El sistema político mexicano se basa en redes de complicidad y corrupción entre los políticos y los funcionarios públicos que se cubren las espaldas unos a otros para salir airosos de escándalos de corrupción y gestiones fracasadas, dicen expertos en transparencia y politólogos consultados por SinEmbargo. Es una relación que garantiza impunidad para seguir viviendo del erario por mucho tiempo.
“Forman redes políticas. Cada uno de los funcionarios es parte de una red que brinda apoyo mutuo y reciprocidad. Cuando uno cae en desgracia otro miembro de la red lo protege o reincorpora”, dice Eduardo Bojórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.
Estas redes de complicidades explican el hecho de que Eruviel Ávila Villegas, ex Gobernador de una de las entidades más peligrosas del país, el Estado de México, haya sido nombrado presidente de la Comisión de Marina del Senado de la República. O que Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación, sea el Coordinador de la Bancada del PRI en el Senado.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- En México la rendición de cuentas de los gobernantes y funcionarios públicos es nula, debido a que no existen instituciones autónomas fuertes para investigarlos y castigarlos.
Además, el sistema político mexicano se alimenta de redes de complicidades que no sólo les garantizan impunidad, también puestos públicos para seguir viviendo del erario, dijeron expertos en transparencia y rendición de cuentas en entrevista con SinEmbargo.
Aunque en el país se ha avanzado en el tema de la transparencia, los políticos y funcionarios públicos aún se sienten “incómodos” al explicar cómo y en base a qué toman decisiones.
Hay más avance en la comprensión del tema de transparencia, que en el de rendición de cuentas. La clase política se familiarizó más, aunque todavía hay resistencias con la idea de subir información a las páginas web.
«Explicar cómo toman decisiones aún les resulta incómodo. El cuestionamiento a la clase política es una de las funciones primordiales de la sociedad civil. Si conocemos del desempeño negativo de un funcionario, pero no hay consecuencias, entonces premiamos y reproducimos la impunidad. Transparencia sin consecuencias es impunidad”, dijo Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana.
Para Bojórquez, casos como el Eruviel Ávila Villegas –ex Gobernador del Estado de México, quien dejó a la entidad no sólo endeudada, sino en una crisis de seguridad y violencia feminicida sin precedentes–, premiado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con una senaduría y con la presidencia de la Comisión de Marina del Senado de la República, sólo se explican a través de una red de complicidades políticas.
“Forman redes políticas. Cada uno de los funcionarios es parte de una red que brinda apoyo mutuo y reciprocidad. Cuando uno cae en desgracia otro miembro de la red lo protege o reincorpora”, dijo.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, coincidió con Bojórquez y aseguró que mientras no existan mecanismos para que los funcionarios públicos rindan cuentas sobre su actuar y se sancionen sus violaciones a la ley, se seguirá premiando la corrupción en México.
“Entre ellos van alimentando ese sistema, que al final lo que permite es que ese status quo de corrupción se mantenga”, dijo.
Invonne Acuña Murillo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, explicó que el sistema político está basado en la falta de rendición de cuentas.
“Instituciones como la Función Pública tienen la tarea de disculpar y cerrar los casos donde hay mal uso de recursos públicos. Esta ahí para exculpar y no encontrar nada. Hay un pacto de impunidad: ‘me cubres ahora y yo te cubro después’. Esos son los pactos de impunidad difíciles de romper. Tenemos un enorme cinismo de la clase política, lo vemos con Javier Duarte, donde no solamente los premian, sino cuando los meten a la cárcel, los sacan sin regresar lo que se robaron”, dijo.
La analista también coincidió en que los políticos se cubren las espaldas a través de una red de complicidades.
“Otra vez tenemos a los mismos políticos en puestos importantes siguiendo la misma lógica. Pero tiene una contraparte, somos nosotros como sociedad. El cinismo es compartido, si nos conformamos y decimos ‘así siempre ha sido’. Somos la contraparte la que también estamos permitiendo que esto ocurra, no presionamos a la hora de elegir legisladores, a los funcionarios para que hagan lo que tienen que hacer”, explicó.
