El proyecto de legalizar las drogas en México, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, puede resultar una medida eficaz para frenar el narcotráfico desorganizado y disminuir la exacerbada violencia. Es probable –la experiencia internacional así lo indica – que, de aprobarse el proyecto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México enfrente un repunte peligroso en el consumo de drogas, pues el territorio resultaría muy atractivo como zona de libre consumo, tal y como ocurre en Portugal o Amsterdam, paraísos del libre uso de drogas.

El análisis sobre la legalización  permite considerar que la ONU autorizaría lo que en los hechos ya ocurre: en México la distribución y consumo de drogas no sólo se tolera sino que se protege oficialmente y en la cadena de protección intervienen todo tipo de autoridades que, mediante practicas de corrupción, permiten que la droga arribe al país procedente de otras naciones o se produzca en el propio territorio con absoluta libertad.

La cadena de corrupción –construida con policias, militares, empresarios, agentes del Ministerio Público, procuradores , jueces, fiscales, altos mandos de la seguridad pública, autoridades aduanales, por citar sólo algunas –opera en todos los niveles y debido a esa protección es posible que el consumo de todo tipo de drogas se mantenga activo, pues se trata de un negocio muy rentable que derrama miles de millones de pesos cada día en el país y es la causa, se asegura, de gran parte de la violencia de alto empacto que se genera en el territorio.

En parte esto es cierto, los cárteles están enfrentados debido a la lucha por los territorios y por un mercado de consumo cada vez más boyante, pero la violencia también se genera por el vacío de poder que priva en el país, la ausencia de autoridades y sobre todo por la corrupción que atenaza a las instituciones y paraliza, cual enfermo atrofiado, a las funcionarios que las encabezan. En México está pulverizado el llamado principio de autoridad y eso deriva en violencia y puede provocar incluso anarquía cuando las autoridades son rebasadas por incapacidad y/o corrupción.

De nada servirá legalizar el consumo de drogas si no se combate la corrupción, pero no sólo la que tiene que ver con el tráfico de influencias y el desvío de recursos públicos, temas recurrentes en el discurso de López Obrador, sino la corrupción criminal, la que prohíja el crimen organizado, atrofia al Estado mexicano y convierte a los funcionarios públicos –empezando por el presidente de la República – en empleados de grupos mafiosos nacionales e internacionales, quienes tienen tanto poder que imponen, incluso, a los mandatarios en los países que están en su red.

En México la violencia la generan otros muchos factores, entre los que se pueden mencionar el desempleo, la crisis económica insuperable en el fatídico gobierno de Enrique Peña Nieto, el vacío y la corrupción, como ya se dijo. Y este vacío de poder institucional que enfrentamos tiene una razón: más de la mitad del territorio está gobernado por personajes ligados a diversas modalidades criminales, además de que los cuerpos de seguridad, en su mayoría, están al servicio del crimen. En suma, las policías son un cártel más y su actuar es tan pernicioso como el propio crimen organizado.

Debido al avance y crecimiento del crimen organizado, potenciado por el Estado fallido, en el país ya no hay gobiernos sino cogobiernos; en los municipios los alcaldes comparten el poder con el narcotráfico si no es que, como ya ocurre, el narcotráfico ya es gobierno porque sus candidatos compitieron bajo una sigla partidista por una alcaldía y ganaron en las recientes elecciones Y no resulta descabellado afirmar, porque existen ejemplos muy elocuentes de ello, que el crimen también legisla en buena parte de los congresos estatales e incluso a nivel federal.

Nada sencillo estará el escenario para López Obrador, con todo y las mayorías que su partido, Morena, tiene en los congresos, pues resulta claro que el de López Obrador también será un cogobierno, ya que como sabemos en muchos estados gobierna el crimen organizado y gran parte de la clase política y empresarial está ligada a los intereses mafiosos.

Retomando el tema de la legalización de drogas, se debe apuntar que es un gran paso pero no es suficiente para recomponer la desastrosa situación del país. El crimen organizado no sólo opera con tráfico de sustancias. En las últimas dos décadas los mafiosos han desarrollado 24 tipologías delictivas, es decir, los grupos criminales ya se adelantaron al escenario de la despenalización de las drogas porque sabían que podría debilitarse su mercado.

Por ello, afianzaron otros negocios ilegales que les reditúan tantas ganancias o más que el narco, entre otras, el tráfico humano, la venta de protección, el secuestro, la trata de personas, el control de giros negros, el contrabando (muy boyante en México), la política, el asesinato pagado y la prostitución. Estos son algunos ejemplos. La gama de actividades criminales es todavía mas amplia.

Todos estos delitos ya están más que afianzados en México y también son generadores de violencia. Son operados por los 14 cárteles que tienen actualmente el control del país y de la totalidad de municipios.

En el proyecto de legalización de las drogas, cuyo impulsor ante la ONU será el prestigiado exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, quien será representante de México ante ese organismo internacional, no se ha mencionado qué tipo de drogas se pretenden legalizar, tampoco se conoce si el plan incluye a las drogas sintéticas, producidas como palomitas, con la sola manipulación química o la propuesta únicamente incluirá un catálogo reducido de sustancias.

Lo cierto es que si las drogas se legalizan, el crimen organizado seguirá intocado mientras cuenten con libertad financiera. De nada sirve tener a los capos en prisión si sus brazos siguen moviendo sus capitales para generar más corrupción y mayor violencia.

La principal batalla de López Obrador, si quiere mermar al crimen, tendrá que librarse en la propia estructura de poder abatiendo la corrupción y cortando lazos criminales. Y además triturando las finanzas de la mafia. Sin esas medidas, es imposible sacar al país de la crisis, de tal suerte que la legalización de las drogas no alcanzaría ni la eficacia de una curita frente el desastre nacional.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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