Así como el sello del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue la violencia, el del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha sido la corrupción en diversos niveles. De 2014 a la fecha han explotado al menos uno o dos casos cada año. Sin embargo, el sistema de justicia ha emitido una percepción de impunidad, aseguraron académicos.
Entre los escándalos de corrupción que marcaron este sexenio están «la casa blanca», las concesiones a OHL (hoy Aleatica), el caso Odebrecht y su liga con la elección presidencial 2012, y los secretarios Rosario Robles Berlanga y Gerardo Ruiz Esparza, cuyas dependencias han sido señaladas reiteradamente por la Auditoría Superior de la Federación por diversas irregularidades.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– La corrupción arraigada dentro de la administración federal de Enrique Peña Nieto ha provocado pérdidas humanas y contribuyó al estancamiento económico en México. Pero las autoridades dejarán una sensación de desconfianza en las instituciones e impunidad en cada caso, la raíz del fenómeno, dijeron analistas.
En 2014, sólo un año después del inicio del sexenio, se acumularon casos de conflicto de interés y nexos entre autoridades y el crimen organizado. De 2015 a la fecha continuaron las irregularidades por presuntos sobornos a funcionarios, desvíos de recursos públicos o contrataciones cuestionadas.
Pero el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), constituido desde 2015, está pasmado en localidades y sin fiscal general, y la Procuraduría General de la República (PGR) sigue solo con un encargado de despacho, cuyos casos polémicos se le han ido cayendo.
José Antonio Álvarez León, especialista en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que, en aras de la percepción, «mientras no se ponga en la mesa a los ciudadanos estos procesos de investigación, con todas las aclaraciones, siempre va a quedar la duda». Agregó que «en la medida en que el sistema no pueda evitar que la cloaca se siga abriendo y se enjuicie a los responsables, es una resistencia abierta a que se dé el paso final».
Hervey Rivera González, politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), expuso que «la manifestación de la corrupción no solamente se da desde un punto de vista de un quebranto en las arcas públicas, enriqueciendo a unos pocos, sino lo grave se da cuando a raíz de ella hay muertes. El caso de Ayotzinapa es tremendamente revelador. También afecta las inversiones y la seguridad».
El académico aseguró que aunque fueron al menos 10 casos de corrupción que trascendieron a la opinión pública, hay otros que «yacen a un nivel menor» como el huachicoleo, donde pueblos enteros lo viven como un modus vivendi, o la opacidad en el uso de los recursos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre.
«Podrían ser más. Lo lamentable es que no nada más son del PRI; estamos hablando de otros partidos. Morena, al ser nuevo, no tiene todavía una estela. Vamos a darle más tiempo. Algunos de sus militantes vienen de las filas de esos partidos que están señalados de corruptos», dijo Rivera González.
El abogado Álvarez León afirmó que aunque este gobierno fue más corrupto e impune por las constantes contradicciones y búsqueda de censura, «no quiere decir que no hayan sido corruptos los pasados sexenios».
Rivera añadió que, pese a la campaña «lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho» y el despilfarro en publicidad oficial, otra consecuencia de la corrupción del gobierno federal se reflejó en el voto de castigo contra el partido del gobierno, el Revolucionario Institucional (PRI), tanto a nivel estatal desde 2016 como en las elecciones presidenciales de 2018, cuando arrasó la ola de Morena, de reciente creación.
LA CASA BLANCA
La casa de la familia presidencial no son Los Pinos, esa «es prestada», le dijo en mayo de 2013 la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado a la revista Hola durante un reportaje dentro de «su verdadera casa», la denominada «casa blanca».
«La residencia se ubica en Sierra Gorda número 150 y no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera ni a los de sus hijos. La residencia –con un valor de 7 millones de dólares, según un avalúo independiente contratado para esta investigación– es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertecene a Grupo Higa», reveló en noviembre del 2014 el equipo de investigación de Carmen Aristegui, quien fue cesada de MVS Noticias tras la publicación.