RENDICIÓN DE CUENTAS SIN SANCIONES
Justine Dupuy, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar Centro de Análisis e Investigación, explicó que para que exista rendición de cuentas se deben de cumplir tres elementos fundamentales: información, instituciones que exijan cuentas a los actores políticos y sanciones.
“En México hemos avanzado muchísimo en el tema de transparencia y derecho a la información […]. Lo que creo que falta es fortalecer las instituciones en su rol de rendición de cuentas, como el Legislativo que le puede pedir cuentas al Ejecutivo, u órganos autónomos como el INAI [Instituto Nacional de Acceso a la Información] o la Auditoría Superior de la Federación [ASF] para que existan consecuencias, cuando justamente el actuar político no se erige bajo los criterios que se deberían de erigir”, dijo.
Dupuy agregó que el país hacen falta consecuencias y sanciones para los funcionarios públicos. “Falta este pilar muy importante de las consecuencias, de las posibles sanciones cuando se habla de la rendición de cuentas […], falta trabajar en el diseño institucional, contar con instituciones fuertes, autónomas que cumplan con su trabajo. En México hay un tema de captura muy fuerte de estas instituciones; también el tema de impunidad, pues el 95 por ciento de los casos de corrupción quedan impunes”, precisó.
Ana Cristina Ruelas explicó que en México los gobernantes no están acostumbrados a rendir cuentas, ni existen todos los elementos para que eso suceda.
“Para que haya rendición de cuentas tiene que haber participación ciudadana activa y sanciones; estos dos elementos no se dan en nuestro país. Existe transparencia sí, pero al no haber una participación activa de la ciudadanía en los mecanismos de gestión gubernamental y tampoco puede haber efectivamente sanciones en caso de que se encuentren anomalías en la gestión. Esto significa que no existe una verdadera rendición de cuentas”, argumentó.
Una de las causas por las que no se ha logrado combatir la corrupción, agregó, es porque en México no se sanciona a los que violan las leyes.
“No existen consecuencias para las acciones que dan lugar a la corrupción y esto amerita que la corrupción se vaya incrementando, se repita y se vaya normalizando”, dijo.
OSORIO CHONG: DE SEGOB AL SENADO
Miguel Ángel Osorio Chong llegó al Senado de la República postulado por el PRI con una senaduría plurinominal. Una vez en su curul se convirtió en el Coordinador da la Bancada del tricolor en el Senado de la República.
El ex Secretario de Gobernación pasó así de una gestión cuestionada, principalmente por no dar una respuesta a las víctimas de la violencia en México, a un puesto clave para los legisladores de su partido.
Durante el paso de Osorio Chong por la Segob se desató en el país la crisis humanitaria que persiste hasta hoy. A los miles de desaparecidos, asesinados y desplazados de la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa se sumaron cientos de miles más.
A Osorio Chong se le fugó por segunda ocasión el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán y cuando llevaba casi dos años al frente de su posición, sucedió el hecho que cimbraría el hasta ese momento el “exitoso” Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014.
Entre los escándalos que lo envuelven destacan una acusación de ser un gran operador de los programas sociales a favor de candidatos del PRI cuando era Gobernador de Hidalgo. En abril de 2010 Procuraduría General de la República (PGR) lo investigó por presuntos vínculos con la asociación delictiva de “Los Zetas”, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010.
En 2011, la Subprocuraduría de Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo exoneró.
ERUVIEL: DE GOBERNADOR DE EDOMEX A SENADOR
El caso de Eruviel Ávila Villegas, ex Gobernador del Estado de México, es emblemático, pues dejó la entidad que gobernó entre 2011-2017 sumida en un caos, como una de las más peligrosas del país y al salir de su posición fue premiado; primero, con la dirigencia del PRI en la Ciudad de México, luego como Vicecoordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña; una senaduría plurinominal y, al llegar al Senado de la República se le otorgó la presidencia de la Comisión de Marina, a pesar de que no pudo resolver la crisis de seguridad en su estado.
