En respuesta a una solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó acceso a notas diplomáticas y comunicación oficial con el Gobierno de Estados Unidos que podrían esclarecer de una vez por todas la situación jurídica y migratoria en ese país de Manuel Bartlett Díaz; la clasificó como “CONFIDENCIAL”.
La dependencia también cerró el acceso a correspondencia diplomática del Gobierno de México al de EU que atañe a Bartlett. La SRE precisó que, como titular de la información, Bartlett puede autorizar al solicitante tener acceso a través, se asume, de una carta poder. Los intentos por hablar con Bartlett resultaron infructuosos.
La información cerrada por la SRE es de alto interés público. Conocerla ayudaría a aclarar si Bartlett tiene problemas con la justicia estadounidense y, de ser así, de qué tipo; él ha sido servidor público por cerca de cuatro décadas.
Cuando era titular de la Segob –entre 1982 y 1988–, en el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, Bartlett fue implicado en el asesinato del agente de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), Enrique Camarena Salazar. Desde entonces, no ha viajado a Estados Unidos. No tiene visa para ingresar. Pese a haber transcurrido 33 años, el expediente del caso Camarena sigue abierto.
Washington, DC, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Esgrimiendo el argumento de que la información solicitada incide en la privacidad del sujeto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó acceso a notas diplomáticas y comunicación oficial con el gobierno de Estados Unidos que podría esclarecer de una vez por todas la situación jurídica y migratoria en ese país de Manuel Bartlett Díaz. La SRE informó que, en base a las respuestas emitidas por la Subsecretaría para América del Norte, la Dirección General para América del Norte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Embajada de México en Washington, se desprende la clasificación de la información solicitada como «CONFIDENCIAL».
En respuesta a una solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la dependencia federal declinó pronunciarse en sentido afirmativo o negativo sobre una «hipotética situación migratoria o jurídica» de Bartlett Díaz en notas diplomáticas y comunicaciones oficiales con el Gobierno de Estados Unidos. «Dicha información incide en la esfera privada del sujeto». También cerró acceso a correspondencia diplomática del Gobierno de México al de Estados Unidos que atañe a Bartlett. La Unidad de Transparencia de la SRE precisó que, como titular de la información, Manuel Bartlett puede autorizar al solicitante tener acceso a través, se asume, de una carta poder. Los intentos por hablar con Bartlett resultaron infructuosos.
La información cerrada por la Secretaría a cargo de Luis Videgaray Caso es de alto interés público. Conocerla podría ayudar a aclarar si Manuel Bartlett Díaz tiene problemas con la justicia estadounidense y, de ser así, de qué tipo. De ahí que el alegato sobre privacidad no es convincente. Bartlett ha sido servidor público por cerca de cuatro décadas. Se ha desempeñado como Secretario de Estado, Gobernador estatal y Senador federal. Además ha sido propuesto para ocupar la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Su nombramiento generó una intensa polémica.
Cuando era titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) –entre 1982 y 1988–, bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, el político poblano fue implicado en el asesinato del agente de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), Enrique Camarena Salazar. Desde entonces, no ha viajado a Estados Unidos. No tiene visa para ingresar. Su aversión a cruzar la frontera podría derivarse del temor a ser detenido para someterlo a interrogación como ha ocurrido en el pasado con otros sospechosos en el caso Camarena.
Pese a haber transcurrido 33 años, el expediente sigue abierto.
«[Bartlett] dirigía la Dirección Federal de Seguridad cuando torturaron a Camarena. Ese tipo de cosas no las olvidamos», dijo un diplomático estadounidense. El homicidio provocó una fuerte crisis diplomática y, al margen de la cooperación antinarcóticos entre los países, no ha dejado de ser una piedra en el zapato. Para Estados Unidos, Bartlett, quien niega toda implicación, sigue siendo un sospechoso.
PASAPORTE SIN VISA
En comunicación aparte, la SRE informó haber expedido pasaporte oficial a nombre de Manuel Bartlett Díaz seis veces: 24 de enero de 2001, 28 de enero de 2003, 9 de diciembre de 2003, 6 de enero de 2005, 13 de enero de 2006 y 26 de septiembre de 2012. A diferencia del pasaporte con cubierta verde, el oficial tiene carátula plateada y la inscripción «Pasaporte Oficial» en letras doradas. En páginas interiores, se especifica el cargo del titular, la fecha de expedición y de vencimiento que coincide con la duración de la gestión oficial. No da protección extra nacional.