Días antes, el gobierno mexicano revocó el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Presidente Enrique Peña Nieto.
Una las empresas nacionales era Constructora Teya, perteneciente justo a Grupo Higa del empresario y amigo de Peña, Juan Armando Hinojosa Cantú, la cual edificó obras millonarias para el Estado de México cuando el priista fue Gobernador. En mayo de 2009, la sociedad conformada por las empresas “IGSA Solutions” y “Constructora Teya” ganó uno de los 608 compromisos que Peña Nieto hizo como Gobernador: la edificación y operación del Hospital Regional de Especialidades de Zumpango por 7 mil 038 millones de pesos de 2011 a 2034.
«Seis meses después de que ganó este contrato, en noviembre de 2009, Grupo Higa compró el terreno donde se edificó la casa presidencial», destacó la investigación periodística.
Constructora Teya siguió ganando contratos: construyó las autopistas Toluca-Naucalpan y Toluca-Atlacomulco, y el distribuidor vial Naucalpan-Metepec, entre otros. Por diversos contratos, las filiales de Grupo Higa ganaron más de 8 mil millones durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, de acuerdo con documentos entregados vía transparencia.
Además, el hijo del empresario, Juan Armando Hinojosa García, estuvo tres años casado con la hija del ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Su empresa “Eolo Plus”, de Grupo Higa, rentó jets y helicópteros al PRI nacional y a Peña Nieto durante la campaña 2012. El partido pagó casi 26 millones de pesos por los vuelos, como muestran documentos del Instituto Nacional Electoral (INE).
El Estado Mayor Presidencial resguardaba la casa, con piso de mármol, sistema de luces, estacionamiento subterráneo, elevador, jardín con palmeras y área de spa. Peña Nieto y Angélica participaron con el arquitecto Miguel Ángel Aragonés para que el diseño se ajustara a sus necesidades familiares. El diseño de la residencia muestra una fecha: octubre de 2010, un mes antes de que se casaran en Toluca.
Pero cuando inició la campaña presidencial de 2012, Enrique Peña Nieto presentó una declaración patrimonial firmada ante Notario Público: cuatro casas y cuatro terrenos en el Estado de México, y un departamento en Acapulco, Guerrero. No incluyó la casa de Sierra Gorda 150.
Tras el escándalo, Rivera emitió un video en YouTube donde aseguró que pagó la residencia con dinero de su trabajo como actriz durante 25 años en Televisa, pero decidió vender los derechos del contrato de compraventa para no afectar a su familia. El Presidente Peña Nieto, por su parte, instó a Virgilio Andrade, el entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, a investigar el posible conflicto de interés entre Grupo Higa y el gobierno federal.
Andrade, amigo del Secretario Luis Videgaray Caso, lo absolvió.
LA CASA DE MALINALCO
Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda y actual Canciller, también tiene su casa de Grupo Higa. Un mes después de la revelación de la casa presidencial en 2014, el diario The Wall Street Journal informó que el funcionario público compró en Malinalco, Estado de México, una casa en un exclusivo resort de golf a Juan Armando Hinojosa a través de Bienes Raíces H & G SA.
«El Secretario de Hacienda de México compró una casa al grupo contratista del gobierno que está en el centro de las acusaciones turbulentas de tráfico de influencias con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto», expuso el rotativo neoyorquino.
La compra hecha en octubre de 2012 se sumó a la aparición de conflictos de intereses que han dañado la credibilidad de Peña Nieto, y es una «muestra viva» de los amplios vínculos comerciales y personales entre el contratista y los altos funcionarios del gobierno, justificó el periódico.
«No hubo ningún conflicto de intereses. Hice el trato cuando yo no tenía cargos públicos», dijo al WSJ Videgaray, quien al momento de la compra ya sabía que sería el Secretario de Hacienda desde diciembre.
Reconoció que conoce a Hinojosa desde hace más de una década. “Tengo una relación de amistad con él y su familia”, aseguró. El dueño de Grupo Higa pudo haber logrado entablar una relación muy cercana con Videgaray Caso cuando formaba parte del equipo de la consultora Protego, la cual se encargó de renegociar la deuda del Edomex durante la administración de Arturo Montiel Rojas.