Ávila Villegas llegó al poder el 16 de septiembre de 2011 en sustitución de Enrique Peña Nieto. Su gestión, de acuerdo con las cifras oficiales revisadas por SinEmbargo, estuvo caracterizada por más pobreza, inseguridad y feminicidios.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 2011, el año en el que llegó Eruviel Ávila al Gobierno del Estado de México, cerró con mil 512 carpetas de investigación por homicidio doloso, 103 secuestros, cero extorsiones, 21 mil 230 casos de robo de vehículo con violencia y 25 mil 529 de robo de vehículo sin violencia.
Al primer semestre de 2017, la entidad acumulaba mil 174 homicidios dolosos –casi equiparable a total cometidos en 2011–101 casos de secuestro, 588 extorsiones, 15 mil 227 casos de robo de vehículo con violencia y 10 mil 943 de robo de vehículo sin violencia.
En 2011 la entidad cerró con mil 512 casos de homicidio doloso, 103 secuestros, cero extorsiones, 21 mil 230 casos de robo de vehículo con violencia y 25 mil 529 de robo de vehículo sin violencia. Los primeros siete meses de 2017 y los últimos de Gobierno de Eruviel, la entidad ya acumulaba ya mil 174 homicidios dolosos, 101 casos de secuestro, 588 extorsiones, 15 mil 227 casos de robo de vehículo con violencia y 10 mil 943 de robo de vehículo sin violencia.
La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el 94.6 por ciento de la población de Ecatepec –el municipio de donde es originario Ávila Villegas– dijo sentirse insegura en su ciudad al último corte de junio de 2017, mientras que el 96.6 por ciento de los habitantes de la localidad dijeron sentirse inseguros en el transporte público.
Pero uno de los problemas más graves en el Estado de México es el feminicidio. El 28 de julio de 2015, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM) emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad por unanimidad en 11 municipios del Estado de México conurbados a la capital el país: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
Sin embargo, a pesar de la alerta y de ser la primera entidad en el país que tuvo esta medida después de años de trabajo de las organizaciones civiles, en el Estado de México se asesinan mujeres todos los días.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), estimó que de 2011 a 2016 en la entidad fueron asesinadas mil 801 mujeres, y de esa cantidad sólo fueron investigados como feminicidios el 27 por ciento de los casos.
Durante los primeros siete meses de 2017, aún con Eruviel Ávila como Gobernador, se cometieron 158 asesinato de mujeres, de los cuales sólo 32, es decir el 20 por ciento, fueron indagados como feminicidios y solamente seis de este tipo de asesinatos están vinculados a proceso.
Durante su gestión Eruviel Ávila también se distinguió por ignorar a los familiares de las víctimas de feminicidio y desaparición.
A unos días de dejar su mandato, Guillermina Hernández, mamá de Selena Giselle Delgado Hernández, una joven desaparecida en Ecatepec, dijo que había perdido la esperanza de ser recibida por el entonces Gobernador.
“En los últimos tres años nos ha recibido dos veces únicamente. Hoy hay una petición desde el año pasado de unos 26 familiares, pero no creo que nos reciba. Él ya se va. Las veces que nos ha recibido yo le he dicho en su cara que por qué no resuelven los casos y no me dice nada, nomás se queda callado. Le he dicho que como mi hija no se apellida Ávila o cualquier otro rimbombante o de prestigio, porque se apellida Delgado Hernández, por eso no tengo nada de mi hija”, dijo la madre de la joven desaparecida.
LOS PRESIDENTES: EPN, CALDERÓN Y ZEDILLO
Algunos casos de ex Presidentes, incluido el actual, Enrique Peña Nieto, han derivado en la exigencia de la población de un juicio político y de una sanción por los resultados de sus administraciones.
Enrique Peña Nieto está a días de dejar el poder y al menos en lo que Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, ha dicho, no hay indicios de que buscará procesar penalmente a su antecesor que tiene un nivel de desaprobación de 69 por ciento.
En una entrevista reciente con SinEmbargo Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que los resultados que dejará Peña Nieto son peores de lo que el equipo de transición de López Obrador se imaginaba.
“El primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos humanos de distintas instituciones públicas, no solamente de las autoridades policiacas, sino de las propias autoridades migratorias y en fin; vamos a tener que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la población”, dijo Alejandro Encinas.
