Abróchense cinturones. El tema de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha metido al país en un clima de turbulencias no precisamente aeronáuticas.  Al pánico inicial de los inversionistas, que se reflejó de inmediato en la caída de la Bolsa de Valores y en una mayor depreciación del peso frente al dólar, siguieron las evidentes contradicciones del equipo de transición del presidente electo y del propio Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de los efectos directos que la medida tendrá en las finanzas nacionales, el riego mayor es la incertidumbre que la cancelación fulminante de una obra de 13 mil millones de dólares, que tiene ya un 30 por ciento de avance, a partir del resultado de un simulacro de “consulta popular”. Si bien se descarta la precipitación de una crisis económica, el temor que es compartido por especialistas mexicanos y calificadoras internacionales es que al mediano y largo plazo la falta de certeza inhiba futuras inversiones en nuestro país, tanto locales como extranjeras.

Apenas este jueves nos enteramos que analistas del sector privado prevén para el cierre de año una mayor inflación, menor crecimiento económico del país y un dólar más caro. Consultados por Banco de México (Banxico), los expertos aumentaron a 4.62 por ciento sus expectativas de inflación para diciembre, contra l 4.56 por ciento proyectado en la encuesta de septiembre. A su vez, las expectativas inflacionarias se alejan cada vez más del objetivo de tres por ciento del propio Banxico, con un punto porcentual arriba o abajo.

Este sacudimiento, además, se da en medio de una serie de acontecimientos de muy diversa índole que abonan a las turbulencias que reflejan los medios de comunicación y las redes sociales.

Una de ellos es la presencia de la caravana de migrantes hondureños que avanza en territorio mexicano luego de meterse a la fuerza al país por nuestra frontera sur, con destino a Estados Unidos. La postura de las autoridades federales mexicanas ha sido lo mismo apoyada que cuestionada por diversos sectores de opinión, incluidas expresiones abiertamente xenofóbicas, pero prevalece una tácita aceptación del respeto humanitario que merecen esos refugiados presuntamente temporales. No puede sin embargo preverse por ahora qué consecuencias tendrá su largo peregrinar –que incluye una escala en la Ciudad de México—justo en vísperas del cambio de gobierno, ni del rechazo del que seguramente serán víctimas los integrantes de la caravana en la frontera Norte, sellada por órdenes del presidente Donald Trump.

Turbulencia es también la provocada por la inopinada decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, de suspender cualquier investigación o imputación de la Fiscalía de Chihuahua contra el presidente Enrique Peña Nieto y los integrantes de su gabinete, en torno al desvío de más de 250 millones de pesos del erario al PRI para apoyar sus campañas electorales.

El asunto refleja antes que nada el fundado temor del mandatario saliente a ser encarcelado. Así de serio. Hemos comentado aquí que, a diferencia de diversas acusaciones más bien mediáticas  contra el mandatario piista y sus allegados, como la dichosa Casa Blanca, la Estafa Maestra, la matanza de Ayotzinapa  o la asignación sin licitar de contratos de obra multimillonarios a sus allegados,  el Caso Chihuahua reviste una gravedad mayor, toda vez que el gobierno que encabeza el panista Javier Corral Jurado ha logrado documentar la transferencia de recursos al PRI a través del entonces secretario general del CEN, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, con la necesaria anuencia de su jefe entonces, Manlio Fabio Beltrones… y del jefe de jefes.

El encubrimiento dispuesto por Medina Mora evidencia la importancia jurídica que tiene este caso de corrupción, ejemplo de una práctica usual durante muchas décadas de los gobiernos del PRI tanto federales como estatales. Y preocupa sobremanera el que la Corte proteja así a quienes cometieron un delito que merecería la pena de prisión.

Esta serie de turbulencias, a las que cada día se suman nuevas, se da cuando los capitalinos enfrentamos aterrorizados una catástrofe largamente anunciada por las propias autoridades de la Ciudad de México por el cierre temporal del suministro de agua potable proveniente del Sistema Cutzamala. Nunca antes habíamos visto semejante manera de inducir al pánico a la población por motivos semejantes.

Además de que el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) ha informado reiteradamente que apenas un 30 por ciento del suministro que recibe la ciudad proviene del Cutzamala, no es la primera vez que se llevan a cabo mega cortes como el actual sin que se hiciera tal alharaca. Hace tres años y hace cinco años, para ser concretos, hubo cierres semejantes de entre tres y cuatro días que por supuesto afectaron a millones de personas, pero el problema se subsanó pronto y todo volvió a la normalidad. Hace cinco meses, por poner un ejemplo que me consta, los vecinos de la colonia Tlacoquemécatl Del Valle, en Benito Juárez, padecimos 16 días de carencia total de agua potable. Ni una sola gota. Nadie nos previno, ni menos nos dio una explicación razonable sobre las causas del desabasto, que en zonas como Iztapalapa es por cierto algo cotidiano.

Esta vez, en cambio, el jefe de Gobierno sustituto, José Ramón Amieva Gálvez,  y el nefasto director del Sacmex, Ramón Aguirre Díaz, se han encargado con un mes de antelación de alarmar a los habitantes de 13 de las actuales alcaldías y de un número similar de municipios mexiquenses conurbados. Causaron compras de pánico de tambos para almacenar agua, difundieron recomendaciones frente a la contingencia, instalaron enormes tinacos en puntos estratégicos de la ciudad para proporcionar el líquido a los desesperados habitantes  y dispusieron mil 300 pipas para suministro preferencial de hospitales, escuelas y reclusorios. La Secretaría de Educación Pública colaboró al pánico con la suspensión de clases en todas las escuelas del área metropolitana y hasta la UNAM dispuso el cierre de sus instalaciones durante los días del llamado “mega corte”. Válgame.

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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