A pesar de que la violencia brota en el país por diversas causas, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se apresta a dar pasos por la ruta de la legalización de algunas drogas y, con ello,  busca pacificar el territorio, que no equivale a poner fin a las disputas entre los grupos criminales dedicados al narcotráfico.

La legalización de las drogas no frena a la delincuencia organizada, pues los grupos delictivos ya operan con un amplio portafolios de actividades ilícitas que les generan cuantiosas ganancias y que no están dispuestos a abandonar. La lucha contra el crimen debe seguir y el crimen, por su parte, continuará asesinando en la defensa de sus intereses. La guerra sigue.

Pacificar al país no es tarea fácil ni ocurrirá por la voluntad de las leyes del accidente. Debe ser la consecuencia de una política pública bien orquestada y coordinada. De otra forma, el fracaso será el resultado, como cada sexenio. La legalización de algunas drogas no es una solución al tema de la violencia. Es insuficiente.

Por lo pronto, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y un amplio equipo de trabajo han empezado a dialogar con la Organización de las Naciones Unidas para lograr el cometido de la despenalización.

Si Felipe Calderón pasó a la historia por haber sido el único Presidente que le declaró la guerra al crimen organizado –no obstante sus fallas, desatinos y consecuencias –López Obrador también ocupará un lugar histórico por ser el primer Presidente de México que apuesta por la legalización de las drogas, particularmente la marihuana, la siembra de amapola con fines científicos –según se afirma –de donde se extrae la goma de opio con la que se produce la morfina y la heroína.

La falta de una política pública eficaz ha derivado en ingobernabilidad. El narcotráfico controla el 80 por ciento del territorio, a través de alcaldes y autoridades menores, pues la mayoría pertenecen o protegen a un grupo criminal. Este problema genera caos, violencia imparable que no se resolverán despenalizando las drogas. Otros fines se persiguen con la despenalización, pues las causas de la violencia generalizada no sólo tienen que ver con el problemas de las drogas.

Amplio y largo a través del tiempo ha sido el debate respecto de si el mejor camino es reprimir, prohibir el uso de drogas o dar paso a la liberación de su consumo, a la despenalización, como ya han hecho muchos países europeos. Si en América Latina se ha seguido una política represiva contra el tema de las drogas es porque así le ha convenido al gobierno de Estados Unidos, aunque los resultados no son favorables.

La discusión sobre la libertad o prohibición de consumir drogas es tan vieja como el propio problema del uso de sustancias. Con distintos fines, el hombre siempre ha estado en contacto con las drogas naturales –plantas, sobre todo –y en las últimas décadas con químicos, con cuyo consumo ha experimentado vivir con los estados de consciencia alterados. Esto ha sido parte del ejercicio de su libertad.

Pero cuando un grupo de personas incurrió en abusos que pusieron en riesgo a terceros o bien los gobiernos –sobre todo el de Estados Unidos –advirtieron que sobrevendría un problema de salud pública, decidieron coartar esas libertades con la prohibición. Sin embargo, el remedio ha resultado peor y así lo demuestran los hechos. Ninguna política restrictiva ha podido frenar el consumo de drogas, aunque los defensores de esta medida sostengan que la situación estaría peor de no haberse impuesto la prohibición y con ello la penalización por el consumo.

En el fondo cayeron en contradicciones hasta ahora explicables por el tema del negocio: se liberó el alcohol y el cigarro, los que más muertes causan, y se prohibió el consumo de drogas como marihuana, cocaína y otras, aunque en las democracias, sistema que se basa en el respeto a las libertades, los gobiernos se muestran tolerantes con el consumo abierto. En buena medida se tolera la distribución y consumo, aunque se combata –ineficazmente, por cierto –el flagelo del narcotráfico y toda la cadena de corrupción que sólo beneficia a los políticos y a los hombres del poder, como ha quedado demostrado a través de las décadas.

Si el narcotráfico no se combate legalizando las drogas, permitiendo su uso abierto, como ocurre con el alcohol, es porque en la estructura de poder existen intereses demasiado poderosos para mantenerlo así: atado a la prohibición, aunque sus operaciones tengan que ser protegidas a cambio de fuertes sumas de dinero.

Después de combatir al crimen organizado únicamente por la vía represiva ha quedado en claro que esas medidas de fuerza derivan en mayor violencia. El Estado no tiene –no ha querido experimentar con otras estrategias –otra alternativa más que el uso de la fuerza. Y en ese uso de la fuerza, a veces desmedido, se golpea a la sociedad; por su parte, el crimen defiende sus intereses respondiendo con violencia, violando los derechos humanos de los civiles y generando mayor corrupción hacia dentro de la estructura del poder político en turno para mantener su negocio a salvo.

Y dentro del esquema gubernamental hay actores –policías, militares, marinos, jueces y fiscales –dispuestos a corromperse por dinero y así protegen los intereses del narcotráfico.