Videgaray no fue investigado por esa propiedad y continuó siendo el Secretario de Hacienda. Durante su gestión, por la crisis internacional del precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar, recurrió a diversos recortes al gasto público. Además, las calificadoras lanzaron alerta amarilla sobre el crecimiento de la deuda pública que llegó a un histórico 48 por ciento del PIB (más de 10 billones de pesos).
Hasta septiembre de 2016, después de la cuestionada visita del candidato Donald Trump, el Presidente Enrique Peña Nieto lo removió del cargo. En enero de 2017 lo asignó como el titular de Relaciones Exteriores. «Vengo a aprender», reconoció el tecnócrata que ha decidido retirarse de la política.
AYOTZINAPA
La corrupción mata. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se preparaban para una protesta por el 2 de octubre, pero fueron sometidos a desaparición forzada en Iguala. Otros ocho fueron asesinados y hubo decenas de heridos. Más de cuatro años después, sus familiares siguen, con dolor e incertidumbre, en su búsqueda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, revisó la investigación gubernamental y detectó, además de torturas a detenidos, complicidad de las autoridades con el crimen organizado (Guerreros Unidos y Los Rojos), incluyendo policías municipales de Iguala, y funcionarios del gobierno local como el Alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.
A cuatro meses de la desaparición, cuando la sociedad seguía marchando mes con mes a nivel nacional para exigir verdad y justicia, la organización Freedom House señaló que el caso Ayotzinapa es «una atrocidad que puso de relieve la magnitud de la corrupción entre las autoridades locales y el medio ambiente de impunidad en el país». Amnistía Internacional también lo evidenció como un acto de corrupción: «Ayotzinapa ha mostrado el nivel de abusos y corrupción que hay en México hoy», citó a Melitón Ortega, tío de Mauricio, normalista desaparecido.
Pero la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), avalada por el Presidente Enrique Peña Nieto y denominada la «verdad histórica», expone que los normalistas fueron secuestrados por Guerreros Unidos e incinerados en el río de Cocula. Las fallas de la investigación, enfatizadas por el GIEI, costaron el cargo a Jesús Murillo Karam.
Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal captado en video en el río de Cocula, compró el malware espía Pegasus a nombre de la PGR en octubre de 2014. El Citizen Lab reportó que los integrantes del GIEI recibieron mensajes infectados por el malware durante su investigación en México con el fin de ser espiados.
OHL MÉXICO
De abril de 2015 a marzo de 2016, la empresa Infraiber filtró en una cuenta de Youtube 15 videos que señalan sobornos entre la filial mexicana de la constructora española Obrascón Huarte Lain (OHL) y funcionarios públicos de talla federal, entre ellos, Gerardo Ruiz Esparza (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), Enrique Ochoa Reza (Comisión Federal de Electricidad) y Emilio Lozoya Austin (Petróleos Mexicanos), a cambio de licitaciones para contratos millonarios.
Por sus concesiones desde 2003 a 2014, OHL México —ahora Aleatica— seguirá cobrando peaje en vialidades y autopistas hasta 2063 para recobrar la inversión que hizo en los estados de México y Puebla, así como en la capital del país. Según la empresa de origen español, la inversión fue en siete proyectos de infraestructura pública por 70 mil 182 millones de pesos. Por concepto de peaje, tiene ingresos promedio de 5 mil millones anuales.
«A la Secretaría de la Función Pública esperamos poder ayudarlos para detectar conflictos de interés de funcionarios públicos», dice uno de los audios.
Ruiz Esparza sigue en la SCT, Ochoa Reza es Diputado federal tras haber dirigido al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Lozoya Austin, quien asesoró al director de OHL España, Juan Miguel Villa Mir y también está señalado por Odebrecht, está fuera de la esfera pública tras dejar el cargo.
