Nos llevaremos muy malas sorpresas cuando se conozcan los acuerdos a los que llegó México con Estados Unidos en sus negociaciones comerciales, tras lo que algunos medios canadienses calificaron como traición a su gobierno por parte de México. Veremos que la llamada traición no sólo fue al gobierno canadiense, principalmente lo ha sido contra la población mexicana, en una negociación tras bastidores para favorecer los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales por encima de los derechos humanos.

Debe recordarse que al iniciarse las negociaciones entre las tres naciones, Trump arremetió una y otra vez contra México argumentando que nos habíamos aprovechado de los Estados Unidos en el TLCAN, señalando que con Canadá no existía problema alguno y se vislumbró, incluso, que podrían avanzar las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá haciendo a un lado a México. Sin embargo, Trump le dio la vuelta a sus declaraciones para terminar negociando con México y excluyendo a Canadá. Era más fácil sacar provecho de un acuerdo con el más débil y con ese forzar al otro.

Al inicio de las negociaciones trinacionales, el gobierno mexicano expresó la importancia de que Canadá estuviera presente y que no negociara aparte con Estados Unidos, juntos podrían enfrentar mejor a la administración Trump y sus políticas proteccionistas. Desde la sociedad civil se tenía claro que el gobierno canadiense es el más democrático de estos tres países – a excepción de la protección a su depredadora industria minera – y podría fortalecer la resistencia a planteamientos autoritarios de la administración Trump, a pretensiones comerciales que no solamente fueran en contra de las reglas del comercio internacional, sino que también fueran en contra de derechos básicos de la población con el fin de favorecer fuertes intereses económicos.

Una de las varias razones que explican la llamada traición de México a Canadá, de avanzar bilateralmente la negociación con Estados Unidos y llevar a Canadá a enfrentar un acuerdo ya establecido entre las dos naciones, es que tanto el gobierno estadounidense como el mexicano estaban negociando a favor de un grupo poderoso de grandes corporaciones y a que estas grandes corporaciones estaban, en los hechos, definiendo las propias negociaciones.

La administración Trump se ha destacado por un profundo conflicto de interés, por desmantelar las regulaciones ambientales para favorecer a la industria, por desmontar las políticas públicas de salud, por desconocer la ciencia, por atacar los bienes públicos para favorecer los intereses privados de los grandes poderes económicos. Y ésto está ya plasmado en el acuerdo comercial con México, lo veremos pronto. Un acuerdo, hay que decirlo, que conocen sólo las altas esferas del gobierno de Peña Nieto y, seguramente, el equipo de López Obrador.

Más allá de lo que ha trascendido por declaraciones de los representantes del gobierno mexicano sobre el acuerdo en materia de la industria automotriz y del mercado agrícola, casi nada más se ha hecho púbico. El único documento de las negociaciones que se ha filtrado es un anexo que justamente expone las prácticas de Trump de defender los intereses de las grandes corporaciones de la comida chatarra y las bebidas azucaradas sin importar el daño a la población. Y en este caso, el gobierno mexicano va de la mano con el de Trump, acordando un anexo que prohíbe que los países firmantes del acuerdo comercial puedan establecer etiquetados de advertencia en el frente de los alimentos que adviertan si un producto es alto en azúcares, grasas, sal.

Primero fue Chile, después Uruguay, fue aprobado en Israel, lo propone el Ministerio de Salud de Perú, se consulta en Canadá y lo propone la academia y la sociedad civil en México: el etiquetado frontal en alimentos que advierta a los consumidores si los productos son altos en azúcares, grasas y sal, se presenta como una de las medidas más efectivas para bajar el consumo de alimentos y bebidas que son la causa principal de estas epidemias de obesidad y diabetes. En Chile, más del 80 por ciento de los padres y madres de familia señalan que estos etiquetados les están ayudando a realizar elecciones más saludables. Lo que es una ganancia para la salud pública es una pérdida para la industria que combate estas medidas por todos los medios.

Las corporaciones de la chatarra están utilizando un acuerdo comercial para bloquear una política de salud, con la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos y México. Con esta medida se busca bloquear a Canadá que está llevando a consulta pública un etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas que permitiría a sus ciudadanos saber si un producto es alto en azúcares, grasas y sal; al mismo tiempo defender el etiquetado que la industria estableció en México complicidad con el gobierno y que ha llegado a la Suprema Corte rechazado por la academia y la sociedad que demandan un etiquetado de advertencia como el actual en Chile y ahora aprobado en varias naciones.

Utilizar los acuerdos comerciales para bloquear una política de salud pública es una de las estrategias más extremista a la que ha llegado el gobierno estadounidense y a la que se ha sumado el gobierno mexicano que ha venido actuando a favor de estas corporaciones. La propia Organización Mundial de Comercio (OMC) ha resuelto a favor de políticas de salud cuando las industrias y gobierno han acudido a este órgano para defender los intereses de corporaciones como las del tabaco.

Sin embargo, sabemos que una controversia con el gobierno estadounidense si México impulsara un etiquetado frontal que realmente fuera útil para los consumidores, no sería resuelta en la OMC, directamente los Estados Unidos estarían estableciendo directamente sanciones comerciales a nuestro país sin pasar por ningún panel de resolución controversias.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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