Hasta ese punto llegó aquella historia que comenzó hace siglos, pero se fortaleció desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando ya se debatía sobre las ventajas de prohibir el consumo de drogas. Hay que recordar que hasta principios del siglo XX el consumo de cocaína en Estados Unidos y algunos países de Europa era abierto y permitido. Su uso también estaba autorizado para fines medicinales, a grado tal que grandes científicos como Sigmund Freud –el padre del psicoanálisis –, entre otros, experimentaron con la cocaína la curación de otros males, entre ellos, el consumo de morfina y la melancolía.

Con la cocaína surgió el invento de la anestesia local y Freud causó asombro porque pudo curar la adicción a la morfina mediante el consumo de cocaína, aunque más tarde fue severamente criticado por los problemas que generó el uso de la cocaína, pues se dijo que se había abierto la puerta a lo que se llamó “el tercer demonio de la humanidad”. Los dos primeros eran el alcohol y la morfina.

La cocaína llegó a gozar de tanta fama que en Estados Unidos había empresas, laboratorios y boticas que la distribuían. Incluso la Coca Cola, en su fórmula secreta, contenía cocaína, la cual tuvo que ser suprimida, tiempo después, y fue sustituida por cafeína cuando el gobierno estadunidense la incluyó en el catálogo de drogas prohibidas.

De esa forma, la prohibición de principios del siglo XX, pretendió imponerse sobre todo una cultura ya desarrollada anteriormente en la que incluso se habían involucrado los poderosos aparatos publicitarios y comercial del capitalismo estadunidense y europeo.

El 1 de mayo de 1972, cuando el Presidente norteamericano Richard Nixon declaraba la guerra contra las drogas, la famosa revista Newsweek publicó un artículo del muy prestigiado académico Milton Friedman, investigador de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford.

Friedman (Nueva York, 31 de julio de 1912, San Francisco, 16 de noviembre de 2006) –fue un destacado intelectual judío que hizo importantes aportaciones a la estadística y a la macroeconomía, además de autor de la doctrina del libre mercado que adoptarían los regímenes liberales capitalistas. En 1976 obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus análisis sobre el consumo, entre otros temas.

En ese entonces, a Friedman también le preocupaba el efecto de la prohibición y penalización de las drogas, sin tomar en cuenta cómo se había apoderado de la sociedad.

En su texto, Friedman sostenía lo siguiente:

“Una esperanza, más tarde, frustrada, se elevaba en el mundo. Se consideraba entonces que la política prohibicionista terminaría con el infierno de las drogas en Estados Unidos y en el planeta. Los pasos del gobierno estadunidense se daban sobre caminos equivocados, lamentables hasta hoy, pues la guerra contra el narcotráfico ha resultado una batalla prohibida que obliga a las naciones a buscar nuevos caminos para afrontarla. Quizá una ruta sea la legalización, pero aún existen muchas resistencias para dar ese paso.

“La legalización de las drogas puede incrementar el número de adictos, pero no es seguro que así ocurra…Muchas personas cayeron en la adicción a causa de la actividad de vendedores que les dieron muestras gratis. Esto les conviene a los distribuidores porque, una vez enganchado, el adicto se vuelve un comprador cautivo. Si las drogas estuvieran legalmente disponibles cualquier ganancia de una actividad inhumana como esa desaparecería, puesto que el adicto compraría en la fuente más barata.

“Sea cual fuere la suerte de los adictos en general, el adicto individual estaría mejor si las drogas fueran legales. Actualmente se asocian con criminales para conseguir las drogas y ellos mismos se convierten en criminales para conseguir con qué adquirirlas, por lo que enfrentan un constante riesgo de muerte y enfermedad.

“El daño al resto de la sociedad por la adicción se debe casi por completo al hecho de que las drogas son ilegales. Se estima que los adictos cometen entre un tercio y la mitad de los crímenes en las calles de Estados Unidos y de otros países.

“Legalicemos las drogas y los criminales en las calles disminuirán dramáticamente. Más aún, los adictos y los vendedores no son los únicos corruptos. Inmensas sumas están envueltas en el problema. Es inevitable que policías con bajos salarios y otros funcionarios gubernamentales, incluso bien pagados, sucumban a la tentación de recibir dinero fácil.

“La legalización de las drogas simultáneamente reduciría el número de delitos y mejoraría la calidad de la fuerza pública ¿Se puede concebir otra medida que lograra tanto en la promoción de la ley y el orden? En las drogas, como en otros problemas sociales, la persuasión y el ejemplo pueden ser más efectivos que el uso de la fuerza para convertir a otros a nuestra imagen”.

Hasta aquí el alegato de Friedman ante la declaratoria prohibicionista de Nixon.