En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el valor de las acciones de la constructora caían en cada nueva filtración. Los directivos alegaron falsas acusaciones y señalaron a Infraiber – empresa dedicada a la medición de aforos vehiculares con quien tuvieron un conflicto para evitar que se audite el número de vehículos de sus carreteras– como la responsable de los audios.
Paulo Díez Gargieri, abogado de Infraiber, ha señalado de manera reiterada corrupción de OHL México y de Ruiz Esparza.
Entre las carreteras concesionadas por el gobierno mexiquense están el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, obra señalada en el primer audio sobre conversaciones del sábado 10 de enero de 2o15.
Según ese audio, directivos de OHL México cobraron por adelantado la tarifa del Viaducto en el Estado de México antes de construir la segunda etapa de la obra hasta Tepalcapa. La primera etapa costaría 4 mil millones de pesos, pero terminó con un sobrecosto por 10 mil millones.
«El gandallismo es que nosotros estamos pidiendo el aumento [de tarifa] antes de hacer la inversión de las obras [para la segunda etapa del Viaducto una vez alcanzando 55 mil de tráfico, previsto para 2023]», aseguró el directivo Pablo Wallentin. «Vamos a tener tarifas como si ya las hubiéramos construido. Esa es la tranza que estamos haciendo».
Wallentin, durante la media hora de audio, no deja de gritar alterado que están haciendo fraude contra el gobierno del Estado de México, en ese entonces de Eruviel Ávila Villegas. Wallentin es amigo de Gerardo Ruiz Esparza, según dice el mismo Secretario de Estado en un audio de octubre de 2014.
En el caso de la etapa tres del Viaducto hasta la caseta de Querétaro, que nunca construirían pero prometieron para 2033, es «un fraude», reconoció José Andrés Oteyza, presidente del Consejo de Administración de OHL México y cercano a Emilio Lozoya Austin, entonces titular de Petróleos Mexicanos (Pemex). «Vamos a cobrar con una inversión que no vamos a hacer», le advierte a Wallentin. Para 2033, prevé, él ya estará muerto. La corrida de esa obra es hasta 2048.
Tras la mediatización de los audios, algunos representantes de la firma fueron cesados, como Pablo Wallentin Crawford o José Andrés Oteyza, pero los Secretarios de Estado involucrados no fueron investigados.
Solo Apolinar Mena, Secretario de Comunicaciones del gobierno mexiquense, renunció al cargo porque el audio dos revela que OHL México le pagó unas vacaciones para navidad de 2014 en su hotel Fairmont de Mayakoba en Cancún, Quintana Roo, con servicios por más de 100 mil pesos. «Yo veo que te abonen a tu cuenta lo que hayas depositado», le dice Wallentin, y se encarga de darle una suite con dos cuartos para cinco personas para que no «estén apretados», como se quejó Mena. También contó con un mayordomo.
Pero en septiembre de 2015, regresó a la administración de Eruviel Ávila Villegas como Secretario Técnico de su Gabinete.
Mena no fue el único beneficiado por el Mayakoba.
«A Ruiz Esparza le cobraron lo de sus estancias», reclama Wallentin a la secretaria de OHL México en una llamada del 9 de marzo de 2015. «Que le chequen perfectamente, que son nuestros invitados […] Si lo pagaron las tarjetas de ellos, que les hagan un reembolso de inmediato y que lo carguen a la mía».
En abril de 2015, el Secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza habló con su amigo Pablo Wallentin, de OHL México, tras la reunión entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de OHL España, Juan Villa Mir. Mencionó el conflicto con Infraiber, la raíz de las filtraciones. «OHL no tiene obligación con Infraiber, Infraiber no tiene nada qué demandarle a OHL. Infraiber no tiene nada qué demandarle al gobierno del Estado de México y el gobierno tiene todo el derecho a defenderse», dijo Ruiz Esparza.
Para que José Andrés Oteyza, presidente de OHL México, obtuviera un bono generoso como el de 2014 por 40 millones de pesos, buscaba más contrataciones. Pero sin reportarlo a la BMV.