Contrario a la vasta mayoría de legisladores, quienes frecuentemente viajan al extranjero subsidiados por el erario, Bartlett casi nunca salió de México durante los períodos en los que fue Senador, de 2000 a 2006, y de 2012 a 2018. En esos doce años, Manuel Bartlett usó el pasaporte oficial sólo para realizar dos viajes. De acuerdo con el Senado de la República, en febrero de 2013 viajó a Guatemala para tratar asuntos migratorios. Recibió mil 560 dólares por concepto de viáticos. En julio del mismo año, visitó Madrid para asistir a la reunión Interparlamentaria México-España. Los viáticos fueron de 2 mil 250 euros. «En 2012, 2014, 2016, 2017 y 2018, el Senador Bartlett no tiene viajes registrados con recursos de la Cámara de Senadores», precisó la Dirección General de Pago a Senadores.
Fuentes consultadas dijeron que al inicio de cada legislatura es común la solicitud de visas estadounidenses aprovechando la asistencia de las cámaras. Casi todos los legisladores tienen visa estadounidense al margen de si planean visitar Estados Unidos. Bartlett Díaz, sin embargo, es una excepción. La Unidad de Atención a Senadores, a cargo del trámite de visas ante las secciones consulares de las embajadas acreditadas en la Ciudad de México, consignó que en «ninguno de esos dos periodos [como Senador] fue solicitado a esta unidad administrativa por el Sen. Manuel Bartlett Díaz tramite alguno relacionado con las visas que expide la Embajada de Estados Unidos de América». No está claro si, de haberla pedido, la Embajada se la hubiera extendido o negado.
Bartlett niega que no pueda ir a Estados Unidos sino que simplemente no quiere.
«Todo es una embestida nacional para descalificarme», dijo al periodista Luis Alberto Medina de Proyecto Puente el mes pasado. «Hace mucho que no voy a Estados Unidos. No quiero ir. [Pero] No estoy vetado».
Fuentes cercanas a la DEA opinan lo contrario. Sostienen que el expediente sobre el caso Camarena sigue abierto y que Bartlett es «persona de interés», es decir un sospechoso. Phillip Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso, Texas, expuso que los casos de homicidios no proscriben.
«En el supuesto de que fuera acusado penalmente, honestamente espero que pueda viajar a Estados Unidos. La investigación sigue abierta. Es triste que el Presidente electo [Andrés Manuel López Obrador] lo haya nombrado a un puesto de nivel ministerial», declaró el veterano de la DEA que se jubiló tras 30 años de servicio.
Jordan dijo que su colega Héctor Berréllez, ex director de la Operación Leyenda que investigó el asesinato de «Kiki» Camarena, cataloga a Bartlett como «co-conspirador no acusado» en el homicidio. Berréllez no devolvió llamadas.
En el mismo sentido se pronunció David Gaddis, ex director de la DEA en México.
«La DEA no ha archivado los nombres de ninguna de las personas de interés que no han sido acusadas penalmente en el asesinato de Camarena. La DEA es famosa por trabajar casos durante años y capturar blancos después de muchos años. Si alguien fue ‘persona de interés’ en 1985, sigue siendo persona de interés hoy. La DEA nunca olvida», dijo el también ex subdirector de Operaciones Internacionales de la DEA hasta su jubilación en 2009.
Los problemas de Bartlett con la justicia estadounidense, particularmente con la DEA, empezaron en 1985, año del asesinato de Camarena Salazar en Guadalajara. En un juicio realizado en Los Ángeles, California, en 1992, Manuel Bartlett fue acusado por dos informantes pagados por la DEA de haber estado presente en una reunión donde se «discutió» el asesinato del agente y luego en la casa de la calle Lope de Vega, en Guadalajara, Jalisco, donde fue torturado y asesinado.
Manuel Bartlett rechazó los alegatos. Los atribuyó a una «conspiración» en su contra. En 1997, cuando era Gobernador de Puebla (1993-1999), contrató a la firma de abogados Talcott, Lightfoot, Vandevelde de Los Ángeles para tratar de limpiar su nombre. El despacho entregó al Departamento de Justicia del entonces Presidente Bill Clinton un copioso volumen de pruebas que presuntamente avalaban su inocencia. Documentaron que en las fechas en que Enrique Camarena fue interrogado y torturado, Bartlett estaba en la Ciudad de México no en Guadalajara.
El Departamento de Justicia se negó a considerar su petición de pase de buena conducta hasta que accediera a someterse al interrogatorio de un gran jurado en Los Ángeles. Bartlett consideró un insulto la invitación. Durante el Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, en el que Bartlett Díaz fue Secretario de Educación, el diario The New York Times informó que Washington sopesó acusarlo penalmente, pero desistió porque las pruebas que presuntamente lo implicaban no eran suficientemente sólidas y temía desestabilizar al Gobierno de Salinas.
El caso Camarena marcó políticamente a Bartlett. La prensa estadounidense reportó que en 1987, cuando era uno de los tres tapados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Washington le comunicó a De la Madrid que no vería bien su designación como candidato presidencial. El dedazo favoreció a Salinas.
Twitter: @DoliaEstevez