En las redes sociales la solicitud de juicio político y cárcel en contra de Peña Nieto se ha exacerbado. Apenas este lunes 8 de octubre este medio consignó que la petición de juicio político en contra del mandatario alcanzó 120 mil cuentas de Twitter de acuerdo a Tweet Reach.
Los usuarios de las redes temen que Peña Nieto deje la Presidencia de la República sin rendir cuentas por delitos de lesa humanidad, como lo hizo en su momento el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Sobre Peña Nieto pesa la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como la presunta fabricación de culpables y de una “verdad histórica” obtenida a base de tortura. De acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional (AI) Peña Nieto y su Gobierno “se han empeñado en encubrir los hechos” de Iguala.
El Presidente también enfrenta la denuncia periodística del equipo de investigación de Carmen Aristegui de la compra de una casa de siete millones de dólares, realizada por Angélica Rivera, la Primera Dama, a Grupo Higa, una de las principales contratistas del Gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue Gobernador.
Peña Nieto ha dicho que al concluir su gestión se quedará en México y no se irá del país como ocurrió con Felipe Calderón
Calderón, lejos de ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad y su “guerra contra el narcotráfico” que convirtió al país en un “país de fosas”, como han denunciado activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra y Javier Sicilia Zardain, se fue como maestro invitado a la Universidad de Harvard.
Sin embargo lo sucedido con Calderón y, posiblemente con Peña Nieto, no es privativo de estos dos mandatarios. En la historia reciente del país ningún ex Presidente ha sido llevado a juicio político por las decisiones que tomó durante su mandato.
Hace unos días el ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León admitió durante la presentación del informe “Regulación: El control responsable de las drogas” que siguió una “política equivocada” en materia de narcotráfico al apostar por prohibir las drogas y no por regularlas.
“No omito la responsabilidad; yo seguí una política equivocada”, dijo Zedillo.
La declaración del ex Presidente causó revuelo y generó reacciones de distinta índole. Incluso del mismo López Obrador quien dijo que “fue una buena confesión del ex Presidente Zedillo; es de sabios cambiar de parecer. Qué bien que él reconoce eso, es muy buena su observación porque estamos enfrentando una gran crisis, que es la violencia”.
Pero no sólo generó una reacción del próximo Presidente de la República. En las redes sociales hubo revuelo, principalmente dirigido a Felipe Calderón, quien hasta hoy no ha aceptado su responsabilidad en la matanza desatada en todo el país por su declaración de guerra contra las drogas, una política que desde un inicio fue cuestionada por expertos en seguridad.
LOS PERSONAJES DE LA PGR
Otro de los casos emblemáticos en donde un funcionario que enfrenta serias acusaciones es premiado, es el de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
A Tomás Zerón se le exoneró de cualquier responsabilidad sobre la investigación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo señalara de alterar pruebas en una escena del crimen durante su visita a las inmediaciones del Río San Juan de Cocula el 28 de octubre de 2014.
Aunque el funcionario dejó el cargo, fue nombrado Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que se mantiene hasta ahora.
De acuerdo con una investigación de la periodista Linaloe R. Flores, Zerón de Lucio asumió su nuevo puesto con un sueldo de 203 mil 875 pesos brutos al mes.
La periodista dio a conocer a SinEmbargo en septiembre de 2016, que, según datos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), Tomás Zerón le costó al erario siete millones nueve mil 500 pesos mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal, con un sueldo de 194 mil 708 pesos con 34 centavos al mes.
Como ocurrió con Tomás de Lucio, el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam, artífice de la “verdad histórica”, la versión que sostiene hasta el día de hoy la Presidencia de la República sobre los hechos de Iguala: que los normalistas fueron asesinados, cremando en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan, no ha sido investigado por la PGR, a pesar de la exigencia de los padres de los normalistas.
Murillo Karam renunció a su cargo como Procurador para luego asumir la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual dirigió hasta agosto de 2015.
En Real del Monte, Hidalgo, su pueblo natal, el ex funcionario es recordado como uno de sus hijos más prominentes y tanto el mercado, como la Casa de la Cultura llevan su nombre, así como una placa en la plaza principal.