Un audio revela cómo el titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo presenta el 10 de abril de 2015 con el titular de la CFE, Enrique Ochoa Reza, en el edificio de Avenida Reforma. «Entramos al sótano juntos», le dice Lozoya.
«Este es el camino precioso con Ochoa que abre todas las puertas también», le comenta Wallentin por la tarde. «Se va volver encantado. Ya hasta me invitó a cenar a su casa», le responde Oteyza.
Para marzo de 2015, pese a no dar la mejor oferta económica, OHL México (su filial Industrial) ganó la licitación de la CFE para la Central de Ciclo Combinado Empalme I por 476 millones de dólares.
«Es un contratazo a madres, eh», celebró Jesús Andrés Oteyza con Jesús Campos, director técnico de OHL México. «Hablé yo con Enrique Ochoa el viernes», le contó. Oteyza lo arregló desde el jueves por la noche con Lozoya, de Pemex. Si no, «nos mata Iberdrola, un competidor muy peligroso». Pero los de OHL Industrial, dijo Oteyza, «creen que se lo ganaron solitos».
Emilio Lozoya Austin, el 7 de abril de 2015, se reunió con el director de OHL España, Juan Miguel Villa Mir y el director de OHL México, Jesús Andrés Oteyza. Cuenta que Lozoya les encargó ir en conjunto con Técnicas Reunidas para una licitación, pero al empresario español le parece «muy mala» la asesoría. Al otro día Villa Mir y Oteyza comieron con el entonces Gobernador mexiquense Eruviel Ávila.
ODEBRECHT
Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2005 a 2017, avaló decenas de convenios por miles de millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht, un caso de corrupción heredado por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a Enrique Peña Nieto. En 2016 sus propios ex directivos confesaron haber sobornado a funcionarios públicos en diversas naciones de América Latina, entre ellas a México, por 10 millones de dólares que, reveló The New York Times, estarían relacionados con Emilio Lozoya Austin, miembro de la campaña presidencial de 2012.
Sin embargo, la información de ejecutivos o testigos que podría aclarar el pago de sobornos en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la Procuraduría General de la República (PGR) no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos, dijo el Ministerio público brasileño a The Associated Press.
Además, el Fiscal electoral Santiago Nieto Castillo investigaba el caso cuando fue cesado. En el mandato de Andrés Manuel López Obrador será el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, desde donde, ha dicho, retomará lo indagado.
Las fallas de Odebrecht iniciaron desde el término del sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006): dos de sus filiales (Mina-Trico y Ebramex) obtuvieron dos contratos por licitación para la modernización de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, localizada en el municipio de Minatitlán, en Veracruz. A pesar de que las obras debían de estar listas para marzo de 2008, finalizó hasta 2012.
Al corte de 2016, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya habían 1.2 mil millones de pesos en transacciones entre Pemex y Odebrecht que no fueron aclarados, sobre proyectos en la Refinería de Tula, Hidalgo, y la de Salamanca, en Guanajuato. Solo se han aclarado 59 millones.
La Unidad de Datos de SinEmbargo reportó que el órgano fiscalizador encontró sobrecostos y pagos adicionales injustificados o duplicados, además de los señalamientos por pago de sobornos. Anomalías que, al día de hoy, permanecen en la impunidad pese a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene vigente una demanda ante la PGR.
En contraste con México, desde el 8 de marzo de 2016, un juez brasileño sentenció a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Desde febrero de 2011, la ASF alertó a la federación mexicana acerca de las graves irregularidades en las contrataciones de Pemex a Odebrecht. Pero el gobierno de Calderón fue omiso.
Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex, carga con señalamientos por haber recibido sobornos por al menos 10 millones de dólares entre 2012 y 2014, a cambio de ayudar a Odebrecht a conseguir licitaciones con Pemex. Él, removido de Pemex en febrero de 2016, lo negó en una conferencia a lado de su abogado.