El debate continuó, sin freno. William Bennet, en ese tiempo zar de las drogas del gobierno de Estados Unidos, escribió el 19 de septiembre de 1989 en el diario The Wall Street Journal:

“El argumento de la legalización es muy viejo y conocido, es una propuesta irreal que no tiene en cuenta las graves y serias consecuencias que de ella se derivan. Es simplista decir: Elimínense las leyes contra las drogas y el crimen en las calles desaparecerá; quítense las ganancias al mercado negro,  con la descriminalización y la regulación, y los barrios pobres dejarán de estar victimizados por los traficantes de drogas y empléese el dinero en campañas de salud pública, como se hace con el tabaco y el alcohol.

“La premisa básica es que la lucha represiva es muy costosa. Esto es cierto, pero ¿Cuáles serían los costos de no hacerlo? A mi juicio –y el de virtualmente todo investigador académico serio en este campo –el costo potencial de legalizar las drogas sería tan alto que hacerlo convertiría esa política en un desastre público.

“Nadie sabe qué ocurrirá con el consumo pero sí sabemos que cada vez que las drogas han estado más baratas y han sido fáciles de obtener, su consumo –y la adicción –se han elevado. En los países productores de opio y cocaína, la adicción es rampante entre los campesinos envueltos en la producción. El profesor James Q. Wilson nos dice que durante los años en que la heroína pudo ser formulada o prescrita legalmente en Inglaterra, el número de adictos se incrementó 40 veces. Después de la derogación de la prohibición –analogía que suele alegarse con desconocimiento por los partidarios de la legalización –el consumo de alcohol creció en 35%

“Usted parece pensar que, con sólo gastar más dinero en tratamiento y rehabilitación, los costos del incremento en la adicción pueden evitarse. Esto no es así. La mayoría de los adictos no deciden súbitamente buscar ayuda. Ellos siguen siendo adictos porque no hay tratamientos disponibles o porque no lo buscan. La Estrategia Nacional de Control de la Droga, anunciada por el Presidente Bush el 5 de septiembre, tiene en cuenta ampliar el número de centros de tratamientos. Pero el hecho más simple es que muchos de los consumidores de droga no irán a ellos a menos que sean forzados a menudo por el mismo sistema criminal que usted piensa que es la fuente del problema.

“Y en cuanto a la conexión entre drogas y crímenes, su indeclinable partidismo por la legalización hace que no tenga en cuenta la complejidad del mercado de las drogas. Contrario a lo que dice, la mayoría de los adictos no se vuelven delincuentes por sostener su hábito. Las investigaciones demuestran que muchos de ellos eran delincuentes antes de ser consumidores. Muchos de quienes fueron adictos y recibieron tratamiento continuaron delinquiendo. Y aun si las drogas fueran legales, ¿Qué evidencia tiene usted que un consumidor habitual no continuaría robando y hurtando para conseguir dinero para vestido, comida y vivienda? Los adictos siempre quieren más drogas de las que pueden conseguir y ninguna política de legalización ha dado una solución que satisfaga ese apetito

“Siempre habrá mercado negro a menos que se quiera distribuir droga gratuitamente a todos los que la deseen. A los adictos potenciales, a los niños en las escuelas y a las madres embarazadas, su propuesta nada les ofrece.

“Así, pues, abogo por un sistema de justicia criminal más grande que ponga a los consumidores y/o usuarios de drogas por fuera de las calles y que disuada a usuarios potenciales de embarcarse en una actividad tan peligrosa.

“No tengo ninguna solución sencilla para el problema de las drogas. Dudo que exista alguna… Como en el pasado, algunos de estos esfuerzos han dado resultado y otros no. Su respuesta (sr. Friedman), sin embargo, es rendirse a ver qué ocurre. Para mi esta es una política irresponsable e imprudente”.

Friedman respondió: “El desastre público de que usted habla ya está aquí. Más policías, más cárceles, penas severas, más esfuerzos para interceptaciones, más publicidad sobre los males dela droga y todo acompañado de más, no de menos adictos; más y no menos delitos y homicidios; más, no menos corrupción; más, no menos víctimas inocentes.

“La legalización de las drogas no equivale a rendirse en la lucha contra la adicción. Por el contrario, creo que la legalización es una precondición para una lucha efectiva. Podremos entonces tener la posibilidad de prohibir su venta a menores; sacarla de las escuelas y campos de juego; de salvar a los niños del crack y reducir su número; de lanzar una efectiva campaña educacional sobre el costo personal del uso de drogas –no necesariamente conducida por el gobierno –; de castigar a los usuarios de drogas que dañen a otros estando bajo la influencia de drogas; de animar o alentar a muchos adictos para que busquen tratamiento y rehabilitación sin tener que declararse delincuentes.

“Algunos, sin duda, continuarán robando y hurtando para conseguir dinero para vestido, comida y vivienda. Sin duda también habrá mercado negro, como lo hay en el caso de los licores, gracias a los altos impuestos. Pero todo sucederá en una escala mucho menor que en el presente. Tratar de buscar lo imposible evita lograr lo bueno posible”.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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