de manera arbitraria.
El rechazó de la obra fue la reacción natural frente a una regla que no se ha cumplido en los últimos 78 años y por lo que los habitantes de la zona semidesértica enfrentan problemas de suministro, que se agravan con la falta de recarga de los mantos acuíferos y el Acueducto llevando el agua en otras direcciones.
“Nosotros vemos la escasez de agua, la poca disponibilidad y la gran cantidad de usuarios por lo que agregar a una ciudad como Hermosillo a una cuenca deficitaria acabaría por completo con la aspiración del Pueblo Yaqui de rescatar lo que en decreto tenemos como propiedad a favor del propio Pueblo Yaqui”, dice Mario Luna en entrevista con SinEmbargo.
A los yaquis se les señala como «retractores» del progreso o por falta de “empatía” con los pobladores de Hermosillo, quienes también han enfrentado la escasez de agua. Sin embargo, los pobladores del río sostienen que el problema es mucho más complejo: el ajuste en el caudal ha incrementado el deterioro del área de la costa del Mar de Cortés, misma que han habitado de manera ancestral y en donde ya se han perdido unas 7000 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería.
La lucha del grupo es por la autodeterminación, por sus derechos y contra la imposición de las empresas extranjeras que han sido beneficiadas con el acueducto.
“Ellos argumentan que la intención de crear ese Acueducto es darle agua a la ciudad de Hermosillo, pero no especifican que sea a la red de agua potable, ellos lo que quieren es fomentar el consumo de la industria. El Acueducto Independencia termina en las inmediaciones del Parque Industria de Hermosillo en donde, en una ciudad sin agua, están instaladas las plantas Ford, Coca Cola y Heineken, y muchas otras empresas que son altas consumidoras de agua, como refresqueras y un desarrollo inmobiliario que se esta promoviendo. Todo eso implica agua (…) ellos ya le pusieron precio al agua y la están viendo como una mercancía”, agrega Luna.
Es la confrontación entre lo que entendemos por progreso con tradición, y es lo que ha puesto en riesgo a los personajes de la tribu, entre ellos a su vocero y representante en la defensa del río.
Durante años, Luna ha representado a su pueblo como Secretario y ha tenido un rol de traductor y escribano de las decisiones de la asamblea. Fue esa posición lo convirtió en el personaje idóneo para representar la oposición de la tribu. Asumir su rol como defensor lo dejó al frente de grandes responsabilidades y riesgos, provocados por la constante exposición frente a los medios de comunicación. Como defensor del agua ha sido víctima de diferentes ataques que han tenido impacto en lo comunitario, lo familiar y lo personal.
Primero llegó la detención arbitraria, unos meses después el ataque a su hijo –quién fue golpeado y a quien solicitaron que exigiera a su padre dejar el movimiento–. A pesar de que las amenazas y hechos, como los ya mencionados, eran constantes fue hasta junio del 2017 cuando el Gobierno de Sonora y el Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas implementaron medidas de protección para Mario; fue poco después de que unos atacantes quemarán el automóvil de su esposa Anahí Ochoa y el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ofreciera ningún tipo de apoyo.
UN SEXENIO LLENO DE VIOLENCIA
Para Mario la parte más dura del movimiento se vivió durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, quién permaneció al frente del estado de 2009 a 2015, periodo en el que los yaquis fueron hostigados y criminalizados, mientras se desarrollaba una campaña de desprestigio por la que fueron objeto de burlas y agresiones por parte de la sociedad civil.
Como él mismo explica, el marco de impunidad construido por Felipe Calderón Hinojosa, abrió espacio para que las circunstancias de violencia contra los defensores se incrementaran y se manifestarán con teléfonos intervenidos, persecuciones en sus hogares y hostigamiento por parte de personas encapuchadas.
El entorno de violencia continuaría hasta el sexenio siguiente, ya con la gubernatura de la priista Claudia Pavlovich Arellano y en el centro del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las amenazas no cesaron. Con la inserción del crimen organizado en el panorama la situación se torno más difícil: comenzaron los discursos que quisieron vincularlos con el mismo, se retiraron apoyos de vivienda, apoyos de becas estudiantiles y se percibieron aún más agresiones provenientes de personas no identificadas.
“Las cosas siguen siendo iguales” argumenta, mientras especifica que la complicidad entre políticos y la impunidad, invariable en cada gobierno, son las causantes del despojo continuo de sus derechos.
“Otra cosa que hemos apuntado es la complicidad que existe entre los políticos, ya sea de un partido u otro. Al salir Guillermo Padrés, al tener una caída estrepitosa, entró el PRI [Partido Revolucionario Institucional] con Alejandra Pavlovich, con ella se vio un cambio en el trato a la comunidad pero el despojo continuó, el despojo siguió, y la violación de nuestros derechos continúa al seguir operando una obra como el Acueducto Independencia que todos los días roba agua del territorio yaqui sin tener manifiesto de impacto ambiental. El Estado de Derecho sigue siendo violentado”, dice Mario Luna.
La respuesta se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, destaca Mario, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.
LA URGENCIA DE LAS CONSULTAS
En 2013, la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la violación del derecho humano a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia y ordenó la realización de la misma. La orden no se cumplió de manera inmediata, la comunidad yaqui protesto y como resultado vinieron las detenciones arbitrarias.
La consulta debió ser libre, bien informada y de buena fe. Sin embargo, no tuvo ninguna de esas características. Se realizó cuando la obra tenía un 30 por ciento de avance, bajo un contexto de hostigamiento que se traducía en presiones que retiraban apoyos gubernamentales y ordenes de aprensión por delitos que no se habían cometido.
A quiénes habían organizado y exigido la consulta los metieron a la cárcel, entre ellos Mario Luna, para poder seguir avanzando con la obra. Se les ligo con ideas del crimen organizado y de manera sorpresiva personas pertenecientes a estos grupos comenzaron a intervenir en las comunidad “creando estados de psicosis y terrorismos psicológico”.
Luna asevera que ese fue el aprendizaje que les dejo su fallida consulta es que las mismas deben de ser vinculantes, ya que, al no contemplan obligatoriedad la opinión de los comuneros se vuelve un simple requisito.
“Las consultas dejan mucho que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión final queda en un grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo termino. Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una vacilada”.
“No es consultar por consultar”, asegura Luna, “deben realizarse en los sitios adecuados, dice al manifestar que no se les puede considerar justas si se hacen en espacios ajenos a las comunidades, ya que éstas generalmente acostumbran discutir de manera conjunta en sus propios foros.
Las comunidades indígenas, como la Tribu Yaqui de Sonora, exigen consultas que respeten su autonomía y autodeterminación, un derecho que les otorga el Artículo 2 de la Constitución Mexicana.