El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, también está manchado por un acto entre agosto de 2010 y febrero de 2011. En este periodo, las más grandes inversiones de la empresa en Veracruz –la modernización de la Refinería de Minatitlán y la construcción de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos– estaban en curso. Fue en este lapso cuando Odebrecht realizó una transferencia de 3.7 millones de pesos a una compañía fantasma (Blunderbuss Company de México) vinculada al ex Gobernador veracruzano, actualmente preso con posibilidad de ser liberado en menos de un lustro.
ROSARIO Y AMIGOS
La Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlanga, recibió acusaciones de corrupción por parte de diputados de oposición durante su comparecencia en la Cámara Baja de casi siete horas.
Los señalamientos se enfocaron en la contratación irregular con recursos públicos a universidades públicas, y en las fallas en la reconstrucción en zonas afectadas por los sismos de septiembre.
En las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2013 a 2014 se ha documentado sobre la implementación de programas o convenios un posible daño al erario público por más de 11 mil 224 millones de pesos durante la administración de Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de acuerdo con una revisión de SinEmbargo.
Robles ha argumentado que en ningún documento relacionado con los irregularidades está su firma. Además, ha asegurado que todas las contrataciones y convenios tanto de Sedesol como de Sedatu son legales, ya que se han hecho “bajo el amparo” del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
No obstante, la Auditoría observó que se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
En una conferencia dijo que «hay órganos ejecutores de gasto en cada una de las áreas y hay responsables con nombre y apellido». Su equipo más cercano –que trasladó de Sedesol a Sedatu pese a arrastrar observaciones de la ASF– estuvo conformado por el Oficial Mayor Emilio Zebadúa González; el titular del Órgano Interno, Mauricio Razo Sánchez; y subdirectores Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio.
De ellos, solo el controlador Razo fue inhabilitado por dos años de la función pública. Durante cuatro años la ASF le pidió 171 veces que investigara a los funcionarios públicos responsables de los señalamientos, pero decidió darle carpetazo por falta de elementos. Zebadúa, la abogada Villalpando y González siguen como su brazo derecho. Lastiri decidió renunciar para contender por la gubernatura de Puebla, pero perdió.
Respecto a la reconstrucción, los legisladores la acusaron por las tarjetas de apoyo clonadas o sin fondo. Robles argumentó que de las 170 mil entregadas a los damnificados en las entidades afectadas, solo 249 fueron clonadas.
PASO EXPRÉS
Dos personas murieron en agosto de 2016 tras caer a un socavón que se abrió en el Paso Exprés, en la autopista México-Cuernavaca, una obra pública que se retrasó cuatro meses y costó el doble del precio acordado al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos.
Meses antes, en abril, el Secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, realizó una transmisión en Periscope de su recorrido por el recién inaugurado Paso Exprés. «Se cambió el material de asfalto a concreto hidráulico, un material mucho más resistente que, sin duda, le va a dar una vida de cuando menos 30 o 40 años sin tener que hacer ninguna reparación», presumió.
Tras el accidente, Ruiz Esparza explicó que el socavón fue ocasionado por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y la acumulación de agua por las lluvias. Sobre la muerte de dos personas, un hombre y su hijo, dijo en una entrevista radiofónica tras su comparecencia en el Congreso que su fallecimiento no fue por la caída, sino por la demora en la atención por parte de Protección civil estatal. Él, aseveró, hizo todo lo que le correspondió.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en su revisión de la Cuenta Pública de 2015, irregularidades en la obra por cerca de 300 millones de pesos. En su revisión de 2016 halló más, como pagos de más, mala calidad en esa carpeta de concreto hidráulico enfatizada por Ruiz, no se acreditó la ejecución de los trabajos por 3 millones 310 mil pesos, entre otros.
Legisladores de los partidos de oposición exigieron la renuncia e investigación del Secretario de Comunicaciones. El Diputado federal por Morelos, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) “por ejercicio ilícito del servicio público”.
Luego de comparecer en el Senado, donde negó que dejaría el cargo, solo fue destituido el director general del Centro SCT-Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, por no atender la advertencia de los vecinos y autoridades locales sobre el estado de la obra pública.
GOBIERNO ESPÍA
El Gobierno mexicano espió entre enero de 2015 y julio de 2016 a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas a través del malware Pegasus, diseñado solo para investigar a criminales y terroristas, reveló en verano de 2017 un informe de las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC.
Al menos tres instancias del Gobierno federal han adquirido este programa espía: la PGR, el CISEN y la Sedena, aunque esta última no tenga las facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.
En septiembre de este año, el laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, alertó en un nuevo informe que el software espía Pegasus aún sigue operando en al menos 45 países, entre ellos, México, donde detectó tres operadores activos.
El software comercializado por la firma israelí NSO Group es instalado en teléfonos móviles con el objetivo de monitorear al usuario a través de un mensaje en el que debe convencer al usuario para que haga clic en un enlace que instala Pegasus en el equipo sin el permiso del usuario. CyberScoop, un sitio especializado en el tema, informó que la compañía israelí vendió al Estado mexicano estas herramientas para espiar a capos –entre ellos a Joaquín “El Chapo” Guzmán– desde 2013, apenas iniciado el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Entre los blancos espiados por el gobierno figuraron los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola; Mario Patrón de Centro Prodh; Alejandro Calvillo de Poder del Consumidor; o los investigadores Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Después se descubrió que también fueron espiados los miembros del Grupo Interdisciplinario que vigiló la investigación gubernamental de Ayotzinapa.
Sin embargo, Presidencia respondió en un comunicado que no había pruebas y que el gobierno era respetuoso de la privacidad. Instó a las víctimas a denunciar ante la misma PGR, una de las señaladas de usar el malware. En mayo de 2018, un año después del escándalo, un juez federal ordenó a la PGR aceptar las 70 pruebas que presentaron las víctimas de espionaje y que la dependencia se había negado a admitir, informaron las organizaciones que impugnaron.
TRIANGULACIÓN DE DINERO PÚBLICO
César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene 11 órdenes de aprehensión, pero su extradición de Estados Unidos lleva meses pausada. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario general adjunto del PRI, es acusado de triangulación de recursos públicos del erario chihuahuense en 2016 en los años de Duarte.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua acusa a Duarte –a quien le han incautado ranchos– del desvío de mil 200 millones de pesos del erario público durante su mandato, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) lo señala del desvío de 79 millones de pesos de las arcas estatales para fines electorales.
Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI en tiempos en los que Gutiérrrez era su adjunto –y cuando se habrían cometido el saqueo de Chihuahua–, no obtuvo ningún cargo legislativo y no es investigado, hasta donde se sabe. Gutiérrez, por su parte, salió el 28 de septiembre del penal. Sigue bajo arraigo con el dispositivo del brazalete, y con la restricción legal de no salir de Chihuahua. La PGR, por falta de pruebas, le retiró la imputación por un presunto desvío de 250 millones de pesos.
La orden de liberación fue del juez Marco Antonio Fuente Tapia, el mismo que sentenció al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a nueve años de prisión y al pago de una multa de 59 mil pesos.
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó este 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) una controversia constitucional para blindarse contra posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación contra funcionarios federales del Gobierno de Chihuahua, encabezado por el Gobernador Javier Corral Jurado, reveló el diario Reforma.
Los actos reclamados se imputan a la Fiscalía General de Chihuahua, al Poder Judicial local y al Gobernador Corral, quien ha dedicado gran parte de su gestión en investigar a su predecesor priista.
Javier Corral confía que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador logre la extradición de César Duarte y adelantó que en diciembre presentará un paquete de denuncias en contra del ex Gobernador.
GOBERNADORES PRIISTAS
Los 22 estados que han sido gobernados por 28 priistas a la par de este sexenio acumulan al menos 140 mil 338 millones 600 mil pesos sin solventar de 2012 a enero de 2018, lo que representa el 76.64 por ciento del dinero público arrastrado por todas las entidades en ese periodo, de acuerdo con la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre gobiernos estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), municipales y universidades públicas no han resuelto 120 mil 469 millones 900 mil pesos de gasto programable durante el periodo referido, y directamente los gobiernos estatales del tricolor no han solventado 19 mil 868 millones 700 mil pesos de participaciones.
Los cinco mandatarios priistas que más acumulan montos sin resolver de gasto programable, junto con los municipales y las universidades públicas, son Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, quien estuvo de diciembre de 2010 a octubre de 2016 (36 mil 266 millones); Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, que estuvieron de abril de 2013 a junio de 2014 (21 mil 13 millones); Eruviel Ávila Villegas del Estado de México, quien estuvo de septiembre 2011 a diciembre 2017 (12 mil 234 millones); Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco, quien está desde marzo de 2013 (10 mil 787 millones de pesos); y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, quien estuvo de octubre de 2009 a octubre de 2015 (5 mil 193 millones), revela el órgano fiscalizador.
Respecto a los tres gobernadores que más acumulan dinero sin solventar proveniente de participaciones son el veracruzano Javier Duarte (7 mil 958 millones), el neolonés Rodrigo Medina (5 mil 823 millones) y el tamaulipeco Egidio Torres (mil 594 millones).
Al término del sexenio, solo Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Roberto Borge Angulo (aún sin condena), de Quintana Roo, están detenidos. El ex mandatario chihuahuense César Duarte no ha sido extraído pese a las 11 órdenes de aprehensión y Rodrigo Medina de Nuevo León fue liberado.
ACTUALIZACIÓN
El 12 de noviembre, un día después de la publicación de este texto, por vía de Jesús Anaya, vocero de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrrez hizo llegar a SinEmbargo la siguiente carta, que se publica íntegramente. La carta fue enviada a SinEmbargo a las 17:04 horas, y se publicó a las 17:16 horas de este mismo día.
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Jorge Zepeda Patterson
Director generaly/o
Alejandro Páez VarelaDirector de contenidos.
P r e s e n t e s.
ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, por propio derecho; señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en calle Amores 736, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México, así como los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; con el debido respeto comparezco a efecto de exponer:
Se hace valer derecho de replica.
Con fundamento en lo dispuesto por los articuos 2, racción II, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a ejercer mi derecho de replica, puesto que en la nota publicada el pasado domingo once de noviembre de 2018 identificada como 3485089, intitulada “Peña y el sexenio marcado con los sellos de la corrupción y la impunidad. 10 CASOS inolvidables” la cual fue firmada por Dulce Olvera, se hace alusión a mi persona, manifestando cuestiones falsas.
Como consecuencia de las aseveraciones falsas contenidas en la nota de referencia, solicito que que en uso del derecho que me otorga la citada ley, publique integramente el siguiente texto:
Es falso que el suscrito haya realizado alguna confesión como indebidamente lo afirma la nota realizada por Dulce Olvera, pues contrario a lo afirmado en esta, jamás realicé alguna declaración ante la Fiscalía de Chihuahua, a pesar de haber sido insitado de manera coactiva por personal del Gobierno de dicho Estado, para que firmara declaraciones que involucraban a otras personas en hechos en los que NO participe.
Asimismo, desde este momento, hago de su conocimiento que fungen como defensores particulares del suscrito los licenciados en Derecho: Antonio Collado Mocelo, con cédula profesional 2323797; José Javier López García, con cédula profesional 7635771; Elba Marina Vázquez Mendioza, con cédula profesional 4102567; Mario López Padilla Barrera, con cédula profesional 10345689; y José Antonio Carreto Santiago, con cédula profesional 4491579; todas expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; por lo que estarán autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones atinentes a la presente solicitud, así como para realizar cualquier trámite relacionado con lo aquí señalado.
Por lo antes expuesto y fundado,
A ustedes Directores, atentamente pido se sirvan:
PRIMERO.- Tenerme por presentado haciendo valer mi derecho de réplica, respecto a la nota mencioanda en el cuerpo del presente escrito.
SEGUNDO.- En consecuencia, Publicar el texto que se cita en el presente ocurso.
A T E N T A M E N T E.
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.
ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
